Análisis de Camilo Rubiano
El Gobierno Nacional va a radicar ante el Congreso de la Republica el proyecto de reforma tributaria estructural. Esta discusión, se viene dando desde diciembre del año pasado, cuando el país conoció el documento realizado por la comisión de expertos tributarios, en el que se definieron unas recomendaciones para que el gobierno las acogiera en el proyecto de reforma tributaria. El actuar del gobierno ha sido irresponsable, ya que, prefirió aplazar la discusión para que no entorpeciera la votación del plebiscito, poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.
Para nadie es un secreto que el país atraviesa una situación económica bastante compleja. Recientemente el FMI le redujo la proyección de crecimiento del PIB de este año, ubicándolo en un 2.2%, cuando el gobierno a principios de año calculaba que el país iba a crecer por encima del 3%. Este pobre crecimiento del país, es consecuencia de una irresponsable política fiscal por parte del gobierno. El hueco ya supera los 36 billones de pesos, la deuda externa se ubica en 116000 millones de dólares, que representa casi el 44% del PIB, un desempleo que en varias capitales ya alcanzó los dos dígitos y con un llamado de atención por parte de las calificadoras de riesgo, donde señalan que la calificación BBB que tiene Colombia, se encuentra en la cuerda floja. Adicionalmente la regla fiscal obliga a que el gobierno reduzca el déficit que hoy se encuentra por encima del 3% al 1.9% para el año 2018, un condicionamiento que tiene en serios aprietos al ministro Cárdenas.
Ante este desolador panorama, al gobierno no le queda otro camino que resolver parte de los problemas a través de una nueva reforma tributaria. Desde el sector privado, voces importantes le piden al gobierno que se presente una reforma estructural, que los ayude a salir de la asfixia tributaria provocada por la reforma de 2014. Por otro lado, expertos tributarios también le piden al gobierno que presente una reforma donde se logre tocar temas de fondo y con una aplicación a largo plazo.
La respuesta del gobierno parece ser la contraria. La reforma tributaria estructural que prometió no se va a dar; lo que va a presentar el ministro Cárdenas en el Congreso va a ser una reforma para sortear los problemas coyunturales inmediatos, generados por la irresponsabilidad de su gestión. Esta reforma contempla el aumento del IVA del 16% al 19%, pretende gravar con el 5% productos de la canasta básica familiar como huevos, leche, pollo y carne. Con esto el gobierno va a poner a pagar a todos los colombianos sin importar su capacidad adquisitiva, contrariando uno de los principios tributarios, que es la progresividad. El mismo proyecto contempla aumentar la base gravable de las personas naturales. Quienes devenguen más de un millón y medio de pesos tendrían que declarar renta, con una tasa que pasaría del 33% al 35%.
El sector agropecuario también va a tener repercusiones por esta nueva reforma, ya que elementos necesarios para la producción de cualquier producto agropecuario, como fertilizantes y concentrados también sufrirán el incremento del IVA. Los productores del campo por esta reforma, perderían el beneficio de las devoluciones del IVA, un incentivo que les permitía realizar nuevas inversiones.
En consecuencia el país va a tener que aceptar una nueva reforma tributaria. Lo delicado y reprochable de esto, es que es una reforma provocada por las irresponsabilidades del gobierno. El Presidente Santos disfrutó y se gastó las vacas gordas de la bonanza petrolera y ahora pretende socializar las pérdidas, pasándoles la factura a todos los colombianos imponiéndoles más impuestos.
@camilorubianobe