No deja de ser escalofriante el relato de la mujer que fue prostituida por Petro, cuyos servicios sexuales fueron pagados a través de contratos con el Estado.
Ese modus operandi de la extrema izquierda no es exclusivo de Colombia.
En España, hubo un caso idéntico cuyo protagonista, paradójicamente, es un amigote de Petro.
Se trata de José Luis Ábalos, hasta hace poco uno de los hombres fuertes del socialismo español y, sin lugar a dudas, el principal artífice de la llegada del corruptazo Pedro Sánchez al poder.
Ábalos, un antiguo comunista que en los años 80 del siglo pasado anduvo delinquiendo en Colombia de la mano del M-19, banda en la que era reconocido como el «comandante Ábalos», hace poco fue condenado a 24 años y tres meses de prisión por delitos de corrupción.
Cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia de gobierno, nombró a Ábalos como su ministro de Transporte, una de las carteras con mayor presupuesto de España, con más de 16 mil millones de euros al año.
Ábalos hizo y deshizo, como Petro. Robó a manos llenas, como Petro. Organizó orgías donde abundaban el alcohol y las drogas, como Petro. Y pagó meretrices por medio de contratos con el Estado, como Petro.
También, como Petro, aseguraba que «soy feminista porque soy socialista».
Antes de ir a prisión, en una entrevista en televisión negó haber financiado con contratos públicos su vida licenciosa y sus gastos de lenocinio, sosteniendo que era un hombre atractivo que no necesitaba pagar por sexo. Petro también ha dicho lo mismo.
Donde Petros deja muy atrás a Ábalos es en la contratación de hetairas con cargo a empresas públicas. El español favoreció a cuatro; el «harén de furcias» de Petro supera a las cuarenta.
Entre 2022 y 2026, el Petrismo convirtió al Estado colombiano en un burdel. Las entidades se inundaron de rameras y rateros, de cantoneras y cuatreros, de furcias y fulleros, y de golfas y bandoleros.
Todo esto está muy lejos de ser un escándalo menor o una intromisión morbosa en la vida privada de Petro.
Lo que está en juego es algo infinitamente más grave: la dignidad de la Presidencia de la República. Quien ocupa ese cargo no deja de tener vida privada, pero eso no lo habilita para utilizar el poder, los recursos o las entidades para financiar conductas que degradan la investidura presidencial.
Si desde la Presidencia se utilizaron contratos públicos para sostener ese mundo de excesos, el problema dejó de pertenecer a la intimidad del gobernante y pasó directamente al terreno de la responsabilidad política y legal.
El Congreso debe iniciar cuanto antes un juicio contra Petro por indignidad. La Constitución no creó esa figura como un adorno, sino para impedir que quien envilece la más alta magistratura del país quede impune.
En el pasado, el Congreso declaró indigno por mala conducta al usurpador corrupto Rojas Pinilla.
Hoy, el Legislativo, nuevamente tiene ante sí el deber de establecer si Petro mancilló de tal manera la Presidencia que merece la misma sanción política que en el pasado le fue impuesta al chafarote golpista.
Las sanciones penales tendrán que llegar. Pero lo primero es que la República diga, con toda claridad, que la Presidencia de Colombia no es un lupanar, ni una caja menor para pagar los sucios servicios de unas callejeras.
Publicado: octubre 25 de 2026