Una valiente decisión administrativa recientemente adoptada por la ministra de TIC, Karen Abudinen ha tenido unos desarrollos inesperados, dejando en evidencia una inmensa red de corrupción en la que, según informes preliminares, estaría participando el delincuente Emilio Tapia, cerebro del desfalco a la ciudad de Bogotá a través de la operación criminal denominada El Cartel de la Contratación.
Uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno del presidente Duque es el de ampliar la cobertura de la conectividad en el país. Para ello, la ministra Abudinen delineó y lanzó un proyecto que consiste en llevar Internet gratis a 15 mil colegios ubicados en zonas apartadas del país, durante más de una década.
Para ello, se destinó más de $1 billón de pesos y se realizó la respectiva licitación pública. La adjudicación se realizó en diciembre del año pasado y el contrato quedó en manos de la unión temporal Centros Poblados.
Desde el momento en que empezó a ejecutarse el proyecto, la ministra de TIC ha hecho un seguimiento minuto a minuto del desarrollo del mismo. Hace unos meses encontró unas demoras del contratista, razón por la que encendió las respectivas alarmas.
Quiso revisar la garantía de seguros que es obligatoria en todos los contratos y encontró con que la misma no había sido expedida por el banco.
El problema está en los $70 mil millones de pesos que el Estado le entregó al contratista por concepto de anticipo para que inicie la ejecución del proyecto. Ese dinero debe ser recuperado, mientras se cumple el proceso de caducidad del contrato que emprendió el ministerio de TIC.
La pregunta es dónde están los $70 mil millones. Buena parte de ese dinero fue enviado a los Estados Unidos.
Una vez fue adjudicada la licitación, el consorcio Centros Poblados celebró un contrato con una empresa proveedora llamada Nuovo. A través de facturas y de ordenes de servicios que fueron presentadas ante la fiducia, lograron que $58 mil millones de pesos fueran girados directamente a las cuentas de Nuovo en el ‘Citi Bank’ en los Estados Unidos.
LOS IRREVERENTES investigaron sobre Nuovo y encontraron que se trata de una empresa creada en la Florida bajo el nombre ‘Nuovo Security LLC’. Según los registros públicos, dicha empresa tiene como propietario otra empresa -práctica comúnmente utilizada para mimetizar a los verdaderos propietarios- denominada ‘HLW Services LLC’.
‘HLW Services LLC’ fue creada el 23 de octubre de 2017 y su administrador es el señor Diego Benjamín Aronis.
Llama la atención que Aronis es, en realidad, un contador que ejerce su profesión en el sur de la Florida, pero no se sabe realmente quién o quiénes son los accionistas ni de ‘HLW Services LLC’ ni mucho menos de ‘Nuovo Security LLC’. La ley de Florida permite que los accionistas de las corporaciones de responsabilidad limitada -conocidas como LLC- no figuren públicamente y que sus nombres sólo puedan ser revelados por una orden de un juez o de la administración federal de impuestos: IRS -Internal Revenew Services, por su nombre en inglés- que es el equivalente a la DIAN en Colombia.
Pero hay un dato adicional que enciende todas las alarmas: el lugar en el que está asentada y en el que supuestamente ejerce sus funciones la empresa ‘Nuovo Security LLC’. Se trata del estado de Delaware, un paraíso fiscal donde impera el secreto empresarial y bancario.
Este portal estuvo revisando las declaraciones tributarias de ‘Nuovo LLC Security LLC’ en Delaware y encontró que la última vez que hizo pago de impuestos fue en el año 2017, cuando canceló la irrisoria suma de U$300 dólares, poco más de $1 millón de pesos.
Quedan muchas dudas que las autoridades colombianas deben esclarecer a través de los mecanismos de cooperación judicial que hay entre nuestro país y los Estados Unidos. La primera, determinar quiénes son los accionistas reales de ‘Nuovo Securitu LLC’ y ‘HLW Services’. Igualmente, indagar cuál fue el destino final de los $58 mil millones de pesos que la fiducia del contrato del ministerio de TIC le giró a la cuenta de ‘Nuovo Security LLC’ al ‘City Bank’ en los Estados Unidos.
Esta triangulación de dineros, parece calcada de la que en su momento se hizo con las platas robadas con ocasión del Carrusel de la Contratación de Bogotá, cuando miles de millones de pesos fueron desviados a cuentas bancarias en los Estados Unidos. Ese modus operandi le da fuerza la hipótesis de que efectivamente sí es posible que detrás de ese asalto a las arcas públicas esté el condenado Emilio Tapia.
Lo cierto es que la ministra de TIC, Karen Abudinen está empleada a fondo para lograr la recuperación del anticipo de los $70 mil millones de pesos, a pesar de las múltiples presiones que ha recibido.
Publicado: agosto 9 de 2021
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