En el proceso con M-19 los delitos de barbarie no fueron indultados. En proceso con las Farc, todo quedará impune.
Esta no es la primera vez que el Estado colombiano ha concedido indultos para miembros de grupos armados. A lo largo de la historia y en aras de buscar la reconciliación nacional, los gobiernos han impulsado normas legales con el objetivo de amnistiar ilegales.
Frente a las guerrillas, el caso más reciente se vivió con ocasión del proceso de paz con el M-19, el Epl y el Quintín Lame a finales de los años 80 del siglo pasado.
Finalizada la negociación en la que se pactó, de acuerdo con los protocolos de Ginebra, “conceder la amnistía más amplia posible”, se aprobó la ley 77 de 1989 que facultaba al presidente de la época, Virgilio Barco, para conceder indultos a los autores o cómplices de hechos constitutivos de delitos políticos.
En esa ley se hizo una salvedad fundamental que fue recogida en el artículo 6 de la misma: “El indulto no se aplicará a los homicidios cometidos fuera de combate, con sevicia, o colocando a la víctima en estado de indefensión, ni a los actos de ferocidad o barbarie…”.
Ferocidad y barbarie era la manera como en la época se denominaba a lo que hoy se conocen como crímenes atroces:el secuestro, reclutamiento forzado de menores, masacres y demás.
De acuerdo con lo pactado con aquellas estructuras ilegales, los guerrilleros que estuvieran incursos en actos de ferocidad o barbarie debían, indefectiblemente, ser investigados por la justicia ordinaria colombiana.
En 1992, Clemencia García de Useche, conocida como La juez de hierro, tomó la decisión de vincular a toda la cúpula desmovilizada del M-19 a una investigación por la toma violenta del Palacio de Justicia, hecho que derogaba de facto los indultos concedidos en 1989.
En una declaración reciente, el expresidente Uribe recordó aquel episodio en el que él jugó un papel fundamental, pues siendo senador de la República –julio de 1992-, promovió una ley con un solo artículo con la que se facultaba al gobierno nacional para ratificar los indultos concedidos previamente. Dicha norma es conocida como la ley de reindulto y gracias a su aprobación, el proceso de reincorporación del M-19 pudo seguir surtiéndose.
En esa ley -7 de 1992-, no se derogó el precepto fundamental de que los actos de ferocidad o barbarie podían ser indultados o perdonados.
“De manera espontánea, pública, abierta dije que se debían respetar esos acuerdos, que los debían reindultar (a los miembros del M-19). No sé si acerté o me equivoqué”, declaró el expresidente Uribe.
El elemento clave del reindulto al M-19 es que se mantuvo la norma que obligaba a la justicia colombiana a investigar y juzgar los actos de ferocidad o barbarie. Desafortunadamente, la administración de justicia no cumplió su deber. Delitos gravísimos que fueron cometidos por miembros de esa guerrilla que no fueron cobijados por la leyes de indulto y reindulto, jamás fueron debidamente investigados y sus responsables castigados.
Claro que en aquel proceso de paz hubo impunidad, pero la responsable de la misma debe recaer sobre la rama jurisdiccional que no cumplió con su deber de impartir justicia como correspondía.
Con ocasión de la amnistía que Santos le concederá a las Farc, los delitos atroces quedarán perdonados y por cuenta del festín de conexidades, crímenes como el narcotráfico empezarán a considerarse conductas conexas a la rebelión.
A pesar de que en los años 80, cuando no existía la conciencia que hoy tiene el mundo sobre el derecho que tienen la sociedad y las víctimas a que los crímenes de lesa humanidad sean penalmente castigados, el gobierno de la época se cuidó de no perdonar los actos de barbarie que planearon y ejecutaron los miembros del M-19.
Por eso, resulta absolutamente inadmisible que el gobierno de Santos, contraviniendo normas internacionales, haya pactado con las Farc un acuerdo en el que las peores atrocidades quedarán recubiertas con el velo de la impunidad.
Publicado: marzo 1 de 2017