Cuando los senadores de la denominada unidad nacional eligieron en diciembre pasado a Antonio José Lizarazo como nuevo magistrado de la corte Constitucional, sabían que estaban nombrando a una persona que sería un funcionario de bolsillo de la Casa de Nariño, dispuesto a cumplir fiel y disciplinadamente los mandatos de la presidencia, sobre todo en lo que tiene que ver con las normas relacionadas con la implementación del acuerdo Santos-Farc.
Lizarazo es un político tradicional que ha ocupado distintos cargos, siempre apadrinado por el partido liberal. Así, llegó a ser miembro del desprestigiado consejo nacional electoral y compitió recientemente por la registraduría nacional del estado civil.
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, ha tenido en Lizarazo un asesor de tiempo completo. A través de contratos de prestación de servicios del denominado fondo de programas especiales para la paz, FONDOPAZ, Lizarazo se hizo a multimillonarios recursos por cuenta de sus “asesorías” al comisionado Jaramillo.
De acuerdo con los registros proveídos por la misma presidencia de la República, entre los años 2013 –cuando empezó el proceso con la banda terrorista de las Farc- y 2016, cuando fue elegido como magistrado de la corte Constitucional, Lizarazo recibió $394.045.333 pesos, sin contar viáticos.
Aquella suma de dinero, que equivale a lo que un trabajador que recibe el salario mínimo ganaría en 535 meses (44.5 años), además de llenar las alforjas de Lizarazo, pone un rutilante signo de interrogación sobre su independencia.
El se defiende alegando que los impedimentos son taxativos y que él se declarará impedido en todo lo que tenga que ver con asuntos electorales, que fue el objeto por el que fue contratado por el gobierno colombiano. Pero, aquello no es suficiente. Son muchos los motivos por los que ese individuo tiene deudas de gratitud con la presidencia, particularmente con el alto comisionado, Sergio Jaramillo Caro.
El asunto es tan descarado, que el día que Lizarazo tomó posesión de su cargo, durante el evento que tuvo lugar en la Casa de Nariño, Santos aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje amenazante, tanto a él como al presidente del congreso de la República. Mirando a los ojos de Mauricio Lizcano, Santos ordenó que el congreso debe aprobar rápidamente todos los proyectos de la implementación, “para que luego la corte Constitucional les dé el visto bueno”.
Con esa intervención, Lizarazo quedó notificado: todo lo que salga del Capitolio, debe ser aprobado sin demora ni miramiento alguno.
Al decir popular, todo el mundo tiene un precio; el truco consiste en identificarlo: el del magistrado Antonio Lizarazo fue de poco menos de $400 millones de pesos.
Publicado: mayo 30 de 2017