Análisis de David Meza Pretelt
El grupo narcoterrorista de las FARC que hoy se pasea con el apoyo del Gobierno por embajadas y despachos de altos dignatarios, lleva más de medio siglo asesinando, amenazando, secuestrando y desplazando colombianos, que según cálculos bordean la exorbitante cifra de 8 millones de víctimas.
Algunas de estas víctimas solicitaron ser escuchadas durante los diálogos de la Habana y aunque se les permitió tener interlocución con la mesa de diálogos, parece ser que sus palabras fueron echadas en saco roto, ya que el acuerdo final otorga grandes garantías y beneficios para los victimarios, mientras que los que han sufrido la peor parte no ven soluciones a su situación, hecho que conduce a una revictimización y prolongación indefinida del conflicto.
A través de la aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la bancada de gobierno en el Congreso le está dando otra bofetada a esta población y al país, ya que el desconocimiento de las víctimas le resta garantías al proceso de paz al no haber verdad y se crea un espacio de impunidad que puede gestar nuevas violencias.
Desde el Gobierno, han instrumentalizado algunos grupos de víctimas, como las de atentados del Club El Nogal, la Asamblea del Valle o congresistas afectos y beneficiarios del Estado como Mauricio Lizcano y Clara Rojas, para dar apariencia de legitimidad al proceso.
Víctimas unidas pero desconocidas por el Gobierno
Esta situación quedó evidenciada en la más reciente asamblea anual de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol), una organización que agrupa más de 50 organizaciones de víctimas de todo el territorio nacional, desde donde se ve con preocupación que el Gobierno no garantice a través de la JEP los cuatro pilares de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y no repetición.
Fevcol es una organización presidida por el reconocido periodista Herbin Hoyos, quien ha dedicado largos años a la defensa de las víctimas del conflicto, cuya labor es reconocida a nivel nacional por el programa “Las Voces del Secuestro”; que permite a las víctimas que se encuentran en cautiverio comunicarse con seres queridos y mantener la fortaleza del espíritu para sobrevivir en medio de este flagelo.
Además, es coordinada por la Senadora Sofía Gaviria, víctima de distintos grupos armados y hermana del líder político secuestrado y vilmente asesinado por las FARC, Guillermo Gaviria Correa, quien desde el Congreso y desde el Partido Liberal ha mantenido una constante lucha por impedir que los derechos y garantías para las víctimas sean acallados.
Las solicitudes hechas por Fevcol en múltiples ocasiones para modificar los acuerdos e incluir el clamor de las víctimas fueron ignoradas durante largo tiempo hasta que se dio la gran derrota política de Santos al perder el plebiscito. Solamente al ver sus intereses comprometidos y el Gobierno tambaleando, accedió a reunirse con la organización, pero lamentablemente las observaciones y aportes cayeron en oídos sordos y las víctimas siguen siendo ignoradas.
Tras los múltiples atropellos contenidos en el texto de la JEP contra la población revictimizada y una bancada de congresistas afectos al Gobierno, que más allá de representar a la ciudadanía buscan satisfacer intereses personales y en su mayoría financieros; las víctimas vieron con preocupación desde la asamblea sostenida en el Capitolio Nacional el presente y futuro de la implementación de los acuerdos.
Frente a esto, la Senadora Gaviria dio un contundente discurso en el que aclaró que:
“El perdón y la reconciliación que tan manidamente se han utilizado en este proceso dependen de un ejercicio individual y libre de cada persona, pero jamás deben ser una obligación de las víctimas, mucho menos cuando los victimarios no hacen acto de contrición, me inquieta pensar que las víctimas, especialmente las de las FARC, puedan ser revictimizadas, cuando en ele acuerdo se explica que la reconciliación es casi un medio para la reparación, no se dejen manipular, no se dejen instrumentalizar (dirigiéndose a las víctimas), no es odio, es dignidad, que nos exige tener distancia con nuestros victimarios”.
El Gobierno Nacional, advirtiendo los alcances de Fevcol y su resistencia a doblegarse ante la impunidad, ha decidido dar la espalda a sus 75 mil afiliados y por ese camino a todas las víctimas que no se plieguen a las arbitrariedades contenidas en los acuerdos, teniendo como muestra la falta de apoyo de la Unidad de Víctimas al negarse a apoyar el traslado a la asamblea nacional de Fevcol, de líderes que carecen de recursos y se encuentran dispersos por la geografía nacional.
¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños?
Otro elemento que no se ha abordado con la importancia y responsabilidad que merece por parte del Gobierno, es la situación de los menores reclutados, con la gravedad que tiene para el derecho internacional la afectación de la niñez.
Las FARC, haciendo gala de su talante terrorista han entregado apenas un puñado de menores, cuando a su vez sabían que muchos de los que fueron reclutados en su niñez cumplirían la mayoría de edad durante el proceso de paz y no tendrían que ser entregados a las autoridades como evidencia de el crimen de lesa humanidad que allí se presenta.
Respecto a estos jóvenes que al inicio del proceso de La Habana eran prueba de un grave delito de lesa humanidad, el presidente de Fevcol hace una grave denuncia, poniendo en evidencia el tejemaneje secreto que han urdido los cabecillas para ganar poder político sin perder influencia económica a través del narcotráfico y la extorsión, ni ceder en el aspecto militar: “Solamente están liberando a un sector de sus hombres, solamente están liberando a los más viejos, a los que están cansados, a los que tienen una preparación para pasar a hacer política y a esos jóvenes que tienen toda la energía, que se los llevaron siendo niños, los dejan como resistencia haciendo apoyo para los que van a hacer la fase de la instrucción política”.
Herbin Hoyos fue más allá, develando parte de la macabra estrategia de las FARC para sacar mayores ventajas de los acuerdos al explicar que los cabecillas del grupo terrorista con el propósito de mantener bajo su yugo a estos menores, que hoy por hoy empiezan a alcanzar la mayoría de edad, no solamente los enviaron a hacer parte de las milicias urbanas para que no fueran registrados por la comisión tripartita, pero además “dividieron el grupo en dos y unos se van a dedicar a hacer política y los otros se vuelven el soporte económico del grupo, estratégicamente manejados como disidencia, entrando a hacer parte de las Asociaciones Campesinas Ambientales (Ascal) a través de las que promueven las escuelas bolivarianas y aumentan su reclutamiento”.
Así las cosas, el horizonte para el pueblo colombiano es incierto y las negociaciones entre el Gobierno Santos y las FARC se convierten en un caso sui generis en el que han primado las exigencias y gabelas de los victimarios por encima de las víctimas y el pueblo colombiano en su totalidad; que ha sufrido la violencia de este grupo narcoterrorista por más de medio siglo. Por eso es el momento de actuar, así como parte de la ciudadanía se manifestó el 1 de abril, el país necesita más movilización para cambiar un régimen de corrupción e impunidad.
Publicado: abril 10 de 2017