A través de distintas ONG y de una joven abogada comunista, las Farc están logrando la liberación de peligrosos terroristas.
El pasado 19 de mayo, una asesora de la secretaría privada de la presidencia de la República le remitió una carta al señor Wldarico Flórez Peña quien funge como presidente de fundación brigada jurídica, Eduardo Umaña Luna, en la que le informó que su requerimiento de “tramitar a través de la cancillería la solicitud de repatriación humanitaria del ciudadano Ricardo Palmera Pineda –Simón Trinidad- ha sido trasladada al ministerio de relaciones exteriores, teniendo en cuenta que estos asuntos se canalizan a través de esa entidad…”.
Aquella comunicación pone en evidencia dos cosas: la primera que hay grupos “cívicos” moviendo la repatriación del cabecilla de las Farc alias Simón Trinidad, condenado a 60 años de prisión en los Estados Unidos, sentencia que está cumpliendo en una de las cárceles más seguras de ese país, dado el altísimo nivel de peligrosidad de ese jefe terrorista.
La otra evidencia es que el gobierno no descarta mover sus influencias para lograr ese cometido. Y aquello se explica por la respuesta de la Casa de Nariño a la solicitud presentada por Flórez Peña.
Si el gobierno no tuviera interés alguno en que alias Simón Trinidad regresara a Colombia, simple y llanamente habría respondido en ese sentido la carta remitida por el así llamado “presidente” de la denominada fundación brigada jurídica.
Mientras el país está concentrado en lo que sucede en el congreso de la República y analizando el contenido de los fallos emitidos por la corte Constitucional en relación con el acuerdo Santos-Farc, de manera silenciosa pero bastante eficaz los terroristas han puesto en marcha una ofensiva para lograr que los más peligrosos delincuentes y criminales que hacen parte de esa estructura delincuencial, en virtud de la ley de amnistía, salgan de las cárceles en las que están pagando por los crímenes que cometieron contra la población colombiana.
El caso más reciente y que ha generado verdadera indignación fue el de Jesús Armando Cadena Cabrera, alias Bronco. Este criminal, que estaba condenado a 27 años de prisión, hizo parte del escuadrón que derribó el avión en el que viajaban 4 ciudadanos norteamericanos y un sargento colombiano.
Cuando el avión cayó a tierra, uno de los norteamericano, Thomas John Jannis y el suboficial Luis Alcides Cruz fueron brutalmente asesinados, pues el jefe del escuadrón guerrillero, alias Bronco, consideró que por el estado de sus heridas, ellos no podrían ser secuestrados.
De acuerdo con la necropisa que se les realizó a las víctimas fatales, Jannis fue salvajemente golpeado en las piernas y en la cabeza antes de ser asesinado. Al sargento Cruz, lo mataron con un tiro de fusil calibre 7.62, disparado a menos de 2 metros de distancia.
Para lograr que alias Bronco y otros bandidos hayan podido salir de prisión, las Farc cuentan con los servicios de una joven abogada de nombre July Henríquez Sampayo, quien funge como directora de la fundación lazos de dignidad, que en realidad es una ONG que se ha convertido en el bufete de abogados al servicio de los terroristas de las Farc condenados por crímenes atroces en contra de civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Herníquez Sampayo, fingiendo ser una “defensora de los Derechos Humanos”, con destreza ha logrado que peligrosos delincuentes como Bronco y alias Robinson, este último un terrorista condenado a 32 años de cárcel, estén hoy libres y perfectamente habilitados para seguir atentando contra personas inocentes e inermes.
Sin que hayan entregado un solo fusil, sin que se haya definido aún cuál será el mecanismo para monitorear sus movimientos, el gobierno colombiano está cometiendo un error imperdonable al facilitar la liberación de responsables de crímenes atroces, cuya captura costó la vida de muchos colombianos integrantes de nuestra Fuerza Pública.
Solidaridad jurídica, es otra ONG que desde hace más de 10 años ha atendido las necesidades de los integrantes de las Farc detenidos en distintas cárceles colombianas. Ahora, que Santos ha ordenado abrir las celdas de esos delincuentes, esta ONG se ha sumado a la tarea de presionar a los jueces de ejecución de penas para que ordenen la liberación inmediata de los miembros de esa guerrilla, sin importar la gravedad de los delitos que han cometido.
Sin que exista un mecanismo real para impedir que los delincuentes liberados gracias a la gestión de estas entidades reincidan en sus acciones atentatorias contra la ciudadanía, tanto la abogada Henríquez como los representantes de las otras ONG, continuarán cumpliendo la orden de abrir las cárceles de Colombia para facilitar la liberación de los terroristas de las Farc.
No es de extrañar que el gobierno, que siempre hace todo lo contrario a lo que anuncia públicamente, a través de la cancillería de la samperista María Ángela Holguín, acoja la solicitud presentada por la así llamada brigada jurídica y empiece a ejercer presión ante el gobierno de los Estados Unidos con el fin de lograr que Simón Trinidad sea repatriado a nuestro país.
Publicado: mayo 30 de 2017