El consejo de Estado es una entidad cuya naturaleza es la de servir como órgano consultivo del Ejecutivo. Una de sus salas, quizás la más importante es, precisamente la de “consulta y servicio civil”, la cual está integrada por 4 magistrados cuya función fundamental es la de “absolver las consultas generales o particulares que le formule el gobierno nacional”.
Los adláteres de las Farc, aquellos que están comprometidos con la impunidad, se están jugando sus restos para evitar que prosperen las legítimas objeciones que el presidente Iván Duque le ha hecho a la ley estatutaria que fija el reglamento de la ilegítima, corrupta y politizada jurisdicción especial de paz, JEP.
Uno de los actores principales de esa tramoya es el presidente de la cámara de Representantes y valido del expresidente Cesar Gaviria, Alejandro Carlos Chacón quien de manera insólita le envió una comunicación a la corte constitucional pidiéndole un concepto sobre las objeciones elevadas por el presidente Duque.
En ninguna parte de la constitución ni en las leyes de la República, se ha facultado a la corte constitucional para que sirva como órgano consultivo. Ese tribunal, que fue diseñado en 1991 como cuerpo superior encargado de salvaguardar a la Carta y de servir como tribunal de cierre a la hora de tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede seguir extralimitando sus funciones para efectos de blindar a los delincuentes de las Farc de la acción de la justicia.
En nombre de la paz, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se cometieron toda suerte de arbitrariedades. El procedimiento para reformar la constitución fue violentado a través del cuestionado Fast Track. Así mismo, la corte se encargó de permitir que el gobierno Santos incumpliera lo que ella misma ordenó cuando le dio vía libre al plebiscito. En efecto, en su sentencia, la corte dijo que el gobierno debía acatar el resultado del plebiscito y en caso de hacer modificaciones posteriores a la celebración del mismo, éstas debían ser sometidas nuevamente a refrendación popular.
Como es sabido, Santos perdió el plebiscito, le hizo un par de cambios cosméticos al acuerdo con las Farc y en vez de someterlo nuevamente a escrutinio ciudadano, resolvió mandarlo al Congreso para que sus mayorías -debidamente enmermeladas– procedieran, a través de una miserable proposición, acoger el acuerdo que fue rechazado por las mayorías ciudadanas en las urnas.
Por proteger un acuerdo ilegítimo, la corte constitucional, mayoritariamente nombrada por Santos, no puede pasar por encima de la voluntad del pueblo.
Ha trascendido que los magistrados de esa corte que hoy está presidida por una jurista de baja factura profesional y moral, la señora Gloria Ortiz -cuyos negocios deberían ser analizados-, se aprestan a exigir que el presidente Duque no ejerza su derecho a objetar la ley de la JEP y que, en consecuencia, proceda a sancionar esa norma.
Muy grave que el tribunal encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución, alevosamente pase por encima de ella y de tajo se arrogue funciones que no le corresponde -las cuales son de la órbita del Consejo de Estado- y le derogue facultades al presidente de la República.
Si aquello llegara a materializarse, como en efecto parece que sucederá, el país en pleno, ese mismo que mayoritariamente votó por el NO en el plebiscito y que en 2018 llevó al doctor Iván Duque a la presidencia de la República, está en el deber republicano de promover, cuanto antes, una constituyente para reformar todos aquellos elementos del Estado que, por cuenta del vil acuerdo entre Santos y la banda terrorista de las Farc, se han visto gravemente lesionados. Urge una reforma integral y definitiva a la justicia y esa, sin lugar a dudas, sólo puede acometerse a través de una constituyente, pues los congresistas no tienen ni el coraje ni la independencia para hacerlo.
Los de la corte constitucional, encabezados por esa mujer gris, marrullera y profundamente intrigante -y mercader- Gloria Ortiz van a perfeccionar el más aberrante y vergonzoso de los prevaricatos de que haya memoria en nuestra historia.
Publicado: marzo 19 de 2019
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La respuesta debe ser no someterse al golpe de estado y mantenerse en su legítima prerrogativa de objetar ante el legislativo, pues antes de la sanción del ejecutivo el proyecto es apenas un acto de carácter político, no jurídico y no vincula a nadie, y la corte puede usurpar la función política de los otros órganos y que no le corresponde, dejarlos que prevariquen y sufran las consecuencias, hasta la extradición