Si hay un sujeto peligroso, corrupto y truculento, ese es el gobernador de Nariño, Camilo Romero quien es una suerte de “Rafael Correa” criollo. Un populista, que desde que está al frente de la administración nariñense ha estado involucrado en múltiples escándalos de corrupción, razón por la que la justicia adelanta investigaciones en su contra.
Ahora que se ha descubierto la existencia de una banda criminal integrada por oficiales de alto rango retirados de la policía –muy cercanos al cuestionado general Óscar Naranjo-, dedicada a realizar interceptaciones ilegales, el nombre de Camilo Romero vuelve a estar en el centro del debate.
En efecto, la fiscalía tiene pruebas en el sentido de que fiscal delegado ante la corte suprema que investiga al gobernador Romero por la adjudicación irregular del contrato de distribución de licores en el departamento, era una de las víctimas de la banda de interceptadores ilegales que al parecer trabajaban por instrucciones del general retirado de la policía, Humberto Guatibonza, de la entera confianza del hasta hoy vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo.
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Uno de los miembros de la estructura ilegal es el coronel retirado del Ejército, Carlos Andrés Pérez, quien hasta hace poco se desempeñó como jefe de seguridad de la alcaldía de Ipiales, ciudad en la que el alcalde es, coincidentemente, el papá del gobernador Romero.
El gobernador tiene como norma general evadir los debates y los cuestionamientos. Cuando se le pregunta por los actos de corrupción que se presentan bajo su mirada cómplice, normalmente se va por las ramas, utilizando un discurso mamerto como el que repetía el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Ante los interrogantes sobre su transparencia, alega que sus detractores políticos lo persiguen por ser un dirigente “del sur”, táctica propia del petrismo consistente en fraccionar y polarizar a la sociedad.
Urge que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias y devele el brutal entramado de corrupción que acompaña a la “Gestapo” privada y criminal que fue montada por oficiales muy cercanos al exvicepresidnete Óscar Naranjo y que chuzaba las comunicaciones de políticos, operadores judiciales y periodistas.
Guatibonza, por su parte, deberá poner la cara y confesar realmente quiénes son sus socios y quiénes son los verdaderos beneficiarios de la estructura criminal que él viene dirigiendo y si esta fue montada cuando él aún estaba en el servicio activo. Este escándalo que hasta hora se conoce, no puede taparse ni puede extinguirse con la salida de Santos de la presidencia de la República.
Publicado: agosto 7 de 2018
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