La inminente liberación del mafioso alias Jesús Sántrich como consecuencia de una inexplicable decisión de la corte suprema, hace creer que la justicia está convirtiendo a Colombia en un narcoestado.
Históricamente se ha considerado que una persona tiene investidura de congresista cuando se cumplen 3 requisitos: haber sido elegido por el pueblo; ser reconocido como tal por el consejo nacional electoral y, finalmente, haber tomado posesión del cargo.
Como es sabido, el narco Sántrich fue favorecido con una curul en la Cámara de Representantes sin tener en cuenta la voluntad popular. De acuerdo con los boletines oficiales, la lista de las Farc en el departamento del Atlántico -la cual estaba encabezada por Sántrich- obtuvo el 0.35% de los votos.
El consejo nacional electoral, cumpliendo con la estupidez del acuerdo entre Santos y las Farc, insospechadamente reconoció a Sántrich como representante a la Cámara, a pesar de que antes de las elecciones, ese sujeto fue capturado mientras negociaba un alijo con el cartel mexicano de Sinaloa.
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Por su parte, el consejo de Estado salió con la pintoresca hipótesis de que Sántrich no se ha posesionado como congresista por “fuerza mayor”. Aquella tesis aplica para una persona con una incapacidad médica, no para un mafioso que fue capturado negociando 10 toneladas de cocaína.
Con base en esos elementos, todos hechos a la medida de las exigencias del mafioso de las Farc, la corte suprema resolvió absorber la competencia de la investigación, ordenando su inmediata liberación.
Es evidente que Sántrich saldrá del calabozo en el que se encuentra, tomará posesión de su curul para burlarse del país, para luego salir corriendo a la guarida en la que se encuentran sus socios de fechorías, Iván Márquez y alias El Paisa.
Que nadie se llame a engaños: la decisión de liberar a Sántrich significará que nunca más se volverá a saber de ese capo del narcotráfico, pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos.
Estamos presenciando una escena nauseabunda: el cartel de la toga -con sus tentáculos en la JEP, el consejo de Estado y la corte suprema-, haciendo todo lo posible por favorecer a uno de los cabecillas del cartel de las Farc, el capo de capos, Jesús Sántrich.
Bastante deshonor tiene que cargar nuestro país al tener a dos extraditables en el Senado -Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada- como para que, además, haya que soportar la escena de Sántrich ingresando al Capitolio, con los brazos en alto y haciendo el signo de la victoria con sus dedos.
Con agudeza, el columnista Thierry Ways señaló en su cuenta de Twitter que “si esto es habiendo ganado el ‘NO’, ¿se imaginan si hubiera ganado el ‘Si’?”.
los adláteres de las Farc están estirando abusivamente la cuerda de la paciencia ciudadana. Con las arbitrariedades que están cometiendo, desafían a las amplias mayorías que resienten la exagerada benevolencia con los terroristas. Se habla mucho de la polarización y claro que ésta ha aumentado exponencialmente, precisamente por el cinismo y la desfachatez de aquellos que, invocando una supuesta aplicación rigurosa de normas jurídicas, han sacrificado a la República para agradar al narcotráfico.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, ha celebrado emocionadamente las arbitrariedades perpetradas, diciendo que Colombia está registrando el “funcionamiento pleno del Estado de derecho”. Pamplinas. Acá, estamos ante un estado de cosas antijurídicas y solo una persona puede entrar a poner orden en la casa: el señor presidente Iván Duque, quien está en mora de enviar un mensaje claro y contundente. El país, sus electores y sus seguidores lo están esperando.
Publicado: junio 1 de 2019
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