La procuraduría general de la nación, que tiene el deber constitucional de velar por los intereses de la sociedad y de garantizar el debido proceso de los ciudadanos que están involucrados en una investigación penal, no ha ocultado su interés por que el exmagistrado Jorge Pretelt, en el caso de Fidupetrol, sea condenado así las pruebas indiquen que él es inocente.
Valga recordar que tan pronto el expediente de Pretelt fue remitido a la corte suprema, la procuraduría le entregó el caso a una funcionaria que estudió las pruebas y el procedimiento que se había seguido contra el exmagistrado procesado y concluyó que existían muchas causas de nulidad, razón por la que el proceso debía comenzar de nuevo en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
Tan pronto el procurador general, Fernando Carrillo conoció el concepto de su subalterna, en vez de respetar y acatar el buen juicio jurídico de ella, prefirió removerla del cargo y poner al frente de ese caso a un nuevo procurador.
A lo largo del proceso en contra de Pretelt, se pudo demostrar que el único testigo en su contra, el cuestionado y condenado abogado Víctor Pacheco, mintió de forma reiterada. Su testimonio siempre fue contradictorio y lleno de vacíos.
Se inventó, por ejemplo, haber sostenido una reunión con el magistrado Pretelt en su apartamento, cuando se pudo establecer física, técnica y científicamente que dicha reunión nunca tuvo lugar, pues en el día y hora indicados por Pacheco, Pretelt se encontraba en otro punto de la ciudad de Bogotá atendiendo un acto social ofrecido por él y en el que se hicieron presentes más de 70 personas.
Pacheco, evidentemente mintió y seguramente lo hizo para encubrir a los verdaderos cómplices suyos en las fechorías que acostumbraba hacer cuando en mala hora ejercía la profesión de abogado. Ese individuo es, sin lugar a dudas, uno de los grandes corruptores de la rama judicial de nuestro país.
Lo que resulta extremadamente preocupante es que el procurador que Carrillo designó para el caso de Pretelt tenga dos conceptos totalmente antagónicos sobre la misma persona y frente al mismo caso.
En efecto, el procurador Jorge Caldas en la investigación contra otro implicado en el caso Fidupetrol, el también exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, solicitó, en nombre del ministerio público, la absolución del procesado habida cuenta de que en criterio suyo el testimonio de Víctor Pacheco “carecía de toda veracidad para generar certeza sobre la responsabilidad penal” de Escobar Gil.
En su argumentación, el procurador Caldas aseveró que la versión de Pacheco “no coincide con lo ocurrido en la realidad”.
Inaceptablemente, en pocos meses el procurador Caldas dejó de considerar a Víctor Pacheco como un testigo mendaz y, cuando le correspondió conceptuar frente al proceso de Pretelt, resolvió darle toda la credibilidad.
En sus alegatos finales, el procurador delegado tuvo la desfachatez de decir que “ciertamente en el caso que estamos debatiendo, el testimonio de Víctor Pacheco es altamente creíble”.
¿En cabeza de quién cabe que el testimonio de un testigo tenga la doble condición de veracidad y falsedad? Esa evidente falta de rigor y seriedad del procurador Caldas delata el interés que tiene la procuraduría de que el exmagistrado Jorge Pretelt sea condenado, así sea con base en el testimonio de un sujeto al que ese mismo organismo de control cataloga como mentiroso.
Y para rematar, ese funcionario cuya visión de la justicia es bastante particular, aspira a ser elegido como magistrado de la corte suprema justicia. En tiempos en que la justicia colombiana requiere de funcionarios intachables, probos, ponderados y equilibrados, flaco servicio se estaría prestando al elegir a alguien como Jorge Caldas en el máximo tribunal de nuestro país.
Publicado: abril 13 de 2018