El gobierno no dará su brazo a torcer, ni se quedará inmóvil frente a su compromiso de campaña con los miembros de la banda delincuencial ‘Primera Línea’ que se encuentran privados de la libertad como consecuencia de oleada terrorista que desataron en el país.
Para nadie es un secreto que esa estructura hace las veces de fuerza de choque del llamado pacto histórico y que sus integrantes trascendieron el derecho a la protesta pacífica que garantizan la constitución y las leyes colombianas.
Durante la campaña, Petro prometió la excarcelación de esos delincuentes y la manera para darle viabilidad jurídica a ese ofrecimiento es a través de un mico en la ley de orden público cuya prórroga -con modificaciones- está discutiéndose en el Congreso de la República.
La mayoría de parlamentarios manifestaron su desacuerdo con un artículo que facultaba al presidente para conceder amnistía e indulto a los miembros de esa estructura ilegal, razón por la que el ministro del Interior anunció el retiro del mismo para efectos de facilitar la aprobación de la ley, cuya vigencia culmina a finales del presente año.
No obstante, el alevoso senador Gustavo Bolívar, financiador y líder natural de la ‘Primera Línea’ advirtió que presentará una proposición que incluye un artículo transitorio que dice lo siguiente: “El presidente de la República podrá designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o medida de aseguramiento. Lo anterior no implica la suspensión o terminación del proceso penal. El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con los promotores de convivencia y participación ciudadana”.
En otras palabras: Bolívar le apunta a convertir a los desadaptados que incendiaron al país, que lo paralizaron con bloqueos ilegales, que causaron la muerte de miembros de la Fuerza Pública y de civiles, entre ellos niños recién nacidos, en “promotores de convivencia”.
Los jueces, en su momento, consideraron que algunos de los miembros de la ‘Primera Línea’ son un peligro para la sociedad razón por la que fueron privados de la libertad mientras se surte el proceso de juzgamiento. El senador del pacto histórico quiere burlarse de las decisiones judiciales, entregándole al presidente Petro la llave para abrir las celdas en las que se encuentran recluidos esos antisociales.
La presentación de esa proposición se da horas después de que los colombianos conocieran las vergonzosas imágenes del viceministro del Interior Gustavo García procurando la liberación de un grupo de desadaptados que fueron capturados en flagrancia por la policía nacional, cometiendo actos de vandalismo, entre ellos una pedrea contra el propio director de la institución policial, el polémico general Henry Sanabria.
Es evidente que el viceministro, que es un funcionario del Ejecutivo, no tiene competencias jurisdiccionales. Una persona que es capturada por la policía sólo puede recuperar la libertad si así lo decide un juez, no un viceministro.
Hay una clara extralimitación de funciones, razón por la que la Procuraduría anunció la respectiva investigación disciplinaria en contra del viceministro García quien es hijo del exsenador nariñense Guillermo García Realpe, uno de los grandes electores de Petro en el sur de Colombia.
La opinión pública está siendo nuevamente notificada de una situación cuando menos espeluznante: el gobierno tiene un compromiso ineludible con los violentos y, al precio que sea, va a devolver a las calles a centenares de hampones que en su momento aterrorizaron a la comunidad.
Publicado: octubre 25 de 2022
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