La elección de Samper y los Narcocasetes
La noche del 19 de junio de 1994, luego de que se conocieran los resultados finales de la segunda vuelta presidencial, el candidato Andrés Pastrana reconoció su derrota -por apenas 150 mil votos- frente al liberal Ernesto Samper Pizano. Pero al finalizar su discurso, le planteó un desafío a su rival que muy pocas personas comprendieron. Le pidió públicamente a Samper que le jurara al país que su campaña no había sido financiada con dineros del narcotráfico.
En ese mismo instante, empezó uno de los mayores escándalos políticos de nuestra historia republicana: el denominado proceso 8000.
La competencia entre Samper y Pastrana por la presidencia estuvo muy apretada. En la primera vuelta, Samper ganó por menos de 19 mil votos, con lo que se demostró el desgaste de la denominada “maquinaria liberal”.
Pastrana, por su parte, encarnaba la renovación y una nueva forma de hacer política, por encima de los directorios partidistas. Buena parte de los analistas, daban por descontado que él sería el ganador.
Lo que nadie sabía es que Samper, desde antes de lanzar su candidatura, tenía un pacto criminal con el cartel de Cali para asegurar los recursos económicos para su campaña.
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A las pocas horas de conocerse el triunfo de Samper, el noticiero 24 Horas que era de propiedad de Álvaro Gómez Hurtado recibió copia de unos casetes con las grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre el periodista y relacionista público del cartel de Cali, Alberto Giraldo y el capo Miguel Rodríguez Orejuela.
Esas cintas contenían muchas horas de conversaciones que dejaban en evidencia la infiltración de dineros calientes a la campaña de Ernesto Samper y de un nutrido grupo de parlamentarios aliados suyos.
En una de esas charlas, que tuvo lugar entre la primera y la segunda vuelta, Giraldo y Rodríguez hicieron un análisis del panorama político.
El narcotraficante le preguntó a su asesor: Bueno, ¿cómo ve la cosa de Samper?, a lo que Giraldo le respondió con toda la crudeza posible: Pues está en manos de ustedes, qué cosa tan curiosa, ¿no? La realidad es que necesitan 5 mil millones, de los cuales tienen conseguidos 2. Necesitan 3 de ustedes.
Con desparpajo, Miguel Rodríguez tranquilizó a su interlocutor diciéndole: Esos [los 3 mil millones] los hay.
El emocionado Alberto Giraldo reaccionó alegando, claro hijue… en cambio no me dan ni cinco a mí. Rodríguez no lo dejó avanzar: es que vos no nos podés arreglar la vida a nosotros…
Y efectivamente, los Rodríguez llevaron a Samper a la presidencia y éste, a su vez, se encargó de arreglarles la vida, ayudándoles en todo lo humanamente posible.
Conocidos los narcocasetes de desató una suerte de locura colectiva. El país se polarizó irremediablemente. La mayoría ciudadana reclamaba la renuncia de Samper, mientras que un reducido grupo cerro filas alrededor del mandatario.
Al principio del escándalo, el doctor Gómez Hurtado, que era un hombre sereno, ponderado y respetuoso del Estado de Derecho, decidió darle un compás de espera al presidente de la República, permitiendo que diera las explicaciones del caso. El día de la posesión de Samper, publicó un generoso editorial en El Nuevo Siglo en el que dijo: “Siempre que se produce un cambio en la jefatura del Estado, surgen expectativas y esperanzas. No habría porqué negárselas al nuevo mandatario”.
El escenario cambió drásticamente en julio de 1995, 11 meses después de la posesión de Samper, cuando la fiscalía general de la nación decretó una medida de aseguramiento en contra del tesorero de la campaña, Santiago Medina.
Días antes de su captura, Medina le advirtió a Samper y los suyos que su lealtad se acabaría en el mismo instante en que él pusiera un pie en las escalinatas de la fiscalía.
Así ocurrió: en su diligencia de indagatoria, quien fuera el tesorero de la campaña samperista no guardó nada. Contó con lujo de detalles cómo se había llevado a cabo la financiación y cuáles eran los acuerdos alcanzados entre Samper y la mafia.
Para el doctor Gómez, que conocía de sobra a la familia y los antecedentes de Ernesto Samper, resultaba difícil de creer que él se hubiera prestado para sellar un pacto criminal con el narcotráfico. Pero la fuerza de las evidencias, se encargaron de demostrarle que efectivamente el presidente era un sujeto que le había pignorado la dignidad de la República a un cartel de la mafia.
El gobierno de los Estados Unidos desde el primer momento mantuvo una posición firme frente al presidente que gobernaba a Colombia. La primera acción emprendida, consistió en certificar condicionadamente a nuestro país, al concluir que no se estaba enfrentando adecuadamente al narcotráfico. El endurecimiento fue sistemático, hasta llegar al punto de cancelar la visa del presidente en 1996. Un hecho sin antecedentes.
La captura y confesión de Santiago Medina fueron la gota que derramaron la copa y se constituyeron en el detonante de la crisis institucional que dejó lesionada para siempre a la sociedad colombiana. El doctor Gómez no fue indiferente a la situación. Cuando se conocieron los detalles de la declaración de Medina, el dirigente conservador entendió claramente que no había espacio para las dudas. Samper era responsable, y punto.
A partir de ese momento, emprendió una feroz batalla no para derrocar al presidente como han querido insinuar los lugartenientes corruptos y los sicarios morales al servicio del samperismo, sino para reestablecer el orden moral en nuestro país.
Su noticiero –24 Horas– y su página editorial en El Nuevo Siglo, fueron referentes nacionales. Las opiniones del doctor Gómez eran contundentes, al punto de que el gobierno -según confesó quien fuera el ministro de Defensa de Samper, Fernando Botero Zea- ordenó que el DAS le hiciera un seguimiento permanente.
Poco a poco empezaron a caer las fichas claves del entramado criminal que pudieran delatar al presidente y sus cómplices. Darío Reyes, quien era el conductor de Horacio Serpa y que conocía las andanzas de su jefe, estaba dispuesto a declarar ante la fiscalía. Un día antes de comparecer ante la justicia, dos sicarios se encargaron de su vida.
Elizabeth Montoya de Sarria, conocida popularmente como La Monita Retrechera, una mafiosa íntima amiga de Ernesto Samper fue una pieza clave en el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña. Ella, acosada por la acción de la justicia, anunció privadamente que iba a confesar. También fue asesinada.
Nadie puede dudarlo: Ernesto Samper llegó a la presidencia gracias a la plata del narcotráfico. Al principio, algunos -como Álvaro Gómez- quisieron creer su versión de que aquello no había ocurrido y que en caso de que así hubiese sido, fue “a sus espaldas”. Pero la situación no era circunstancial, ni el asunto una cuestión de menor cuantía. Se trataba de una empresa criminal gigantesca. El entonces arzobispo de Bogotá, el cardenal Pedro Rubiano dudó de las explicaciones del presidente de la República y planteó el tema de manera muy gráfica: es como si a una persona se le mete un elefante a la sala de la casa y no se da cuenta. Ernesto Samper no solo sabía, sino que era el cerebro de la operación de infiltración de dinero del narcotráfico a las arcas de su campaña.
Próxima entrega: La oposición de Álvaro Gómez y su asesinato
Publicado: abril 30 de 2020
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