En el país del gobierno impoluto, se anuncia con bombos y platillos que en los próximos días empezara la dejación de armas de aproximadamente 6.000 guerrilleros. Como colombianos es nuestro deber celebrar el desarme de las Farc, pero también es nuestro deber reprochar todo aquello que ponga en peligro nuestro Estado Social de derecho.

Las armas han sido durante mas de 50 años las herramientas de coacción de las Farc para lograr imponer su voluntad; en medio del proceso de desmovilización, aunque parezca inverosímil, el gobierno anunció sin mayor vergüenza, que aproximadamente 1.200 desmovilizados de las Farc ingresaran a la UNP (Unidad Nacional de Protección). Una lógica bastante irracional en un Estado de legalidad.

Si, aunque parezca una historia de ficción, más del 20% de los miembros de las Farc, dejaran las armas para recibir armas por parte del Estado. La herramienta preferida de las Farc para imponer sus ideas a la fuerza, parece cobrar vida en la legalidad del gobierno del Nobel de paz.

Es comprensible que el Estado considere que algunos de estos sujetos requieran de protección de la UNP, pueden prestársela, pero eso no implica que quienes deban prestarse ese servicio de seguridad armada sean los mismo guerrilleros. Sólo en el Estado recae la legitimidad del uso de la fuerza y de las armas para preservar el orden y la seguridad de los ciudadanos, y sólo en este gobierno se concibe la idea de ceder dicha facultad a las Farc, pues indirectamente eso es lo que se está haciendo, o ¿ cómo controlarán 1.200 guerrilleros a cargo de la protección de otro grupo de guerrilleros?

Imagínense un Estado donde los mismos que infringieron la ley por mas de 50 años, reciben el aval del gobierno para seguir utilizando la herramienta que les sirvió para  coaccionar, violar, matar  y atentar contra la estabilidad del Estado Social de Derecho. Solo en el gobierno del Nobel de paz, la herramienta de la principal de la ilegalidad, es autorizada para reincorporarse a la “legalidad“.

Con un ejecutivo que tiene injerencia en las decisiones del legislativo y judicial, parece que los colombianos nos quedamos sin herramientas para hacer respetar nuestro Estado Social de Derecho. Un peligro inminente se avecina a pasos agigantados, una Farc armada con autorización del gobierno, y nosotros parecemos estar de manos atadas a una tiranía amañada a la ley.

Démosle el beneficio de la duda al señor presidente, pensemos que  en su imaginario, no esta contemplada la posibilidad, que  un grupo de ex guerrilleros, con un historial judicial bastante peculiar, sean dotados con armas del Estado para reincorporarse a la vida civil, pensemos que la decisión de incorporar 1200 guerrilleros a la UNP fue un acto desesperado del gobierno ante la presión del incumplimiento por parte de Farc.

Démosle el beneficio de la duda al señor presidente, pensemos que seria tan irracional que el gobierno creyera que al otorgar impunidad y borrar el historial delictivo de las Farc,  nuestro Estado Social de derecho no correrla peligro con guerrilleros dotados con armas del Estado, pensemos que la posibilidad de incorporar 1200 guerrilleros a la UNP es un mal sueño.

Démosle el beneficio de la duda al señor presidente, pero salgamos a la calle a exigir que los ex combatientes no vuelva a dotarse de la herramienta de coacción que les sirvió durante más de 50 años en la ilegalidad, salgamos a la calle a exigir que el gobierno no crucifique nuestro  Estado Social de Derecho. No podemos claudicar.

@natiibedoya

Publicado: marzo 2 de 2017