En 2010 el saldo de la deuda externa en dólares era de 64.792 millones, suma que equivalía al 22.6% del Producto Interno Bruto. Ese saldo se venía incrementando desde 2002, cuando el país debía 37.382 millones de dólares al mercado extranjero, pero a la par crecía el PIB. Hoy el saldo de la deuda externa al culminar el mandato extendido de Juan Manuel Santos Calderón, supera los 126.517 millones de dólares. Según la Contraloría General de la República, eso equivale al 36.6% del PIB de acuerdo con el último reporte del Banco de la República. En conclusión, en la era Santos, Colombia duplicó el valor del saldo de su deuda externa. El total de la deuda del sector público colombiano asciende hoy a 516.59 billones de pesos.
El escenario de la economía del país no es el mejor. Juan Manuel Santos Calderón avanzó en la intención de la implementación de unos cambios institucionales propuestos desde 2010 por organismos multilaterales y en la búsqueda de un acuerdo de paz que finalmente terminó en la firma del Acuerdo Final suscrito entre el Estado colombiano y las FARC. La polarización del país y la ausencia de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, crearon una capsula a las decisiones de poder, a tal punto que en el Congreso la República su competencia funcional se acondiciono como un verdadero peaje legislativo para que algunos de sus integrantes cobraran por el paso de cada uno de los proyectos en los que el gobierno nacional tenía interés.
Buena parte del aumento de la deuda del sector público fue destinada a pagar el tránsito de la agenda legislativa del gobierno por el Congreso Nacional. Sobrecostos en las obras, contratos de papel, obras no ejecutadas y una serie de protuberantes irregularidades que aún no salen a la luz pública, contribuyeron al enriquecimiento desmedido de muchos legisladores que además de obtener grandes sumas de dinero provenientes de las arcas del Estado, de manera irregular e ilegítima, incrementaron el déficit fiscal de la hacienda pública y sacaron de circulación esos dineros, colocándolos en su favor y manos de la misma banca acreedora extranjera; de tal forma que Colombia paga hoy capital e intereses por la misma plata que saco prestada y luego en operaciones de corrupción, se la robaron.
Falta ver qué resultados darán las investigaciones por corrupción que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que los colombianos confirmemos las sospechas que se tienen sobre varios legisladores que tuvieron oprobiosos comportamientos. Y hacer votos para que el esquema gobierno oposición funcione y las garantías otorgadas a los partidos que se declaren en oposición, se conviertan en auténticas prácticas de transparencia. También hacer votos para que las negociaciones entre el gobierno y el Congreso para el avance de la agenda legislativa, sean de cara al país, públicas y colegiadas, -sin el acostumbrado lobby por debajo de la mesa de los ministros del ramo-, con prevalencia del interés general, sin dar espacio a las operaciones mercantiles que durante los últimos cuatro años se hicieron entre el poder ejecutivo y el legislativo, con el ojo ciego de nuestro poder judicial. Ojalá el Presidente Iván Duque, ponga fin a ese mercantilismo por el que los colombianos tendremos que pagar de nuestros bolsillos el doble de la deuda externa durante la era Santos. El costo de bajarle la intensidad al plomo, fue aprovechado en los últimos ocho años por los corruptos, para reventar la economía.
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