En nombre de la reactivación económica Claudia López le incrementará los impuestos a más del 14.5% de las empresas de Bogotá. Una medida que afectará gravemente la generación de empleo, la competitividad de la ciudad y minimizará los beneficios tributarios aprobados exclusivamente para 2021.
Como tal, con bombos y platillos esta administración anunció la aprobación en el Concejo del mal llamado Plan Marshall y del cupo de endeudamiento, instrumentos con los cuales esta administración pretende sacar a la ciudad de la turbulencia causada por la prolongada cuarentena que sufrió la ciudad.
En concreto, se adoptaron dos grandes beneficios tributarios. El primero, el congelamiento del impuesto predial a aquellos inmuebles cuya base gravable no supere los $131 millones, con lo cual se dejaron a un lado las grandes superficies, sobre todo comerciales. El segundo, un descuento del Impuesto de Industria y Comercio -ICA- que oscilará entre el 5% y 25% para aquellas empresas que hayan sufrido pérdidas a raíz de la pandemia.
Sin embargo, aunque en principio son buenas medidas, son completamente efímeras, dado que solamente aplicarán para 2021, mientras que, por el contrario, los incrementos tributarios que se aprobaron en ese paquete se prolongarán hasta 2024.
En efecto, junto con esos beneficios el Concejo, tras iniciativa de la Alcaldía, acordó incrementar la tarifa actual del ICA en un 25% para los constructores y urbanizadores, en un 19% para las actividades financieras y en un 10% para las empresas de telecomunicaciones. Estos tres sectores agrupan el 14.5% de las sociedades registradas en Bogotá, a lo cual hay que adicionar el aumento del 8.9% en este tributo que tendrán que asumir las plataformas tecnológicas de mensajería.
Por si fuera poco, también se aceptó un incremento del ICA que variará entre el 5% y 15% en 2021 para los contados contribuyentes que aumentaron sus ingresos durante la cuarentena. En otras palabras, los beneficios que la Alcaldía promovió para algunos sectores en 2021 serán absorbidos por el alza de impuestos del 2021, 2022, 2023 y 2024 que tendrán que asumir sociedades clave de la ciudad.
Lógicamente, estas medidas abren la puerta para que se genere una desbandada de empresas a otras ciudades que ofrecen tarifas impositivas más competitivas como Medellín o Barranquilla, sin mencionar las dificultades que esta asfixia tributaria generará para disminuir la tasa de desempleo, la cual en Bogotá es 6.2 puntos más alta que el promedio nacional.
Adicional a lo anterior, los $10.79 billones del cupo de endeudamiento que le fue aprobado a esta administración, más que financiar medidas coyunturales para mitigar los efectos de la crisis, se destinarán para sacar adelante los proyectos del Plan de Desarrollo Distrital, lo cual evidencia que desde un principio hubo un error en el cálculo de ingresos de la ciudad para este cuatrienio.
Además, este cupo de endeudamiento representa el 51.2% del presupuesto de la ciudad para 2020, mientras que, por ejemplo, el Gobierno Nacional solamente incrementó el Presupuesto General de la Nación de este año en un 15.3% para financiar a través del FOME la atención de la pandemia a nivel nacional, lo cual significa que Claudia López está endeudando a la ciudad en más de tres veces la proporción que lo hizo el Ministerio de Hacienda para todo el País.
En definitiva, esta administración terminó asfixiando a más no poder al sector privado, ya sea vía tributación o con la excesiva regulación que no permitió reactivar la economía a tiempo. Los platos rotos, desafortunadamente, los terminará pagando la ciudad con la deuda más alta en la historia y la pérdida de competitividad que generarán medidas populistas que simplemente buscan catapultar candidaturas presidenciales.
Publicado: noviembre 11 de 2020
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