El país está literalmente exasperado con la corrupción, con la impunidad con que parecen estar blindados los delincuentes que saquean las arcas públicas. La denominada consulta anticorrupción, iniciativa promovida con fines politiqueros por la candidata a la alcaldía Claudia Nayibe López, no fue aprobada por falta de votos.
No obstante, la Fiscalía General de la Nación, promovió un oportuno proyecto de ley que buscaba garantizar que las personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción -enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos, entre otros-, cumplieran su sentencia en la cárcel y no en centros de reclusión privilegiados como estaciones de policía, guarniciones militares o detención domiciliaria.
Es un verdadero abuso y un alevoso desafío que los corruptos gocen de privilegios. Un hampón como Samuel Moreno, condenado a más de dos décadas de prisión, pasa el tiempo cómodamente en una dependencia de la caballería de la policía nacional, en los hermosos cerros orientales de la capital colombiana.
Moreno, como el delincuente que es, debería estar hace mucho tiempo en un calabozo en La Picota o La Modelo.
La iniciativa de la Fiscalía, tenía el firme propósito de garantizarle a la sociedad que corruptos como Moreno pagarían sus culpas tras las rejas. Pero en el último momento, la norma fue sospechosamente enredada y, cuando debía ser conciliada por la Cámara de Representantes, el presidente de esa corporación, Alejandro Carlos Chacón decidió levantar la sesión -la última de la legislatura- para que sus colegas pudieran irse a ver el partido de la selección Colombia contra Qatar.
El mensaje de Chacón, ahijado e íntimo de Cesar Gaviria, es claro: los corruptos se salieron con la suya.
Desde que era precandidato, el ahora presidente Duque expresó su más firme compromiso con la lucha anticorrupción. En múltiples entrevistas e intervenciones públicas, aseguró que su gobierno sería implacable con los corruptos.
La primera medida que tomó una vez asumió como presidente de la República, fue la eliminación radical de la denominada mermelada, mecanismo con el que el gobierno anterior sobornó a la clase política, a periodistas y particulares.
Ahora que la ley con la que se garantizaba que los corruptos pagaran sus condenas en las prisiones del país, el presidente Duque tiene en sus manos las herramientas para subsanar en parte la falta imperdonable de la Cámara de Representantes.
En efecto, a través de decretos reglamentarios, puede fijar lineamientos penitenciarios. Se puede empezar por eliminar la posibilidad de que estaciones de policía y guarniciones militares sirvan de centro de reclusión. Al fin y al cabo esas dependencias fueron creadas con un propósito muy distinto que el de servir como cárcel para los corruptos.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, depende del ministerio de Justicia. Esa entidad fácilmente puede implementar los mecanismos para que se eliminen los centros de reclusión privilegiados, para efectos de todos los corruptos -del sector público y privado- paguen sus sentencias condenatorias en la cárcel.
El presidente Duque tiene la solución en sus manos. El país no soporta que los corruptos sigan saliéndose con la suya y él, como gobernante de los colombianos, no puede hacer oídos sordos del clamor nacional.
Publicado: junio 21 de 2019
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