Todos los directivos de la campaña santista niegan el maridaje criminal con Odebrecht. Cuando estén presos, seguramente refrescarán su memoria.
Coalición de Santos en 2014
En 2014, Juan Manuel Santos aspiró a la reelección como candidato de coalición integrada por los partidos de La U, liberal y Cambio Radical.
En un documento de 4 páginas, suscrito por los representantes legales de dichas colectividades, se fijaron los compromisos de la alianza, enfatizando que es obligación de los 3 partidos “cumplir cabalmente las disposiciones legales, así como las normas proferidas por el consejo nacional electoral y la registraduría nacional del estado civil, en lo que tiene que ver con el proceso electoral”.
Gerencia y financiación de la campaña
En el acuerdo de La U, los liberales y el partido de Germán Vargas Lleras, quedó estipulado que la financiación de la campaña debía hacerse con donaciones, anticipos y créditos.
En criterio de expertos, gracias a las ilegalidades cometidas por la gerencia de la campaña, todas estas conocidas por el comité financiero de la misma, los tres partidos de la coalición deben responder políticamente por ello.
Si bien es cierto que las responsabilidades penales son individuales, no menos lo es que las consecuencias por las faltas políticas que se cometieron deben ser asumidas por todos los partidos que presentaron a Santos como su candidato presidencial.
El hecho de que los representantes legales de las 3 colectividades le hubieran dado carta abierta al gerente de la campaña, aquello no los exime de responder por los delitos que claramente cometió Roberto Prieto, con la complicidad del comité financiero de la campaña santista.
Se lee en el pacto de la coalición que “el gerente de la campaña tendrá amplias facultades para tomar las determinaciones que considere en beneficio de la campaña y autonomía para efectuar todos los actos necesarios dirigidos a ese fin”.
El abuso de Prieto
Roberto Prieto, un hombre de baja catadura moral, abusó de la licencia concedida por los firmantes de la coalición y se fue a negociar con Odebrecht la financiación ilegal de la campaña de Juan Manuel Santos. A través de un testaferro –Andrés Giraldo- recibió un millón de dólares en efectivo, dinero del que no se conoce su paradero final. Muchos creen que aquella plata terminó en los bolsillos de Prieto y Giraldo.
Otro millón de dólares fue introducido a la campaña a través de las cuentas en Panamá de la firma de publicidad Sancho BBDO.
Y contando… porque no se descarta que de Odebrecht haya ingresado más dinero. Lo primero que tiene que hacer el politizado consejo nacional electoral es revisar, uno por uno, los pagos de proveedores de la campaña de Santos.
Es muy posible que en 2014, se hubiera repetido la operación confirmada de 2010 en virtud de la cual Odebrecht pagó directamente a los proveedores, como en efecto ocurrió con la compañía Impressa Group, de propiedad de Otto Rodríguez, a la que se le ordenó la elaboración de 2 millones de afiches, los cuales fueron pagados –US$ 400 mil dólares- de forma directa por Odebrecht.
El futuro de Prieto
Son tantas las evidencias y los indicios contra Prieto, que el mejor amigo y gerente de las campañas santistas no saldrá fácilmente de este escándalo. El expediente en su contra es cada vez más abultado y su soberbia y altanería no serán suficientes para absolver las muchas dudas que tiene la Fiscalía General de la Nación.
La pregunta que se hacen los investigadores es si el presidente Santos estaba al tanto de las actividades ilegales de Prieto. Hoy, todas las personas vinculadas a la campaña santista niegan el maridaje criminal de ésta y la empresa Odebrecht.
Pero seguramente, a más de uno se le refrescará la memoria cuando empiecen a ordenarse las primeras capturas contra los miembros de la campaña, por este espeluznante entramado de corrupción.
Publicado: marzo 14 de 2017