Juan Manuel Santos emite decreto-ley que permite investigar y acusar de paramilitarismo a todo el que critique a las Farc.
A encarcelar a “los enemigos de la paz”
El decreto ley 898 de 2017 fue otro de los abordajes jurídicos a la institucionalidad democrática, producto de la pluma farragosa y malévola de las Farc. Una prueba más de la claudicación de la Casa de Nariño -a través de su Secretaría Jurídica-, frente a la organización terrorista.
Se crea “al interior” (sic) de la fiscalía general de la nación, la Unidad Especial de Investigación, con una frondosa burocracia judicial, en cuya nominación, es de suponerse, las Farc van a intentar poner todas sus fichas, asunto en el cual el fiscal general le tocará mantener la firmeza ante la guerrilla y la independencia ante el gobierno, como lo ha hecho ya en otros episodios.
El objetivo de la Unidad
Es sabido que la banda terrorista Farc, impuso en todo el texto del denominado acuerdo final, la idea de que el paramilitarismo no fue desmovilizado; que, al contrario, está más vivo que nunca. Ello, según los cabecillas terroristas, porque el paramilitarismo es una “política de Estado”, controlada, organizada y financiada por los gobiernos (desde el Frente Nacional, año 1965), las Fuerzas Armadas, la Policía, los partidos de gobierno y muchos empresarios. La unidad de la fiscalía se crea para desmantelar esas organizaciones. No es difícil imaginar que las Farc y sus “organizaciones sociales” van a pretender desencadenar una cacería de brujas con el pretexto de hacer cumplir el acuerdo y, en particular, este Decreto Ley. Para facilitar la razzia, la norma ordena perseguir o desmantelar no solo “organizaciones”, sino, óigase bien, “conductas”, es decir, perseguir palabras y comportamientos que a juicio de las víctimas -es decir, las Farc-, “atenten” contra la paz o pongan en peligro a los militantes de la guerrilla terrorista.
El decreto insinúa que oponerse al acuerdo final es paramilitarismo
Es bien sabido que la extrema izquierda en general y las Farc en particular, denominan a su militancia “defensores de derechos humanos”. Basta repasar su inmensa producción literaria y periodística para comprobarlo. El decreto crea la categoría legal (no literaria o sociológica), de “defensor de derechos humanos” y le ordena a la Unidad que persiga no solo los crímenes reales que se cometa contra ellos sino todo aquello que “amenace o atente contra ellos”. Vendrá pues la cascada de acciones, demandas y la consiguiente persecución de los líderes de la lucha antiterrorista en Colombia.
Un jurista consultado por LOS IRREVERENTES pronosticó que: “hoy, las baterías de abogados de las Farc tienen inundados los juzgados con denuncias por injuria y calumnia contra los que los controvierten. Van a cambiar su estrategia; empezarán a encarcelar a todo aquel que se atreva a confrontarlos, alegando que aquello es una ‘amenaza contra los defensores de los derechos humanos’”.
Delito de opinión
Con ese decreto, que se pretende meter de agache, se ha tipificado el delito de opinión. Cualquier ciudadano o periodista que “se atreva” a criticar a los voceros de las Farc, disfrazados de “defensores de derechos humanos”, terminará con sus huesos en la cárcel, acusado de paramilitarismo y quién sabe qué otros delitos que sólo existen en la imaginación de unas Farc que llegaron al poder con el objetivo de acabar con todos aquellos que desde la legalidad los han enfrentado.
Publicado: junio 16 de 2017