La constitución política deja en manos del presidente de la República la facultad de entregar o no a un ciudadano colombiano a la justicia de otro país, siempre y cuando la corte suprema haya dado el respectivo visto bueno. 

Las pruebas brindadas por la justicia de los Estados Unidos contra Álvaro Fredy Córdoba son contundentes y suficientes para que sea enviado a ese país a responder en el juicio que le espera. Los cargos están relacionados con el tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y conspiración. 

El juicio tendrá que llevarse a cabo en la corte del distrito sur de la ciudad de Nueva York donde se determinó que Córdoba se concertó con otras personas “desde al menos el mes de julio de 2021, o alrededor de esa fecha, hasta inclusive el mes de febrero de 2022, o alrededor de esa fecha…”. Según la acusación, las personas concertadas “…importaban e importaron a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera de estos, una sustancia controlada, en contravención de las secciones 952(a) y 960(a) del título 21 del Código de los Estados Unidos”.

Para el tráfico de la “sustancia controlada [cocaína]”, usaron lanchas rápidas y hasta “una aeronave matriculada en los Estados Unidos”.

La acusación que fue evaluada por la corte suprema colombiana también contiene las evidencias que apuntan a que el hermano de Piedad Córdoba y sus compinches “…a sabiendas poseyeron armas de fuego, y ayudaron e instigaron el uso, la portación y posesión de armas de fuego, entre ellas ametralladoras capaces de disparar más de un tiro automáticamente sin recargarlas manualmente…”. 

En manos de la corte suprema estuvo la acusación completa y las declaraciones de testigos calificados como un agente especial de la DEA. En el testimonio de esa persona queda claro que la banda de Córdoba ofreció “mover 3.000 kilogramos [de cocaína] por mes” a través de la ruta Colombia-México-Nueva York. 

Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro reconoció que él decidió incluir a Piedad Córdoba en la lista del llamado Pacto Histórico a manera de reivindicación por lo que él llamó “persecución” del exprocurador Alejandro Ordóñez. Fue ubicada en el octavo renglón de la lista cerrada, con lo que era evidente que saldría elegida.

El caso Córdoba se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Petro. Tuvo que exigirle que se retirara de cualquier actividad proselitista, luego de que se supiera que esa señora -reconocida por sus maniobras de tráfico de secuestrados- estaba visitando pabellones de extraditados para ofrecerles “perdón social” a cambio de que apoyaran la aspiración presidencial de Petro. 

Llegó el 20 de julio y la Córdoba no se hizo presente en la instalación del Congreso. Estaba recluida en un hospital de Medellín. Ha pasado más de un mes desde el comienzo de las sesiones ordinarias y aún no se ha aparecido por el capitolio y seguramente no lo hará por cuenta de la decisión de la corte de darle el visto bueno a la extradición de su hermano. 

Ahora surge un interrogante: ¿Qué hará el presidente Petro? La ley no le obliga a motivar una decisión respecto de la extradición de una persona. Simplemente firma o no la respectiva resolución y punto. 

Si entrega a Álvaro Fredy Córdoba, tendrá un problema monumental con su senadora. Si no lo hace, la dificultad será con los Estados Unidos, país que ve con mucha desconfianza las señales que hasta ahora ha dado el presidente de Colombia en relación con la lucha contra el narcotráfico y la aplicación de las medidas de cooperación judicial existentes.

No extraditar a Córdoba significará un golpe muy duro a las relaciones Colombia-EE.UU.

En campaña, Petro se refirió a una hipotética extradición de Piedad Córdoba. Dijo que, si se cumplían los requisitos y había pruebas suficientes, la entregaría. 

Hizo énfasis en las pruebas. Entonces, si quiere salvarle el pellejo al hermano tendrá que decir que las evidencias suministradas por la corte del distrito sur de Nueva York, en criterio suyo, no son suficientes.

Un escenario bastante complejo, pues las extradiciones se solicitan con base en indicios fuertes y el propósito es el de conducir a la persona señalada para que responda en un juicio por los cargos que pesan en su contra.

Extradición o “perdón social”. Esas son las dos alternativas que tiene a su disposición el presidente de la República para resolver la suerte del narcohermano de Piedad Córdoba. 

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 23 de 2022