Se cumplen cinco años de la puesta en escena de la engañosa y pomposa comedia que Juan Manuel Santos montó en Cartagena, para firmar con las Narcofarc el mal llamado “Acuerdo de la Habana”, el que nada tiene de acuerdo, por no ser el resultado de una negociación, y sí, de la claudicación y el sometimiento del Estado Colombiano a una banda de criminales.
El “acuerdo”, antes que lograr y atemperar la paz, ha incentivado el narcotráfico, la violencia, la delincuencia y la criminalidad, y consagrado, la más cínica y desvergonzada impunidad, haciendo de la geografía nacional un vergel interminable de cultivos ilícitos y una extensa cadena de factorías de narcóticos.
No se debe olvidar, que el costoso show armado por la insuperable villanía de Santos, se realizó una semana antes de la celebración del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que los colombianos por mayoría absoluta repudiaron, no solo las negociaciones, sino el seudo “acuerdo”, lo que Santos desconoció y burló.
Tampoco se debe olvidar, que a ese sainete Santos invitó a los dictadores Fidel y Raúl Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, así como a los cínicos Ernesto Samper Pizano, Diosdado Cabello, Piedad Córdoba, Evo Morales, Rafael Correa, Iván Cepeda y Roy Barreras, entre otros corifeos, así como a deshonestos contratistas de su remedo de gobierno.
También invito, a cerca de 2.500 personas, y muchas de ellas no atendieron la invitación, por considerar que era improcedente la firma de un “acuerdo” sin haberse previamente realizado el Plebiscito y conocerse la voluntad popular de la nación.
Muchos de los que asistieron al show, lo hicieron de buena fe sin haber leído las 297 páginas del llamado «acuerdo», y con ello, incautamente apoyaron lo que no conocían e ignoraban, por lo que no extraña, que hoy, algunos de esos ingenuos asistentes lamenten haber concurrido a semejante despropósito, y otros, lo traten de ocultar, máxime si luego se percataron que Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros observatorios de derechos humanos, consideraban que lo negociado con las Nacofarc era contrario al Estatuto de Roma, burlaba las víctimas, premiaba el crimen y entronizaba la impunidad.
Es depreciable, que en ese perverso “acuerdo”, se hubiera aceptado y convenido:
Que los criminales de las Narcofarc no pagarían un solo día de cárcel por los miles de delitos de lesa humanidad que cometieron y que:
- Se burlaría a las víctimas.
- Los criminales elegirían los jueces que los juzgarían.
- El narcotráfico se convertiría en delito político conexo.
- El Estado renunciaría a combatir los cultivos ilícitos.
- A los criminales se les concederían 10 curules en el Congreso.
- Se legitimaría y exculparía el secuestro, la extorción, el reclutamiento, el abuso de menores y la desaparición forzada.
- Se legitimarían las masacres, las pescas milagrosas y el asesinato de cientos de miles de colombianos, entre ellos, los Diputados de la Asamblea del Valle.
No hay duda, qué si antes del Plebiscito los colombianos hubieran leído el «acuerdo», Santos no hubiera podido montar su costoso sainete a la impunidad en Cartagena, y de haberlo hecho, hubiera sido la unción e imposición de los santos óleos de una negociación, que por establecer la impunidad y premiar y gratificar al crimen, terminó aumentando la delincuencia, la violencia, el vandalismo y la anarquía.
Tampoco hay duda, que si los colombianos ilusos que desprevenidamente votaron por el Sí en el Plebiscito, hubieran leído al menos de manera somera el “acuerdo”, fácilmente hubieran concluido, que Santos terminaría sometiéndose a las Farc, y no las Farc al Estado Social de Derecho.
Lo que empezó como una negociación para la desmovilización de un grupo criminal, degradó en una negociación entre iguales, en la que los maleantes obligaron a una nación a reformar su Constitución y sus leyes a cambio de la quimera de dejar de delinquir.
Según el contenido y alcance del “acuerdo”, son incontables las obligaciones que el Gobierno asumió con los criminales y las concesiones y prebendas que les otorgó, sin que, a cambio, las Farc reconocieran los crímenes de lesa humanidad que perpetraron, dieran muestra del menor asomo de arrepentimiento, aceptaran reparar a las víctimas y renunciaran al narcotráfico.
Una cosa es perdonar crímenes y otra bien distinta es premiarlos y gratificarlos, y además, convertir en legisladores a los criminales. Y eso es lo que dice de manera velada y desvergonzada el “acuerdo”.
No siendo poco lo anterior, Santos sin rubor alguno determinó, que la pregunta que se formularía en el Plebiscito, la cual era descontextualizada y desleal por sugestiva y conclusiva fuera: “¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.
De lo que se trataba el Plebiscito, era de saber, “si se apoyaba» o “no se apoyaba el acuerdo», y no, si se apoyaba la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Pero Santos con su invencible deslealtad, desfiguró el Plebiscito y determinó que se preguntara, “Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, lo que de suyo inducía al apoyo sin que el acuerdo garantizara la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tal y como está comprobado.
En consecuencia, fue abusivo y por demás aventurado afirmar en la pregunta, que el “acuerdo” terminaría el conflicto, y, peor aún, predecir que serviría para la construcción de una paz estable y duradera, cuando esos efectos eran hipotéticos, futuros e inciertos. Una pregunta así formulada, está proscrita en el Derecho, por incluir hipótesis que inducen a una respuesta afirmativa, predecible y previsible. De la simple formulación de la pregunta se podía advertir su respuesta, y esto es lo que la Ciencia Jurídica denomina, pregunta conclusiva, la cual se considera desleal por sugerir o provocar una respuesta esperada.
Al final, y a pesar de la trampa que Santos les tendió a los votantes, el resultado del Plebiscito permitió determinar, que los colombianos de manera cívica y pacífica, condenaban y repudiaban las atrocidades cometidas por la banda narcoterrorista de las Farc.
El resultado del Plebiscito demostró, que la nación desaprobaba que se premiara el crimen, se gratificara la fechoría, se violentara la Constitución, se legitimara la ilegalidad, se entronizara la impunidad, y, que los criminales terminaran legislando y Colombia convertida en una narcocracia.
El No, fue el triunfo de la razón y el derecho sobre la violencia y la impunidad, así como rotunda condena al delito, y mandato claro para rectificar el llamado “acuerdo”. Pero Santos desconoció, burló y mofó el querer mayoritario de los colombianos y con la complicidad de una politizada Corte Constitucional, impuso su voluntad, que era la voluntad de las Farc.
Si queremos una paz verdadera, estable y duradera, debemos tener claro, que la violencia no cesará renunciando al imperio de la justicia, quebrantando la ley, premiando la villanía, burlando la inocencia y cediendo el control de las instituciones a los violentos.
El camino no es la paz con impunidad; el camino es el fortalecimiento de la educación y la justicia, únicas capaces de propiciar y mantener el orden, garantizar la libertad y la igualdad, y perpetuar la vida en paz.
Solo rechazo, repudio y condena merece Santos, el más cínico y desvergonzado traidor que la historia conozca; único responsable del aumento del narcotráfico, la delincuencia, el vandalismo y la anarquía que hoy estamos afrontando y padeciendo.
Publicado: octubre 4 de 2021
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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