En la mañana del 2 de noviembre de 1995, el dirigente conservador y jefe opositor del narcogobierno de Ernesto Samper, Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado por un par de sicarios que lo esperaban a las puertas de la universidad Sergio Arboleda.
Para nadie es un secreto que el doctor Gómez se había convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. Era, sin duda alguna, el faro moral en medio de la penumbra en la que se encontraba Colombia.
Para explicar aquel magnicidio, que se dirige aceleradamente hacia la impunidad, se han lanzado decenas de hipótesis y elaborado teorías conspirativas, todas ellas cumpliendo el propósito de desviar la atención de la justicia y confundir a los investigadores.
Han pasado cerca de 22 años del asesinato y a lo largo de ese tiempo de inoperancia de la justicia, testigos clave del hecho han caído por fuerza de las balas.
Desde el momento mismo en que se produjo el asesinato del doctor Gómez, cuya muerte se constituía en un bálsamo para el gobierno de Samper, distintos dedos señalaron al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Hace algunos años, desde México, quien fuera ministro de Defensa de Samper, Fernando Botero, rindió una declaración ante un fiscal en la que se refirió al asesinato del doctor Gómez, asegurando que aquel fue “un crimen de Estado, Mi conocimiento de la política, de la situación interna del gobierno, me proporcionan bases sólidas para entender las razones de este crimen”, afirmó el exministro de Estado.
En esa misma comparecencia, Botero expresó que antes de caer asesinado, Álvaro Gómez era objeto de seguimiento por organismos de seguridad del Estado, entre ellos el DAS.
El abogado y hoy contratista del Estado, Ramiro Bejarano Guzmán fue designado por Ernesto Samper como director del DAS pocos días después de su posesión en 1994. Bejarano dirigió aquel departamento hasta el 1 de enero de 1996, dos meses después del asesinato de Gómez Hurtado.
Hace unas semanas, el exvicepresidente de la República, Angelino Garzón, le remitió al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, una carta que ha pasado desapercibida ante la opinión pública.
En dicha comunicación, Garzón celebra de manera elocuente la decisión de la fiscalía de reabrir la investigación sobre el magnicidio del doctor Gómez Hurtado y solicita que se “cite al doctor Ramiro Bejarano Guzmán, máxime que él oficiaba en ese momento como director nacional del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y que tenía la obligación constitucional y legal de brindar toda la protección indispensable al Dr. Gómez Hurtado de acuerdo a lo mandatado por el decreto 2110 de 1992, firmado por el entonces presidente de Colombia Dr. César Gaviria Trujillo, por medio del cual se asignaba al DAS, la responsabilidad de la custodia y protección de dirigentes políticos que por razones de sus cargos o actividad política, podían ser objeto de atentados contra su integridad personal y sus bienes físicos”.
Así como se le reprocha al general Miguel Alfredo Maza Márquez no haber hecho lo que le correspondía, en su condición de director del DAS para evitar la muerte de Luis Carlos Galán, Angelino Garzón plantea que se debe inquirir sobre las acciones emprendidas por el hoy contratista Ramiro Bejarano para proteger la vida de Álvaro Gómez Hurtado.
Pero la solicitud del exvicepresidente Garzón va más allá, pues también le pide al fiscal general que “considere la posibilidad de reabrir la investigación por el asesinato del señor Alberto José Soto Guzmán, sucedido en la ciudad de Cartago…persona de la cual se comentaba públicamente que estaba relacionada con actividades del narcotráfico y cuyo crimen sucedió por la misma época en que fue asesinado el doctor Gómez Hurtado. Al respecto, es necesario que se conozca públicamente, qué investigación inició el DAS. Con mayor razón, cuando la persona asesinada era primo hermano del doctor Ramiro Bejarano Guzmán, director del DAS en ese momento. Igualmente, sobre cuáles fueron los motivos para que dicho crimen quedara en total impunidad”.
Hace un mes la fiscalía recibió la carta de Angelino Garzón y hasta el momento no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el contenido ni las solicitudes expresadas en la misma. La familia del doctor Álvaro Gómez, que no ha cesado en el empeño de evitar que los responsables del crimen queden impunes, sigue luchando contra el tiempo; teme que de un momento a otro, la justicia decrete la prescripción y el caso, tal y como se ha intuido desde el mismo instante en que ocurrieron los hechos, pase al olvido, dejando impunes y sonrientes a quienes fungieron como determinadores de la muerte violenta de quien fuera, como dice Angelino Garzón en su misiva, “el jefe indiscutible de la oposición política colombiana” durante el gobierno mafioso de Ernesto Samper Pizano.
Esta es la carta que Angelino Garzón le remitió al fiscal Néstor Humberto Martínez:
Publicado: mayo 22 de 2017
3.5