Bogotá requiere de un plan multidimensional que incluya fuerza, justicia efectiva, cooperación comunitaria y tecnología al servicio de la seguridad, el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El deber constitucional de ejercer la autoridad y la fuerza a través de su capacidad coercitiva debe ir acompañado de una justicia efectiva que condene a los delincuentes; es decir, que se cumpla el principio de legalidad.
Las conductas reincidentes de los hampones deben ser castigadas de manera ejemplar, esto es sentido común; quienes hayan cometido múltiples delitos deben pagar tras las rejas penas acumuladas que deben ser más altas. Los proyectos de ley que buscan medidas contra la reincidencia no han tenido un tramité eficaz por parte de los congresistas, los argumentos más fuertes son los costos, el hacinamiento (23.000 presos en Bogotá) y nivel bajo de denuncias. Por lo cual el gobierno debe: i) Construir más cárceles ii) Hacer que los detenidos paguen su detención con trabajo y iii) Fortalecer los canales de denuncia con tecnología y presencia institucional en el territorio.
No sacamos nada con una justicia más efectiva si la policía no captura a los delincuentes, por eso es necesario brindar herramientas a las agencias del estado que sean responsables de nuestra seguridad, fundamental dotar a la policía con mayor tecnología, pie de fuerza y formación estratégica: Uniformes con cámaras que acompañen los procedimientos en calle, conexión entre todas las cámaras dentro de la ciudad, fortalecimiento de inteligencia y contra inteligencia por medio del trabajo conjunto con los militares y miembros de la reserva que engrosen el pie de fuerza.
Según la ONU, hacen falta por lo menos 12.000 policías en Bogotá. Es esencial la construcción de una escuela de cadetes especializada en las características de la ciudad que permita formar policías que puedan ejecutar las estrategias de manera más efectivas y que a su vez aumenten el pie de fuerza. Así mismo, es preciso construir dos unidades de respuesta inmediata (URI) en Usaquén y Suba que refuercen y cubran el desbordamiento de las actuales.
No debemos pasar por alto que la seguridad no es un tema únicamente policivo, sino que vincula de forma directa a la comunidad; es decir, resulta necesario que las comunidades se organicen para propiciar espacios de participación que ayuden a mantener la seguridad en una línea de comunicación directa entre los vecinos y los cuadrantes, un tendero que denuncia un atraco a una señora en la calle no puede ser tildado de extremista, es apenas su deber ciudadano.
Luego, el punto de partida debe ser la prevención. Si trabajamos por una ciudad más educada con un sector empresarial pujante, garantizaremos más empleo, si generamos más empleo, habrá menos delincuencia. Todo bajo la premisa fundamental del orden, pues Bogotá debe ser una metrópoli segura, limpia, activa, donde no haya cabida para la delincuencia común ni para las mafias del micro tráfico.
Este resulta ser solo el punto de partida, pues es un proceso que requiere un sistema de coordinación interinstitucional entre la alcaldía y la policía metropolitana donde es fundamental la cooperación. Para ello es necesario contar con la voluntad política del alcalde y del Secretario de Seguridad, acompañado de un control político férreo y enérgico por parte de los concejales, que sirva para que las autoridades estén motivadas y alerta ante cualquier alteración de orden público. Debe existir una presión real para liberar nuestras calles de los bandidos, para que los bogotanos podamos gozar de nuestras libertades a través de la seguridad, pilar fundamental de la democracia.
Publicado: enero 30 de 2019