Colombia, como Sudán o Corea del Norte, queda convertida en un refugio de terroristas internacionales y eso traerá graves consecuencias.
Como si no bastara con las desafortunadas y riesgosas concesiones que el gobierno le dio a las Farc, de remate ha decidido convertir a Colombia en un refugio seguro para terroristas extranjeros, poniendo a nuestro país al mismo nivel de Sudán, Estado que en los años 90 del siglo pasado acogió, protegió y encubrió a Illich Ramírez, alias El Chacal.
Abundan los paraísos en los que los terroristas más peligrosos del mundo pueden encontrar refugio. Los estadounidenses expertos en política exterior han bautizo a ese tipo de países con el nombre de Rouge States, que en español significaría “Estados villanos”. La lista, hoy en día está integrada por Irán, Siria, Corea del norte y Sudán.
Pero Colombia, con su decisión de crear un entramado migratorio en beneficio de peligrosos criminales que no solo han atentado contra Colombia y sus ciudadanos, sino que con sus acciones han afectado intereses de otros países o perjudicado a ciudadanos extranjeros, ha cruzando una línea muy delicada.
El decreto-ley 831 del pasado 18 de mayo, que “crea la visa de Residente Especial de Paz” es, en la práctica, un salvoconducto para que cualquier criminal extranjero que sea avalado por las Farc pueda “fijar su domicilio en Colombia y establecerse en el país de manera indefinida”.
Este beneficio migratorio, que tiene todos los parecidos posibles con las visas diplomáticas, se extiende al “cónyuge o compañero permanente y a los padres e hijos menores de 25 años que dependan económicamente del titular”.
Lo que resulta inaceptable es que la visa blinda al beneficiario de la misma, salvo que éste incumpla las obligaciones que impone el sistema de verdad, justicia y reparación, o que no atienda las obligaciones del proceso de reincorporación.
Esta ley, aprobada en virtud de las facultades habilitantes que antidemocráticamente le fueron otorgadas al presidente Santos, tiene una destinataria específica: la terrorista holandesa Tanja Nijmeijer, quien ingresó a las Farc en el año 2002 y se estrenó en las filas criminales participando de manera activa en la operación que desembocó en el secuestro de los estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes y en el asesinato de Thomas Janis. (Al respecto, puede leer “La extraditable”)
Por esos crímenes, Nijmeijer es solicitada por una corte federal del distrito de Columbia desde diciembre del año 2010 donde deberá responder por los delitos de conspiración para secuestrar, porte de armas y respaldo a un grupo terrorista. De acuerdo con el FBI, “de ser condenada, ella enfrentará una sentencia de hasta 60 año, la condena máxima que permite la ley colombiana para personas extraditadas hacia los Estados Unidos”.
El departamento de Estado, ha fijado una recompensa de $5 millones de dólares por Nijmeijer.
Circular roja contra Tanja Nijmeijer
En diálogo con LOS IRREVERENTES, Marc Gonsalves expresó su frustración frente a la noticia de que una de las responsables de su secuestro pueda vivir en el país con total protección: “Colombia está escondiendo a Tanja Nijmeijer. Ella tiene un proceso pendiente en los Estados Unidos por el crimen que cometió. Interpol y el departamento de Justicia de mi país la están buscando. Yo espero que mi gobierno haga lo que corresponda por traer a esa mujer ante la justicia”, manifestó Gonsalves.
Uno de los efectos inmediatos del proceso de paz con las Farc fue la eliminación que de facto se le dio a la figura de la extradición. Todos los cabecillas de esa estructura terrorista están solicitados por diferentes cortes norteamericanas y, en virtud del acuerdo, se han salvado de tener que responder por los delitos que cometieron contra los Estados Unidos.
Pero el gobierno, al aprobar esa ley que convierte a nuestro país en un refugio de terroristas internacionales, dio paso hacia el vacío. Algunos medios reportan que las Farc aseguran tener a más de 20 extranjeros en sus filas, sin que se sepa quiénes son, ni cuáles son sus países de origen.
Lo cierto, por ahora, es que en virtud de la norma sancionada por Aurelio Iragorri, fungiendo como ministro delegatario de las funciones presidenciales, Tanja Nijmeijer y los otros terroristas extranjeros, tendrán para siempre en Colombia una guarida desde la que se burlarán de la justicia.
Publicado: mayo 22 de 2017