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La ley norteamericana sanciona la financiación del terrorismo. ‘Primera Línea’ es un apéndice las Farc, hecho que pone en aprietos al senador Gustavo Bolívar.

Colombia tiene el deber de velar por la vida e integridad de los implicados en el caso de Haití y exigir que el consejo de seguridad de la ONU intervenga para hacer valer la convención contra la tortura para evitar una tragedia.

La absolución de Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, otro montaje judicial que se le desploma a Eduardo Montealegre, el sicario judicial al servicio de Santos.

El Centro Democrático tendrá que sentarse a analizar con serenidad y pragmatismo las posibilidades -que son escasas- para evitar un colapso en las elecciones venideras.

A través de un extenso documento, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo respondió al polémico informe que hace unos días emitió la cuestionada CIDH.

Gustavo Bolívar lloriquea porque su antiestético hotel de Girardot está arruinado. Está sufriendo las consecuencias del bloqueo criminal y la violencia que él mismo se ha encargado de estimular y financiar.

Se equivocó la canciller Ramírez cuando permitió la visita de la CIDH. Colombia debe evaluar seriamente si continúa reconociendo competencia de esa comisión.

La utilización de niños en actividades violentas, además de ser un delito contra la humanidad, es una aberración que pone de presente el talante sádico y demencial de Petro.

Ahora el general Mora Rangel aparece quejándose de la crisis nacional, cuando él fue autor del acuerdo maligno con las Farc. Debería ofrecerle excusas al país.

Colombia está en manos del caos y la violencia, razón por la que las autoridades requieren con urgencia las herramientas legales para enfrentar con contundencia a los vándalos de la ‘Primera Línea’.