Monstruosidad vivida por Yuliana Andrea Samboní, es un capítulo más de nuestra sociedad, enferma y decadente, postrada ante la cultura de los antivalores.
Como no indignarse, como no reaccionar ante un crimen macabro cometido contra la integridad y dignidad de una niña de 7 años, inocente ante la magnitud de la vida, la misma vida que tiene caras de crueldad, de terror, generados en esta ocasión por un Rafael Uribe Noguera, un hombre de 38 años, quien en estado de alienación, de perturbación, de locura, de oscuridad interior, secuestra, tortura, viola y asesina en su apartamento a Yuliana.
No es la primera vez que ocurre un hecho criminal contra un menor de edad, en Colombia es el diario vivir, las estadísticas son alarmantes y no generan indignación.
Entre enero y febrero de 2016 se reportaron 2594 casos de presunto abuso sexual contra menores de edad, y en las mismas fechas se presentaron 358 muertes violentas que involucran población infantil entre homicidios, suicidios y desnutrición.
A los indignados y oportunistas que brotaron por estos días se les debe recordar que en el año 2008 una mujer valiente, Gilma Jiménez (QEPD) -concejal de Bogotá para la época-, lideró la recolección de firmas (2 millones de firmas) para promover referéndum que aprobara la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños.
Gilma Jiménez, fue elegida en el 2010 Senadora de la República y de inmediato presentó su proyecto de ley que convocaba el polémico referéndum. La comisión asesora de política criminal creada en el 2011 por el entonces Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, estudio y evaluó el proyecto de cadena perpetua, considerándolo “irracional, altamente inconveniente e inconstitucional”, argumentos respaldados por él mismo. (Ver Proyecto cadena perpetua)
Con esta recomendación varios Representantes a la Cámara como German Navas y Ángela Robledo, hundieron el proyecto en la comisión primera, en épocas en que la presidencia de la Cámara estaba en manos de Simón Gaviria.
En pocos días y con el ruido de la navidad olvidaremos el horrendo crimen de Yuliana, así como olvidamos a Gilma Jiménez y su oportuna convocatoria que buscaba penas ejemplarizantes para criminales como Rafael Uribe Noguera.
El problema de Colombia va más allá que el de estar exigiendo por temporadas y en estado de indignación penas de prisión perpetua o pena capital.
En un Estado Democrático como el nuestro la Justicia y sus Instituciones deberían gozar de favorabilidad, credibilidad y respeto entre los ciudadanos, lo grave es que ocurre todo lo contrario. La Justicia perdió majestad cuando sus administradores abandonaron la grandeza otorgada en el contenido magistral de sus jurisprudencias para pasar a ser actores mediáticos en los medios de comunicación, en los salones sociales y en las componendas de los políticos: la vanidad y la ambición los devoró.
¿Quién puede creer en la Justicia burocratizada, selectiva, inoperante, lenta y corrupta?
Estamos ante un problema estructural. Por un lado la sociedad enfrenta el crecimiento sin control de inseguridad ciudadana, el imperio del crimen reina en las regiones secuestrando, extorsionando y asesinado, y la desbordada corrupción pública hace de las suyas ante el auditorio cruzado de brazos lo que genera reacciones indebidas y constantes de linchamientos contra el ladrón callejero o las más recientes, la exigencia de penas extremas como la pena capital.
Por otro lado están los magistrados, jueces, operadores judiciales y funcionarios judiciales de espaldas a la realidad, sin aceptar reformas a la justicia en lo administrativo, procesal y sustancial, cómplices silenciosos ante el desbordamiento del ejecutivo que trastorna la regla democrática de separación y equilibrio de poderes.
En Colombia lo que deberíamos hacer y exigir es el restablecimiento de la Justicia para que ella sea equitativa, eficaz, justa, pronta, ejemplarizante, procesalmente viable, donde la ética y la moral imperen.
Solo espero que se haga Justicia en el caso de Yuliana, como en el caso de los menores secuestrados, explotados, abusados, violados y asesinados por las Farc, eso se llama equidad.
Aunque algunos dirán que esos delitos son políticamente correctos.