La JEP, diseñada para las Farc, obrará motivada por la sed de venganza contra aquellos que enfrentaron a la guerrilla.
Nadie puede emitir juicios de valor contra una persona encarcelada y condenada por un delito que no cometió, que busque la manera de recuperar la libertad.
En Colombia, un amplio sector de la corte suprema de justicia se valió del poder punitivo del Estado para perseguir penalmente a miembros destacados del gobierno del presidente Uribe.
Existen sobradas evidencias de que a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio y al exsecretario general de la presidencia, se les emitió sentencia condenatoria en el marco de la denominada yidispolítica por razones puramente políticas. En un momento dado, el doctor Palacio, sentenciado a 80 meses de prisión, reveló una grabación en la que 5 magistrados de la corte suprema, entre los que se encontraban los integrantes de la sala penal de esa corporación Camilo Tarquino, Leonidas Bustos y Alfredo Gómez Quintero, acuerdan condenar a los funcionarios uribistas “sin salvamentos de voto y por conveniencia política”.
En una democracia, los integrantes de cualquier tribunal, máxime si se trata de la corte suprema, imparten justicia sin valorar motivos exógenos a lo que obre en el expediente. En el caso de los funcionarios uribistas, señalados de haber dado prebendas a congresistas conservadores para efectos de que votaran a favor de la reforma constitucional que introdujo la reelección inmediata del presidente de la República, no existen pruebas reales que indiquen que ellos cometieron cohecho.
Pretelt, Palacio y Velásquez están privados de la libertad y padeciendo la humillación de una condena injusta por el “delito” de haber trabajado para Álvaro Uribe, cuyo gobierno enfrentó de manera directa y sin ambigüedades la politiquería judicial que lideraron algunos magistrados que abusaron del poder de imponer sentencias condenatorias para desatar una infame persecución contra personas afines a la seguridad democrática.
Abundan las sentencias por la denominada parapolítica en las que los procesados por esa corte suprema fueron condenados sin que obrara una sola prueba. Con base en el decir de testigos falsos, decenas de personas que no tuvieron vínculo alguno con estructuras del paramilitarismo, resultaron sentenciadas, liquidando su buen nombre y, de paso, sus respectivas carreras políticas.
Recientemente, Diego Palacio ratificó que si encuentra garantías, llevaría su caso a la justicia especial de paz. Lo que el exministro de protección social pretende es que se haga una revisión de su sentencia, a la luz del derecho y sin ningún tipo de sesgo político.
Pero más se demoró Palacio en hacer el planteamiento que el abogado de las Farc, Enrique Santiago en insinuar que detrás de la reelección del presidente Uribe hubo una suerte de empresa criminal. En entrevista con la emisora W Radio, el alevoso apoderado de las Farc aseveró que “podría existir un nexo entre el conflicto y los sucesos relativos a la yidispolítica. Es un caso de clara corrupción política no con fines lucrativos, sino con el fin de garantizar la reelección del presidente Uribe y de esta forma garantizar la continuidad de la política de seguridad democrática”.
Diego Palacio, Sabas Pretelt y Alberto Velásquez, desde el primer momento han asegurado que no ofrecieron ningún tipo de dádiva para efectos de lograr los votos suficientes que permitieron aprobar el acto legislativo que incorporó la reelección presidencial.
Pero el abogado de las Farc y arquitecto de la JEP, Enrique Santiago, se aprovecha del simple anuncio de Diego Palacio en el sentido de que busca que se revise su sentencia, para concluir que el exministro de protección social de Uribe está reconociendo la comisión de delitos.
La justicia especial de paz es un engendro macabro, diseñado específicamente para revestir de impunidad a los cabecillas de las Farc y a sus cómplices, mientras que aquellos que a lo largo de los años combatieron desde la legitimidad de la democracia a la guerrilla, serán conducidos al banquillo de los acusados para ser sometidos a un juicio que nada tendrá que envidiarle a esos procesos sumarísimos que se adelantaron en los tiempos de la inquisición (Sobre este tema, puede leer “El tribunal fariano de la inquisición”).
El entramado fue hecho a la medida perfecta para cobrar venganza. Por eso, extremistas como Enrique Santiago se frotan las manos a la espera de que al tribunal empiecen a concurrir personas cercanas al uribismo. Una vez ante los jueces afectos a las Farc, les leerán una larga lista de “delitos”, muchos de ellos de lesa humanidad, para efectos de que, atemorizados por el prontuario, empiecen a confesar crímenes que jamás han cometido.
Algo similar pretenderán hacer con los funcionarios condenados por la yidispolítica a quienes no se les ha concedido el principio universal de la segunda instancia. Agobiados por el injusto y oprobioso encierro, buscan que en la JEP revisen sus sentencias.
Lo que no saben es que si la corte suprema obró motivada por razones políticas al momento de impartir su sentencia condenatoria, la JEP estará motivada por razones de corte ideológico y revanchista.
Lo que resulta infinitamente contradictorio es que el gobierno pretenda hacer creer que con esa justicia canalla se construirá en Colombia una paz “estable y duradera”.
Publicado: febrero 21 de 2017