El pico y placa es uno de los temas más comunes de debate en Bogotá. Cuando se creó fue pensado como una herramienta para disminuir el caos vial de la ciudad, pero las modificaciones que ha tenido a lo largo de los años generaron consecuencias completamente adversas, como, por ejemplo, la compra de dos vehículos por familia para eludir esta restricción.
Ahora, como si fuera poco a esta ya difícil discusión se le suma la decisión de la Alcaldía de comercializar la restricción del pico y placa. Bajo el propósito de evitar la compra de un nuevo automóvil o el blindaje del actual, el Distrito fijo en 4 millones de pesos anuales la cifra que podrá eximir a los conductores de cumplir esta medida.
Pero ¿realmente es efectiva?… Evidentemente no.
Por un lado, es falso que pagar esa suma de dinero vaya a evitar la compra de un nuevo carro. Actualmente los planes de financiación para adquisición de vehículos se extienden hasta los 84 meses, es decir 7 años, lo que implica que, en el mismo periodo de tiempo, con lo que una familia paga el monto fijado por el Distrito perfectamente puede hacerse a un nuevo automotor.
Por otro lado, pensar que las personas blindan sus vehículos exclusivamente para no estar sometidos al pico y placa es completamente absurdo. Usar un carro blindado es todo menos un lujo. Los costos de mantenimiento son mayores, se incrementa el consumo de gasolina y el precio del blindaje no es propiamente el más accesible.
Además, para usar un carro con estas características es necesario que la Superintendencia de Vigilancia corrobore que el conductor se encuentra sujeto a condiciones extraordinarias de riesgo que pueden afectar su integridad.
Es decir, el argumento que usa la Alcaldía para justificar su decisión no solamente es erróneo, sino que es completamente irresponsable. Por el afán de obtener nuevos recursos se está poniendo en riesgo a cientos de personas que acuden a este mecanismo para proteger su integridad.
Por último, y este no es un aspecto menor, el pago de un monto para no tener pico y placa es un aspecto que genera una profunda inequidad social, dado que la medida, que en teoría debe cobijar a todas las personas por igual, queda reducida a la capacidad adquisitiva del propietario.
En otras palabras, la limitación en el uso del carro se convierte en una brecha más entre los hogares de mayor y menor ingreso. Algo completamente alejado a los discursos de inclusión que tanto esboza el Alcalde cuando promueve el uso del transporte público por encima del auto particular.
Por eso, el Distrito debería reversar esta medida. Socialmente es inconveniente, no evita en lo absoluto la adquisición de un segundo carro y expone a un riesgo innecesario a todas aquellas personas que por diversas razones están sujetas a difíciles condiciones de seguridad.
Publicado: noviembre 25 de 2019
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