Más de $120 millones se les paga mensualmente a 6 personas para que “verifiquen” la voluntad de paz del Eln.
El proceso con el ELN
Son muchas las críticas que le caben al incipiente proceso de Santos con la organización terrorista del Eln, empezando porque aquella organización criminal continúa azotando al pueblo y generando violencia a lo largo y ancho del país.
Desde que se anunciaron los diálogos en Ecuador, esa estructura ha arreciado sus acciones terroristas.
Mientras se redactaba esta sección, trascendió la noticia de que un escuadrón del Eln secuestró en El Cairo, Valle, a un ganadero de 63 años de edad.
En días pasados, la comunidad de Aguas Claras, en el Cesar, denunció que un grupo de milicianos del Eln instaló un artefacto explosivo a pocos metros de la escuela de la localidad, poniendo en grave riesgo la vida de los niños que atienden sus estudios en aquel plantel educativo.
Proceso sin avances
Fiel a su estilo débil, Santos decidió negociar con Gabino y sus secuaces sin exigir un cese inmediato de todas las acciones de violencia. No es justificable desde ningún punto de vista que se le diga al pueblo colombiano que se adelanta un proceso de paz con un grupo ilegal mientras continúan todas las acciones criminales que ofenden y generan sufrimiento en las personas.
Ciclos en Ecuador
Como si la oleada violenta no lo afectara en lo más mínimo, Santos envía negociadores suyos para que conversen en Quito con delegados del Eln. Hablan y hablan, sin parar, pero sin resultados concretos. Lo último que supuestamente acordaron es el “desescalonamiento del conflicto”.
Puras manifestaciones retóricas e insulsas.
Unas charlas muy costosas
Lo único que ha habido con el Eln, hasta ahora, es una tertulia sin resultados. Lo cierto es que para semejante farsa, Santos configuró un grupo de negociadores que le resulta bastante costoso al erario.
LOS IRREVERENTES tuvieron acceso a los contratos celebrados entre la presidencia de la República y los delegados del gobierno para sentarse a conversar con los “elenos” y llama poderosamente la atención la cuantía de los mismos.
La exministra Luz Helena Sarmiento Villamizar, una geóloga santandereana, fue contratada para “verificar la voluntad de paz, instalar una mesa pública de conversaciones, determinar la formalización de los diálogos y la celebración de acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-“.
Para esa tarea, le pagan la suma de $20.410.000 pesos mensuales. A la señora Sarmiento le queda muy fácil “verificar” que el Eln no tiene la más mínima voluntad de paz, pues los ríos de sangre que esa estructura sigue derramando, son prueba irrefutable.
La periodista María Alejandra Villamizar, que ha sido tan consentida por este gobierno en materia de contratos y sin que tenga mayor experiencia en procesos de paz, también recibe mensualmente los $20.4 millones de pesos para “verificar”.
Y sumas similares les son giradas al general Fredy Padilla de León, al exministro Juan Mayr Maldonado y al empresario antioqueño Juan Sebastián Betancur Escobar.
El jefe de la delegación, el exministro Juan Camilo Restrepo tiene un contrato exactamente igual.
Son 6 personas que, sin contar viáticos ni otras erogaciones, le cuestan al país $122 millones de pesos cada mes.
Y es dinero tirado a la basura. El gobierno, que tiene una gigantesca Oficina del Alto Comisionado para la Paz, colmada de funcionarios, asesores y contratistas, bien podría chequear o “verificar” la voluntad de paz del Eln con cualquiera de las personas que ya están en la nómina. De hecho, esa es una tarea que debería adelantar el comisionado Sergio Jaramillo, pero al parecer él está muy ocupado en Colombia sentando las bases de la denominada jurisdicción especial de paz con la que se pretende llevar al banquillo de los acusados a todos los que dentro de la democracia enfrentaron a las Farc.
Publicado: abril 7 de 2017