Santos le adjudicó la democracia colombiana a la extrema izquierda, encabezada por unos forajidos con sobresaliente talento para la violencia.
Los hechos acaecidos el pasado 9 de abril en las instalaciones del Capitolio Nacional, son una alarmante muestra de la velocidad con la que nuestro país se acerca hacia el peligroso totalitarismo de la izquierda castrochavista.
Unas mayorías fingidas e ilegítimas, representadas en el Congreso, se están encargando de destrozar el régimen de libertades que con tanto esfuerzo se ha mantenido en Colombia. Durante décadas, el terrorismo, nutrido con el dinero maldito del narcotráfico, ha puesto en jaque a nuestra democracia.
Con valor y la sangre de muchos patriotas, los criminales no pudieron doblegar a la República. Ahora, un gobierno infinitamente corrupto como el de Juan Manuel Santos, gracias al apoyo de la unidad nacional, conformada a punta de la denominada mermelada y de un amplio sector de la justicia –debidamente seducido con ofrecimientos burocráticos-, la democracia está en grave riesgo.
El Congreso es el escenario natural del debate. No puede convertirse en un lugar al que sólo se le concede el uso de la palabra al sector afecto al gobierno, sin darle oportunidad de controvertir a la oposición democrática.
Nuestro país no puede replicar el modelo venezolano. Aún está a tiempo de impedir que se consolide el totalitarismo intolerante de la extrema izquierda que representa el grupo terrorista de las Farc.
Las garantías son cada vez menores. Las sospechas sobre el régimen electoral aumentan con el paso de los días. No hay garantías reales de que las elecciones del año entrante sean transparentes y el resultado no sea, como en Venezuela, alterado por el gobierno.
Con el robo del plebiscito del 2 de octubre, Juan Manuel Santos volvió trizas la confianza ciudadana en la democracia. El voto de 6.5 millones de colombianos fue vulnerado. Los compromisos del presidente de Colombia con la banda terrorista de las Farc son tan grandes, que para cumplirlos tuvo que pisotear el veredicto popular.
Otro aspecto que resulta altamente preocupante es el de la politización que el gobierno ha hecho de las víctimas. Santos, utiliza la condición de algunas de ellas para hacer propaganda política, mientras desconoce de manera abusiva los derechos de muchas personas que realmente sufrieron el rigor de la violencia desatada por la banda criminal Farc. (Sobre este asunto, lo invitamos a leer “Las víctimas en el centro del desacuerdo”).
El espectáculo del 9 de abril en el salón elíptico, donde sectores extremistas, comandados por personas de muy baja factura humana, nos permite prever la brutalidad con la que las Farc van a empezar a hacer política. Quienes respaldan a esa organización son y seguirán siendo unos forajidos carentes de intelecto y sobresalientes para la acción violenta. Para la muestra, la turbamulta de fingidas víctimas que en la plaza de Bolívar estuvo a punto de causar una tragedia de incalculables consecuencias.
La de 2010 era una Colombia próspera, con una democracia cada vez más sólida. Una Colombia considerada como un gran destino para la inversión. La pobreza disminuía a un ritmo sostenido y la violencia, por primera vez en la historia, fue controlada por cuenta de la política de seguridad democrática.
Santos, estafador político, engañó al pueblo colombiano. Se robó el voto de millones de personas que creyeron que él encarnaba la continuidad. Una vez en el poder, puso en marcha una agenda proterva que en menos de 7 años condujo a nuestro país hacia el abismo.
Nunca antes la sociedad registraba un nivel de polarización como el que hoy se padece.
Falta poco más de un año para que Juan Manuel Santos salga del poder –si es que respeta el calendario electoral previsto en la Constitución-. La Colombia que entregará, estará sometida al yugo socialista, con unos niveles muy reducidos de libertad, con una prensa perfectamente amordazada y amenazada. En 8 años se pasó de un país próspero, a un país empeñado al dañino régimen de Maduro.
Publicado: abril 11 de 2017