El Centro Democrático no propondrá revocar los acuerdos con Farc, pero luchará para introducir los ajustes que taponen el camino castro-chavista.
Apoyo a desmovilizados de base y a víctimas pero: impunidad y elegibilidad de delitos atroces, riesgo castro-chavista, precedente de desconocimiento del plebiscito y abuso de Fast Track: conductas que invitan a la corrupción.
Que quede claro: apoyamos la reinserción generosa de los guerrilleros de base.
«Qué peligro el Centro Democrático que quiere revocar el acuerdo con Farc», es la advertencia del Gobierno y del doctor De la Calle, uno de sus candidatos.
Parecen especializados en la arquitectura de destrucción del Estado Democrático. Qué la Constitución de 1991 trajo aspectos positivos, no se puede negar, y también malos como el gigantismo burocrático, la atomización politiquera de la justicia, la profesionalización económica de la política, los derechos de prestaciones económicas que parecerían, según algunos intérpretes, no tener topes de costos, y otros.
No olvidaré que Carlos Gaviria, mi admirado profesor y respetado contradictor, dijo a algunos de mis compañeros, que no aceptaba ser candidato a la Constituyente por la manera como se había convocado y porque la Constitución de 1886 estaba sin aplicar.
La Constituyente fue convocada por un decreto de Estado de Sitio, finalmente declarado exequible por la misma Corte que había decretado la inexequibilidad de la Constituyente del Presidente López Michelsen, que debió reformar la justicia y el régimen territorial, y de la Reforma Constitucional del Presidente Turbay, que anticipó algunos aspectos de la Constitución de 1991. Todavía asombra que el Decreto de Estado de Sitio pasara el examen de constitucionalidad y no así lo aprobado juiciosamente por los congresos de la época.
Con el Decreto de Estado de Sitio se creó un precedente de riesgo a la democracia, mitigado por el buen juicio de la mayoría de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.
Los arquitectos del riesgo institucional de entonces son los mismos que ahora, en asocio con Farc, se han inventado la manera de conceder impunidad y elegibilidad política a los responsables de delitos atroces, han convertido al narcotráfico en delito político, han inspirado el desconocimiento del Plebiscito y quieren hacer del Fast Track un poder para dictar normas sobre lo humano y lo divino.
Estos arquitectos del riesgo institucional han tenido la ayuda de la Corte Constitucional, que les dijo que no necesitaban otro plebiscito, sentencia que a los del No también nos alegró el oido con la sugerencia de que se podía convocar.
El Centro Democrático tiene claro que hay que proteger y dar todas las oportunidades a los guerrilleros de base desmovilizados, además que la protección de las victimas quedó a medio camino.
Sin embargo, la opinión pública debe considerar que hay reparos muy importantes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Procuraduría y de la Fiscalía, que se suman a los puntos fundamentales que le desconocieron a los votantes del No.
Según el Gobierno y el doctor De la Calle tendremos que aceptar la sustitución de la justicia por magistrados de su militancia política; que sus fallos no se puedan revisar por la justicia ordinaria; que para los cabecillas de Farc el narcotráfico sea delito político a pesar que a futuro se le legisle como delito atroz; que para los responsables de crímenes de lesa humanidad, como el secuestro de menores, las sanciones sean risibles, peor que simbólicas, e inaplicables debido a la elegibilidad simultánea; que jueguen con el respeto a los niños; que la farc-política quede impune y los extorsionados del paramilitarismo en la cárcel; que se nieguen los derechos a nuestras Fuerzas Armadas democráticas; que se desconoció el Plebiscito pero que todo el acuerdo sea Bloque de Constitucionalidad durante tres gobiernos; que en nombre de la paz con Farc nos vayan conduciendo a una economía privada anémica, de grados chavistas; que los inventos del Fast Track y las excusas para desconocer el Plebiscito, además del grave precedente que generan, sirvan de soporte para cambiar cuanto se les ocurra del ordenamiento estatal. Etc…
Y el Gobierno y sus asesores, tan temerosos de la Farc como de Maduro, en lugar de introducir ajustes, de aceptar reclamos lógicos, pretenden crear pánico contra el Centro Democrático.
Nunca se pensó en la disminuida Farc, que el Gobierno que en 2010 se eligió para completar su desarticulación y la del narcoterrorismo, procediera como su escribano.
El Centro Democrático no propondrá revocar los acuerdos con Farc, pero luchará para introducir los ajustes que taponen el camino castro-chavista.
Publicado: Febrero 20 de 2017