Estos años de santismo, han servido para enriquecer a unos a costillas del erario. Y aquello debe ser enfáticamente rechazado.
Son cada vez más evidentes las pruebas del talante tiránico del gobierno de Juan Manuel Santos, presidente que desde que asumió el poder se ha concentrado en la debilitación de los principios democráticos de la nación.
Santos logró configurar una coalición de gobierno gracias a la repartición de jugosas tajadas de la burocracia oficial. Ha hecho carrera la tesis de que no hay santista gratis. Todo aquel que respalde o acompañe al gobierno, recibe su generosa dosis de mermelada, tal y como se ha comprobado gracias a revelaciones de indignantes escándalos de corrupción que salpican al actual gobierno. Congresistas de la unidad nacional involucrados en el robo de los dineros de la educación de los niños pobres, participando en los denominados carteles que se inventan enfermedades para saquear las arcas de la salud y, por supuesto, altos funcionarios del Ejecutivo enredados en operaciones de saqueo, como ocurrió con la empresa brasilera Odebrecht.
El actual es, de lejos, el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. En 2018 cuando Juan Manuel Santos desocupe la Casa de Nariño, las arcas estarán perfectamente drenadas. Al decir popular, la olla quedará raspada. Los ministerios gastando miles de millones de pesos en publicidad, contratando a dedo a los amigos del presidente para que tracen estrategias inanes de comunicación y celebrando acuerdos multimillonarios que no sirven para absolutamente nada.
Estos años de santismo, han servido para enriquecer a unos pocos a costillas del erario. Y aquello debe ser enfáticamente rechazado.
Como también debe ser objeto de repudio la manera abusiva como el presidente se robó el resultado del plebiscito del 2 de octubre pasado. Ganó el NO y el gobierno, desesperado y valiéndose del ilegítimo Nobel de Paz, desconoció la voluntad popular, maquilló el acuerdo negado y lo impuso de manera irregular a través de unas mayorías politiqueras en el Congreso de la República.
Los colombianos que votamos en contra del acuerdo con las Farc queremos la paz, pero con unas condiciones clarísimas, empezando por la imposición de sanciones penales a los responsables de delitos de lesa humanidad. Entendemos que la paz implica hacer concesiones y que delitos que tendrían castigos de hasta 60 años de prisión, deben ser sancionados con sentencias de 5 u 8 años.
Pero jamás estaremos de acuerdo con la imposición de castigos simbólicos como recoger hojas, o limpiar aceras. No es compatible con los valores democráticos que los responsables de las perores atrocidades reciban ese tipo de condenas y menos que puedan convertirse en actores políticos con la capacidad de ser elegidos o nombrados en cargos públicos.
Pensamos en las víctimas de las Farc que exigen justicia, verdad y reparación. No tendrán nada de ello y en cambio deberán resignarse a ver cómo sus victimarios serán protagonistas de la vida política nacional.
La Justicia Especial de Paz es un verdadero esperpento. Se trata de un tribunal que repartirá absoluciones a los terroristas y castigos humillantes a quienes desde la legalidad los contuvieron. Nos oponemos vehementemente a un mecanismo perverso que pretende obligar a los soldados y policías de la patria a confesar crímenes que no cometieron para evitar décadas de condena.
No estaremos nunca de acuerdo con que el pacto Santos-Farc sea incorporado a la Constitución. Aquella fue una de las razones por las que millones de colombianos votamos NO en el plebiscito del 2 de octubre.
El acuerdo con las Farc tiene elementos que merecen ser rescatados como la desmovilización y la entrega de armas de los terroristas. Un estado de no violencia es fundamental y no nos oponemos a ello.
Pero exigimos que se cambienmuchos aspectos. No compartimos ni entendemos el manejo que el gobierno le dio al asunto de los menores reclutados forzosamente por las Farc. Nunca acabaremos de comprender porqué los negociadores de Santos no demandaron la desincorporación de los niños antes de sentarse a conversar con los terroristas en La Habana.
Es la hora en que no conocemos la suerte de miles de niños que están esclavizados por las Farc, organización que no ha querido devolveros.
La convocatoria ciudadana para salir a las calles el próximo 1 de abril me merece todo el respeto y debe ser acompañada por aquellos que nos oponemos a los abusos del gobierno. Si el 2 de octubre llenamos las urnas con votos por el NO, el 1 de abril llenaremos las calles para recordarle a Santos que el pueblo no está con él.
Publicado: febrero 25 de 2017