Especial de David Meza Pretelt
El caso de SaludCoop podría ser considerado el Odebrecht o el Reficar de la salud. Allí se puso en práctica el modus operandi del gobierno actual enmascarado en las intervenciones, al expropiar al sector cooperativo uno de sus mayores activos para convertir la empresa en mermelada y garantizar así el único camino que encontró Santos para conseguir algo de gobernabilidad: la corrupción.
Tras su intervención en los primeros meses del gobierno Santos, la empresa así como sus empleados, pacientes y asociados han vivido un viacrusis y aunque se han hecho múltiples denuncias y se ha recurrido a distintas entidades y autoridades, los artífices de la quiebra de SaludCoop, actualmente Cafesalud, siguen impunes al igual que muchos otros funcionarios del actual gobierno que se encuentran inmersos en líos legales.
Recientemente, la Contraloría General de la Nación emitió el informe 125 de 2016 en el que se empiezan a corroborar muchas de las denuncias que apuntan a que a través de la intervención, lo que se hizo fue un desfalco a la empresa que aún estando intervenida, seguía haciendo multimillonarios gastos no relacionados a la prestación de servicios de salud.
Este informe elaborado por la delegada para el sector social, revela que tras 5 años de intervención a la empresa, no se sanearon las finanzas en absoluto sino que fue prácticamente saqueada, ya que los pasivos crecieron hasta $1,1 billones de pesos y la entidad acumulaba pérdidas por $683.151 millones.
Entre los beneficiados con estos contratos se encuentran empresas de dudosa reputación como es el caso de HEON (Health On Line) y la criminalmente conocida Marketmedios de propiedad de la familia de Roberto Prieto, pieza clave de Juan Manuel Santos en su andamiaje de corrupción; quien a cambio de organizar el ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial para garantizar la victoria recibió jugosos contratos.
Al destaparse los contratos que había entre Marketmedios y la EPS intervenida Cafesalud, el superintendente de Salud, Norman Muñoz, ha salido a anunciar ante algunos medios, que los cerca de 2800 millones de pesos que entraron a las arcas de la familia Prieto fueron para hacer publicidad nacional e internacional del proceso de venta.
Un hecho de alta gravedad que revela la planificación del desfalco y la búsqueda de lucro a través de la salud de los colombianos, ya que no les fue suficiente con expropiar la empresa y utilizar sus dineros y puestos como mermelada, sino que además querían vender los pacientes al mejor postor nacional o extranjero con Prieto y Merketmedios encabezando la fraudulenta operación.
Adicional a esto, el superintendente Muñoz no ha reconocido que era conocedor de este tipo de contratación como en efecto debía serlo, ya que según el decreto 2462 de 2013, la Superintendencia debe hacer seguimiento a los liquidadores e interventores designados por dicha entidad y en plata blanca, tanto empleados como asociados de SaludCoop/Cafesalud han denunciado cómo Muñoz y sus interventores actuaban de forma coordinada para mantener en su poder el botín y desangrar día a día la EPS.
Pero no contaban con el nivel de degeneración al que llevaría la empresa otro actor que ha sido un cáncer para el sistema de salud colombiano, Guillermo Grosso, designado como agente interventor y posteriormente presidente de Cafesalud; quien convirtió la empresa en un fortín político de clientelismo y contratación que fueron depreciando su valor para eventuales compradores extranjeros.
Grosso es un criminal que a pesar de las múltiples denuncias incluso difundidas en medios, se encuentra libre y al parecer continúa lucrándose de la contratación de SaludCoop y Cafesalud a través de su hermana Martha Grosso, contratista de HEON, empresa a cargo del software que utiliza la EPS.
Guillermo Grosso se vio contra las cuerdas por su desbordada corrupción cuando se hizo público que utilizó los dineros de la salud de los colombianos para hacer costosas y extravagantes adquisiciones como sillas masajeadoras, automóviles de alta gama para sus familiares y tapetes de casi 10 millones de pesos al mejor estilo de los que adornaron el matrimonio de la hija de Santos, todo esto sustraído del erario y más grave aún, porque se trata de capitales que pueden salvar vidas al ser dineros de la salud.
En inicios de 2016, advirtiendo que su caída se acercaba, se reunió con varios líderes políticos de los partidos de La U y Liberal, que presuntamente han sido beneficiarios de altas cantidades de mermelada santista, para tratar de mantener su ventajosa posición como presidente de Cafesalud a cambio de puestos y contratación, pero la avalancha de denuncias que se le vino encima le hizo perder su puesto.
Los artífices de este desfalco fueron denunciados recientemente ante la Fiscalía General de la Nación por las asociaciones sindicales damnificadas con la expropiación, corrupción y quiebra de SaludCoop. Denuncia dirigida en contra de Norman Julio Muñoz, Guillermo Grosso, Javier Correa Quiceno, Carlos Andrés Mantilla y otros responsables que encuentre la Fiscalía dentro de la investigación.
La denuncia se adjunta a muchas otras que han sido presentadas por sindicatos, ciudadanos y otras organizaciones contra este cartel que quebró a SaludCoop/Cafesalud y se hace por los delitos de peculado por apropiación a favor de un tercero, interés indebido en la celebración de contratos, administración desleal y prevaricato por omisión, entre otros.
El actual presidente de Cafesalud, Carlos Cardona, reconoció que el 8 de marzo de 2016, recibió una diligencia de inspección judicial de la Fiscalía en la que se inició la revisión de cerca de 21 contratos entre los que figuran empresas como la fraudulenta HEON, que está bajo la influencia de Grosso y otras como Carvajal Espacios SAS, Rivadeneira y Colorado Abogados Asociados SA, RV Inmobiliaria SAS y Ernst & Young audit SAS.
El escándalo de SaludCoop ha sido parcialmente cubierto por los medios. Contratos como el de Marketmedios; revelan una clara estrategia comunicacional para mitigar las críticas a través de pauta publicitaria, ya que tanto la publicidad de la Superintendencia como la de Cafesalud han sido moneda de cambio para acallar la crítica en lo que a medios enmermelados se refiere.
Adicional a esto, la liquidadora de SaludCoop, Ángela María Echeverri, hizo un anuncio fatal para las clínicas y hospitales con los que la EPS está en deuda, ya que decidió arbitrariamente revocar la mayoría de pagos y cumplir solamente con un 8,7% de estos, lo que pone en aprietos a cerca de 800 prestadores. Como consecuencia de esta decisión, muchos terminarán quebrado.
Situación que prueba la forma como el gobierno Santos sí tiene dinero cuando necesita mover su maquinaria para pasar proyectos, repartiendo cupos y partidas a su círculo político; pero cuando se trata de responder por servicios y hacer pagos a empresas que en su mayoría operan de forma legal y correcta, no hay respaldo. Un gobierno tramposo, solo premia la trampa.
La Contraloría a través de su informe, ha develado la punta del iceberg de un desfalco a la salud de los colombianos que además de la pérdida de grandes cantidades de dinero ha tenido un profundo costo por la pérdida de vidas, de lo que se podría deducir que las muertes y el deterioro en la calidad de vida de los pacientes de SaludCoop/Cafesalud son una responsabilidad del superintendente y su jefe, el presidente Santos, quien parafraseando al abogado Abelardo De La Espriella, todo lo que ha querido lo ha comprado, menos algo que no tiene precio, el amor del pueblo.
Los colombianos de a pie, en cambio, son testigos del deterioro en la prestación del servicio, víctimas inocentes de un cartel de corrupción que puso presidente y así mismo ha venido expropiando y persiguiendo a quien no apoye su proyecto. Adicional a esto, la necesidad de disponer de altas cantidades de dinero y puestos para mantener su débil gobernabilidad, ha llevado a que los más de 7 millones de usuarios y decenas de miles de empleados de la mayor empresa del régimen contributivo en Colombia, deban sufrir 5 años de persecución y montajes que aún hoy se mantienen.
Publicado: marzo 20 de 2017