Luego de que el país conociera el escandaloso video en el que el exterrorista Gustavo Petro aparece recibiendo una multimillonaria suma de dinero en efectivo, el consejo nacional electoral anunció la apertura de una investigación en su contra, con el fin de determinar si aquellos recursos fueron declarados en las cuentas de las campañas presentadas por Petro ante las autoridades electorales.
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Menos de 48 horas después del anuncio de esta investigación, se produjo una reunión inaceptable en la plenaria del Senado entre el investigado Petro y uno de los magistrados del CNE, Luis Guillermo Pérez, elegido con el respaldo de los congresistas de la extrema izquierda, entre ellos los senadores y representantes de la banda terrorista de las Farc.
Pérez, valga recordarlo, fue dirigente del cuestionado colectivo de abogados José Alvear Restrepo, entidad que ha participado en actividades ilícitas como la promoción y representación de falsas víctimas en el caso de la denominada masacre de Mapiripán.
Inadmisible que un investigador se reúna con su investigado por fuera del despacho en el que se adelanta el proceso. Las imágenes bochornosas de ese encuentro son suficientes para que Pérez, quien además es amigo íntimo de Petro, sea recusado y en consecuencia separado de la investigación que se adelanta contra el excabecilla de la banda criminal, M-19.
Después de que el Petrovideo saliera a la luz pública, el desespero se ha apoderado de él. A sus explicaciones contradictorias y erráticas, se han sumado unas declaraciones delirantes sobre un supuesto complot en su contra, urdido por el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Según Petro, el abogado Diego Cadena estaría presionando a narcotraficantes para que declaren en su contra. Es evidente que Petro teme de que los mafiosos que han financiado su carrera política empiecen a hablar y a confirmar la denuncia presentada por Abelardo De La Espriella en el sentido de que los millones de pesos que el exterrorista del M-19 aparece contando, acariciando y contemplando fueron enviados por el capo Daniel El Loco Barrera.
Se ha conocido el verdadero rostro corrupto de Gustavo Petro y él tiene la obligación de responderle a la sociedad y a la justicia. Las explicaciones deben ser concretas, directas y documentadas. La hora de los discursos eternos, de las victimizaciones, de la recreación de amenazas fantasiosas, ya pasó.
Ahora, cuando Petro está obligado a responder y a someterse a un escrutinio pormenorizado, es deber de todos los colombianos de bien ejercer presión para que se haga justicia, empezando por denunciar la inadmisible reunión que ese procesado sostuvo en el senado de la República con un magistrado del consejo electoral que lo está investigando.
Publicado: diciembre 6 de 2018
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