Cualquier observador imparcial que revise las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe, hallará una colección de inconsistencias, injusticias y auténticas infamias que difícilmente puede haber sufrido otra persona en Colombia. No creo que alguien más en este país haya sido vulnerado en sus derechos de una manera tan descarada, como ha ocurrido con el Presidente de Colombia entre los años 2002-2010.
Hago énfasis en las fechas de su mandato, porque fue precisamente en ese periodo que el país conoció las relaciones de varios miembros de las altas cortes con narcotraficantes y personajes oscuros, con los cuales departían los magistrados. El presidente Uribe confrontó esas roscas corruptas, denunció regalos, viajes y fiestas de miembros de la Corte pagados por señalados narcotraficantes y criticó lo que no funcionaba bien, por lo que asumo que la persecución que hoy enfrenta es una venganza de aquellos magistrados y sus herederos que hoy continúan en la corporación.
En la arremetida de la insurgencia, tanto armada como política, que ha enfrentado durante toda su vida el expresidente Álvaro Uribe, aparece el nombre de Iván Cepeda Castro; cuyo ejercicio y acción conocida, así como las menciones en el computador de Raúl Reyes, permiten darse cuenta de quién es y quiénes son sus aliados.
Cepeda, sesgado por un odio ciego, ejerce una verdadera maratón de litigio estratégico, buscando testimonios de exparamilitares en cárceles de Colombia y en el mundo, para incriminar al presidente Uribe. Ha acudido a altos cabecillas como Mancuso y el Tuso Sierra, sin éxito alguno, hasta a bandidos de medio pelo que, según ellos, son la verdad y la justicia. Lo anterior llevó a que, en el año 2012, el expresidente Uribe denunciara a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia.
En el año 2013, contando con nuevas pruebas, Uribe amplió la denuncia contra Cepeda, con la esperanza de obtener un mínimo de justicia, ante la estrategia perversa que desarrollaba el amigo de Santrich, Márquez y Romaña. Pasados los años, ya en el 2018, sucedió lo impensable: la Corte Suprema convirtió a Cepeda en víctima, se abstuvo de investigarlo y enfiló sus baterías contra Álvaro Uribe.
En julio de 2018, el presidente Uribe fue notificado de una investigación en su contra por supuesto fraude procesal, acompañada esta artimaña con un llamado a indagatoria. No obstante que, pocos meses atrás, la defensa del expresidente había solicitado formalmente a la Corte que le informaran si existían procesos en su contra. En la respuesta, de manera insólita, no estaba relacionado el proceso por el que ahora lo llamaban a indagatoria. Lo escondieron.
Para darle vida al caso, utilizaron la versión de un delincuente común, Juan Monsalve, visitado no menos de 10 veces por Iván Cepeda en las cárceles y con la asistencia jurídica del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sí, Cepeda y Monsalve con los mismos abogados.
Otra bajeza de la Corte fue protagonizada por el exmagistrado José Luis Barceló, quien, ante la prensa de Bogotá, anunciaba con insolente vanidad que encarcelaría a Álvaro Uribe. También sus magistrados auxiliares Iván Cortés y Sandra Yepes que como lo he informado en otras oportunidades, hoy hacen parte de la costosa burocracia de la JEP y para la época de permanencia en la Corte Suprema, eran unos relámpagos veloces a la hora de hallar supuestas pruebas en contra de Álvaro Uribe. Ni que decir de la chuzada por un supuesto error al teléfono del presidente Uribe, hecho insólito que solo pasa en la justicia colombiana. ¡Solo esta Corte valida semejante vulgaridad!
Antes y durante el montaje de este expediente lleno de inconsistencias, no han faltado las presiones mediáticas y, como no, las filtraciones selectivas como es el caso de Daniel Coronell y compañía, acérrimos adversarios del Presidente Uribe. Coronell ha sido privilegiado por la Corte Suprema con la filtración de anuncios, audios y hasta obtuvo material de primera mano sobre la indagatoria rendida por Álvaro Uribe en el mes de octubre de 2019.
Así mismo, Coronell publicó una grabación alterando el sentido de la misma para dañar a su objetivo político, de lo cual debió retractarse. Por reiteradas y dañinas filtraciones se encuentran denunciados algunos magistrados. No se nos puede olvidar que la magistrada Cristina Lombana, quien también tuvo a cargo el caso, fue recusada por Iván Cepeda a raíz de conjeturas publicadas por Daniel Coronell (muy casuales).
Finalmente, asumió el conocimiento del caso el señor Cesar Reyes, de quien poco se conoce públicamente, pero quien se sabe fue cuestionado, inclusive por compañeros de sala, por su cercanía con la señora Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda. El magistrado nunca explicó ese nivel de empatía con esas causas jurídico-políticas de la izquierda.
Como se puede evidenciar, el caso contra el Presidente Álvaro Uribe se encuentra marcado por presiones, inconsistencias, abusos del derecho por parte de funcionarios judiciales, y es la representación palpable de la vulneración descarada del debido proceso, el buen nombre y la recta administración de justicia. Es, además, la confirmación de que aquello que no pudieron hacer en las urnas, ahora pretenden lograrlo en los estrados judiciales. No hay que ser ciegos para ver la infame persecución contra Uribe.
Publicado: agosto 2 de 2020
0.5
1
3.5
4.5
5