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Para los vulgares magistrados de la sala de instrucción -que seguramente han hecho lo mismo desde que hacen parte de la rama judicial- empacar fajos de billetes en bolsas de plástico es algo natural.

En Colombia no existe el derecho a la violencia. Quienes destruyen bienes públicos no son manifestantes legítimos sino criminales sobre los que debe caer todo el peso de la ley.

El diálogo con los delincuentes no es una obligación. De hecho, es una excepción. El deber consiste en enfrentarlos, combatirlos, reducirlos, llevarlos a la cárcel.

El líder indígena del departamento del Cauca Antonio Vitonas acusa a Petro de haber participado en la masacre de Tacueyó de 1985, donde fueron asesinadas más de 160 personas.

Detalles del atraco bancario en el que estuvo involucrado el dirigente de FECODE, Carlos Enrique Rivas y cómo sus abogados dilataron el juicio hasta lograr la prescripción.

Gustavo Bolívar salió de la pobreza absoluta no con el propósito de buscar una vida feliz, sino para desquitarse. Su principal enemiga es Colombia, su institucionalidad, sus tradiciones y costumbres.

Es de singular importancia la nota editorial que hace unos días publicó la revista Semana, haciendo un recuento completo de las acciones de terror desatadas por Petro.

Los socialcomunistas entienden a la política como una confrontación en la que solo hay vencedores y vencidos. El que no esté de su lado, es un enemigo que debe ser eliminado.

Colombia está en llamas. Hacen mal quienes indican que no puede decretarse un estado de excepción. Las situaciones no pueden verse en blanco o en negro.