El doctor Néstor Humberto Martínez es sin duda uno de los abogados más brillantes del país. Ya en julio pasado habíamos destacado en este mismo espacio sus calidades como jurista y persona.
Sin embargo, el manejo que le ha dado al tema del ingreso de un millón de dólares de la polémica firma brasileña Odebrecht a la campaña en 2014 del candidato-presidente Juan Manuel Santos no ha sido el mejor y eso demuestra que hasta los mejores se equivocan.
En la tarde del martes, Martínez entregó unas históricas declaraciones a la prensa y, entre las muchas otras cosas que reveló sobre el sonado escándalo, aseguró: “Se ha establecido que de dicho monto (USD$ 4,6 millones de dólares), el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de USD $ 1 millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña ‘Santos Presidente-2014’. Martínez hizo hincapié en que del millón de dólares se habría descontado una comisión por el 10% “a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía”.
Entonces fue Troya. Desde diversos sectores de la vida política colombiana, con razón, se solicitó la renuncia del doctor Santos, quien, no sobra recordar, es el actual premio Nobel de Paz (esa distinción, aunque en literatura, solo la ha obtenido otro colombiano: un tal Gabriel García Márquez).
Pero al día siguiente (miércoles), muy temprano, un pensativo fiscal Martínez citó a una rueda para supuestamente aclarar lo que pocas horas antes les había dicho a los mismos periodistas.
Aunque todo el mundo habló de una monumental reculada por parte del jefe del ente investigador, yo creo que ésta no fue de las proporciones que quieren hacer ver los amigos de la mermelada.
Veamos: ciertamente el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad legal para investigar las platas que ingresan a las campañas políticas –en este caso léase la del doctor Santos– y de ahí que la Fiscalía hubiera compulsado copias de su interesante investigación.
Hasta ahí todo bien.
Lo que le faltó al fiscal general fue decir que, al margen de la compulsa al inútil y politizado Consejo Nacional Electoral, la entidad a su cargo seguiría investigando los aparentes perseguibles en los que pudieron haber incurrido uno o más integrantes de la campaña del doctor Santos, esto es, lavado de activos, sobornos y, por qué no, un eventual concierto para delinquir.
Eso era todo.
Pero no, el doctor Martínez al parecer se ahogó en un vaso de agua y, extrañamente para un hombre de sus capacidades, acudió a circunloquios y se enredó para decir lo más importante e incontrovertible: que la Fiscalía tiene la declaración del cuestionado excongresista Otto Bula en la que asegura haber hecho llegar a la campaña del doctor Santos un millón de dólares por la mordida que Odebrecht pagó para que le entregaran el millonario contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.
Y ojo –esto es bueno que lo lean los defensores y amigos del señor presidente–: el fiscal general reiteró en la rueda de prensa del miércoles que Bula tramitó en 2014 dos giros hacia Colombia, monetizados en su momento, por un millón de dólares.
Más claro no canta un gallo. Amén de lo que quiera o pueda hacer la Fiscalía con Otto Bula, Roberto Prieto (exgerente de la campaña del doctor Santos) y Andrés Giraldo (amigo de Prieto), aquí hay un elemento contundente: que un sucio millón de dólares ingresó a la campaña del doctor Santos en 2014. Eso ya lo tiene claro el país y eso es lo importante. Lo demás es carreta.
¿El señor presidente sabía? Aunque en el mundo estamos, uno quisiera creer que no porque se trata de un Nobel de Paz. Nadie alcanza a imaginarse a Mandela, a Martin Luther King o a la Madre Teresa de Calcuta en ese tipo de vueltas. Pero, repito, en el mundo estamos y lo que nos falta por ver.
Nos falta por ver, por ejemplo, qué explicaciones entregará la ex ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa –hoy viernes en la Procuraduría y mañana sábado en la Fiscalía– sobre su participación en el espinoso tema de la vía Ocaña-Gamarra.
Como se sabe, con esa obra que valió 900.000 millones de pesos (312,5 millones dólares) terminó favorecida la familia de la también ex ministra Gina Parody, quien –como es de público conocimiento– es la pareja de la doctora Álvarez.
Yo espero que una mujer tan notable como la exministra Álvarez no vaya a empezar a alegar ante los organismos de control que es víctima de persecución por su respetabilísima orientación sexual. Que no le vaya a dar de nuevo por argumentar que el ex presidente Álvaro Uribe la odia a ella y también a la doctora Parody y que de ahí todos los cuestionamientos en su contra.
Aquí no se trata, doctora Álvarez, de posverdades. Aquí lo que se trata es de buscar una verdad: ¿por qué con la construcción de la vía Ocaña-Gamarra la familia Parody (su familia) quedó más rica de lo que siempre ha sido? Colombia entera está segura de que usted no se va a enredar ni se va a dejar enredar para contestar algo tan sencillo.
Publicado: febrero 10 de 2017