Visto en blanco y negro, resulta irritante el contrato de más de $3 mil millones de pesos que fue celebrado entre la presidencia de la República y una empresa especializada en comunicación digital.
Y la molestia es provocada por la forma como fue presentada la historia en algunos medios de comunicación: con dineros de la paz, la presidencia firmó un contrato de $3350 millones de pesos para posicionar la imagen de Duque en las redes sociales.
Ni el más disciplinado seguidor del gobierno podría justificar semejante dislate. En tiempos de crisis económica, cuando millones de colombianos literalmente no cuentan con los recursos necesarios para garantizar su supervivencia, es perfectamente indefensable la contratación de una empresa que supuestamente tendrá el objetivo de “fortalecer la imagen de Duque en las redes”.
Pero la verdad es muy distinta. El contrato no es nuevo y no tiene el propósito de maquillar al presidente Duque en las plataformas. Hoy por hoy, la comunicación digital es quizás más importante que la que se realiza a través de los canales tradicionales -radio, televisión abierta y prensa-. Gracias a las redes -Facebook, Twitter, Instagram-, la sociedad accede a información a través de ellas y el gobierno tiene el deber, por razones de transparencia, de establecer canales sólidos y suficientes para satisfacer la demanda ciudadana.
El contrato, como lo explicó el jefe de comunicaciones de la presidencia de la República, Hassan Nassar, ha venido ejecutándose ininterrumpidamente desde hace más de 3 años para efectos de permitir la difusión de los mensajes del gobierno nacional, valiéndose de mecanismos digitales.
En momentos de incertidumbre, se hace obligatorio fortalecer y ampliar todos los mecanismos de comunicación. La sociedad necesita tener acceso a la información. Conocer los planes del gobierno, cómo se empezará a abrir el país a partir del próximo 11 de mayo, quiénes podrán salir a la calle, cuáles sectores de la economía empezarán a reactivarse, qué medidas se implementarán para ayudar a aquellos que hayan perdido su trabajo. En fin.
La comunicación es imprescindible y ahora más nunca.
Desafortunadamente, la renovación de ese contrato tuvo que perfeccionarse en plena crisis -la contratación estatal está regida por normas ridículas-, razón por la que propios y extraños, amigos y opositores del gobierno han criticado el asunto. Pero estos temas hay que mirarlos con serenidad y talante: el Estado no puede paralizarse y mucho menos suspender servicios que son esenciales.
Los populistas se han dedicado a enardecer los ánimos a través de comparaciones irresponsables, al decir que el dinero destinado a “fortalecer la imagen de Duque en Twitter y Facebook” -una mentira-, podría ser invertido en mercados y elementos médicos -otra mentira-.
Los intereses del Estado deben manejarse con rigor. Acá no se están comprando almendras, ni se están tapizando los muebles de la casa presidencial, o colgando cortinas elaboradas en finísimas telas, o se están extendiendo alfombras costosísimas en los corredores de la Casa de Nariño, o se está destinando plata pública para engalanar la hacienda Hatogrande para el matrimonio de la hija del presidente de la República, como efectivamente ocurrió en tiempos no remotos, sino fortaleciendo una herramienta que hoy más que nunca es obligatoria: la posibilidad de que los 50 millones de colombianos puedan, a través de las redes sociales, tener acceso a toda la información que emana de la presidencia de la República.
Publicado: mayo 6 de 2020
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