La minería, las multinacionales, la aspersión aérea y la agroindustria fueron temas que se firmaron sin mirar las consecuencias económicas.
Las fuerzas del mercado son cada día más fuertes. La misma globalización y la tecnología hacen que muchas veces prohibir sea dar inicio a un nuevo mercado o a un nuevo emprendimiento. Es mejor no prohibir, sino regular bajo estándares lógicos y obviamente bajo todo el rigor de la supervisión del Estado.
Durante los últimos años hemos visto en Colombia una corriente que tiene algo de ambientalista, mucho de izquierda y muchísimo de populista, en la cual se ha denigrado de la minería y en general de la explotación de los recursos naturales. Sin quererlo, han logrado todo lo contrario. El medio ambiente esta más desprotegido y al mismo tiempo el Estado ha dejado de recibir grandes sumas de dinero para su desarrollo.
Lo primero que tenemos que entender es que Colombia es un país rico en recursos naturales, recursos que al tener prohibida su explotación legal tienen una gran probabilidad de ser explotados ilegalmente. Esta si, sin controles y tecnología, terminará acabando el ecosistema, generará tragedias por falta de tecnología y no dejará recursos al Estado. Lo anterior sin hablar de la creación de mercado negro, mafias y grupos ilegales.
En el tema minero energético lo que debe hacer el gobierno es explotar los recursos naturales con los que saben y abrir licitaciones transparentes con todas las de la ley, poniéndoles una muy buena supervisión -que es la verdadera función del estado- para que protejan el medio ambiente, pero a su vez generen desarrollo en las regiones, empleo, impuestos y, por sobre todo, eviten la ilegalidad.
La votación en Cajamarca la semana pasada apoyada por los ambientalistas y la izquierda, terminará dejando sin desarrollo al municipio. Seguro ahora llegará la minería ilegal y acabará el ecosistema etc. Ese oro alguien lo va a sacar legal o ilegalmente.
En el caso de Uber pasa algo similar. Es muy difícil parar un buen servicio, por eso es importantísimo regularlo y que se pueda supervisar. En lo que estamos hoy es que es prohibido, pero las autoridades se hacen los de las gafas y opera con relativa tranquilidad.
No me cabe la menor duda que las últimas catástrofes naturales que ha sufrido el país, como la sucedida este fin de semana en Mocoa, tienen mucho de esto. La deforestación y la erosión -que son los factores que generan en las partes altas de los ríos las avalanchas- son el resultado de una baja supervisión, de la proliferación de cultivos ilícitos por la no aspersión aérea, de la agricultura artesanal, las quemas mal manejadas y de la minería ilegal.
El Putumayo -departamento limítrofe con Ecuador- ha sufrido mucho por esta falta de supervisión y cercanía al gobierno central. Es el departamento con más cultivos ilegales, fue donde primero se paró la aspersión aérea a pedido del vecino y además los mayores perjudicados con la pirámide de DMG. La falta de oportunidades y de trabajo digno hace que busquen el dinero fácil en la ilegalidad.
Desafortunadamente, el gobierno Santos está secuestrado en muchos de estos temas con el mal llamado proceso de paz. La satanización de la minería, las multinacionales, la aspersión aérea y la agroindustria fueron temas que se firmaron sin mirar las consecuencias económicas y sociales de estas.
Publicado: abril 3 de 2017