Decisión presionada de Diego Palacio, y otros exfuncionarios de someterse a la JEP, solo busca deslegitimar la batalla que libra el uribismo y sectores del NO ante el desmoronamiento institucional gestada por las Farc.
En la campaña del plebiscito uno de los argumentos replicados con insistencia para obtener el voto a favor del NO fue alertar a los ciudadanos del despropósito incorporado en el acuerdo de La Habana que creaba una Jurisdicción Especial para la paz (JEP). Asegurábamos que la JEP fracturaría la Constituciòn Política, la Institucionalidad, la Jurisdicción Ordinaria y la Rama judicial. De igual forma fuimos enfáticos y rigurosos en advertir que la JEP sería el cadalso que utilizarían las Farc en asocio con la izquierda radical, sectores libérales y progresistas para perseguir con barniz jurídico al uribismo, sectores empresariales e industriales, miembros de las Fuerzas Militares y organizaciones civiles que libraron batalla legal contra organizaciones criminales y terroristas como las Farc.
Las noticias distorsionadas y manipuladas que rodearon la solicitud que a través de Derecho de Petición realizara el exministro Diego Palacio Betancourt, al Secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa Henao, es ejemplo alarmante del propósito y objetivo real de la JEP. Los medios de comunicación que olvidaron rigurosidad y objetividad en la información, dieron por hecho y como primicia mundial, que el contenido del documento enviado por el exministro Diego Palacio a la JEP -donde manifiesta su disposición de sometimiento ante la jurisdicción especial y solicita su libertad inmediata sustentada en la Ley 1820/2016-, era la aceptación expresa del delito de cohecho en ejercicio de su función ministerial y delación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tremendo despropósito y perversa desinformación.
El documento enviado por Diego Palacio a la JEP y su posterior entrevista ofrecida al periodista José Manuel Acevedo del canal RCN, permiten concluir que el exministro procede con sentimientos de ilusión y de inmensa ingenuidad. Diego Palacio, considera que la JEP es una instancia superior que permitirá revisar su condena decretada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que la JEP si es fuente garantista en el ejercicio de la administración de justicia.
Ya sabíamos que varios exministros, exfuncionarios y militares que cumplieron labores públicas durante el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, y que posteriormente fueron condenados por la CSJ venían siendo visitados por el ilusionista y elocuente, Álvaro Leyva Durán, junto al abogado de las Farc, el español, Enrique Santiago. Los dos emisarios, aprovechando la tragedia personal y familiar que viven los exfuncionarios, fueron convencidos para que aceptaran y se sometieran a la JEP con la promesa de ser beneficiados con la libertad inmediata por ser considerados agentes del Estado y condenados por conductas punibles relacionadas con el conflicto armado.
Diego Palacio, y los otros exfuncionarios tienen derecho a peregrinar ante la JEP ¡ni más faltaba! de por medio esta su libertad y amnistía, lo que les permitiría regresar al núcleo de la sociedad purificados de toda culpa y responsabilidad. No dudo que Diego Palacio y los otros exfuncionarios fueron condenados por la CSJ cuando las relaciones y diferencias políticas entre el expresidente Álvaro Uribe y la Corte se encontraban alteradas y atizadas por articuladores que vieron en los procesos judiciales la única herramienta para derrotar moralmente al expresidente Uribe. Tampoco tengo duda que las sentencias en única instancia de la CSJ violan principios fundamentales del debido proceso y que en el caso específico de Diego Palacio, y sus compañeros de gabinete fue sistemática la violación de sus derechos, libertades fundamentales y garantías judiciales.
Lo que debe quedar claro es que la JEP es una jurisdicción ilegitima, rechazada democráticamente en las urnas como lo dispuso la sentencia C-379/16 que avaló la regulación estatutaria del plebiscito: lo que viene sucediendo y que todos conocemos hace parte del asalto Constitucional e Institucional que realiza sin pausa las Farc en complicidad con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional y la Corte Constitucional.
Entiendo la decisión personal de Diego Palacio, Sabas Pretel de la Vega, Alberto Velásquez Echeverry, seguimos siendo solidarios con ellos y sus familias, pero en ningún momento puede ser interpretada la decisión de ellos como una decisión avalada y respaldada por el uribismo, por la coalición del NO y por los millones de colombianos que venimos argumentando y librando batalla contra los adefesios que se gestan desde las canteras ideológicas de las Farc y que buscan como lo vienen haciendo la alteración y modificación de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico y político.
Publicado: abril 10 de 2017