Nuestro régimen político sufre muchos asedios. Hay cuatro que están a la vista: el comunismo, la anarquía, la corrupción y la narcocracia.

El primero de ellos está en la agenda del gobierno venidero. Que se trate de implantarlo a las volandas o en cómodas cuotas, dependerá de las circunstancias. Pero no hay que llamarse a engaño: en el corto o en el mediano plazo veremos cómo se ponen en marcha los dispositivos indicados para que Colombia, que como he dicho gastó algo así como un siglo para defenderse de ese sistema totalitario y liberticida, haya terminado en una lamentable claudicación ante sus promotores. No pasará mucho tiempo sin que nos veamos invadidos por los cubanos y terminemos, como Venezuela, colonizados por ellos.

Un efecto posible del proceso de instauración del comunismo es la anarquía, que ya se advierte en las invasiones de tierras que están ocurriendo en distintas regiones y ante las cuáles ya se ha anunciado que las nuevas autoridades no aplicarán las leyes en defensa de los legítimos desechos de los propietarios, pues se dice que son problemas que deben resolverse por la vía del diálogo. No otra cosa cabe esperar de un gobierno conchabado con la minga indígena y promotor de la democracia tumultuaria capitaneada por la Primera Línea. La ausencia de autoridad que defienda los derechos y proteja a quienes los pretenden desconocer acarreará muy probablemente respuestas violentas de quienes se sientan afectados, dando lugar de ese modo a manifestaciones anárquicas, cuyas consecuencias son imprevisibles. Hay quienes advierten sobre los peligros de guerra civil que los desórdenes podrían acarrear.

Los resultados electorales más recientes dejan ver que la ciudadanía está hastiada por la corrupción imperante en todos los niveles de la organización estatal. Pero es dudoso que el conjunto de los elegidos esté dispuesto a dar pasos firmes para resolver ese problema que para todos los efectos es semejante a un cáncer terminal. Como decía Gaitán, ahí tenemos en la coalición  gobernante a “los mismos con las mismas”. La aprobación de los proyectos legislativos tendrá el costo que ya se conoce: adjudicación de puestos y de contratos llamados a retribuir el voto de los congresistas. Quizás cuando salgan las leyes respectivas el nuevo gobierno tratará de quitárselos de encima, dando así lugar a conflictos institucionales de resultados inciertos.

El nuevo gobierno da por perdida la batalla que a lo largo de medio siglo se ha venido librando contra la droga. Ya no habrá erradicación de cultivos de coca, de marihuana, ni de amapola. Violando la Convención de Viena contra el narcotráfico, quiere promover no sólo su despenalización, sino la aceptación social de la producción, el comercio y el consumo de sustancias psicoactivas. Se da por hecho que somos el mayor cultivador de coca en el mundo y el mayor productor de la cocaína que inunda los mercados de los países desarrollados. Nos declaramos incapaces de contrarrestar ese hecho, del cual se siguen inexorablemente unas muy indeseables consecuencias políticas. Bien conocida es la nefasta influencia del narcotráfico en la política colombiana. La Paz Total que ahora se anuncia simplemente la protocolizará. Sus enormes recursos financieros y el control territorial que ejerce sobre vastos sectores de la geografía  patria harán que salgan a la luz nuevas élites dominantes, las que integran la narcocracia. Es probable que sigamos modelo imperante en Venezuela.

Todo este cuadro apunta hacia una eventualidad sobre la que advierte el importante libro de Moisés Naím que comenté hace poco en este blog, “La Revancha de los Poderosos”: la autocracia. Es asunto que amerita considerarse en otra oportunidad.

Jesús Vallejo Mejía

Publicado: agosto 10 de 2022