España se encuentra ante una elección definitiva. En palabras de Isabel Díaz Ayuso, el país ibérico deberá escoger entre el comunismo y la libertad.
De cara a las próximas elecciones recientemente convocadas, la derecha afronta un problema que no debería necesitar demasiadas explicaciones: en 2023 ganó las elecciones, pero perdió el poder. PP y Vox sumaron 170 escaños, se quedaron a seis de la mayoría absoluta y la incapacidad de articular una fórmula suficiente permitió que Pedro Sánchez reuniera después los apoyos necesarios para continuar en La Moncloa.
La primera lección que deja aquella experiencia es demoledora. No sirve de mucho que PP y Vox conviertan la campaña en una guerra destinada a destruirse mutuamente si, cerradas las urnas, pueden terminar necesitándose para formar gobierno. Tampoco tiene sentido fingir que la realidad demoscópica no existe. Vox ya no ocupa la posición que tenía hace algunos años y su crecimiento obliga al PP a asumir que una eventual mayoría de derechas puede depender de algún tipo de entendimiento entre ambas formaciones.
Hay además una realidad que muchos de sus adversarios no han querido aceptar y por ello no deja de ser cierta: Pedro Sánchez conserva una base electoral muy importante. Después de años de escándalos, investigaciones judiciales, desgaste parlamentario y acuerdos moralmente inaceptables –con el brazo político de ETA y con el partido del prófugo Carles Puigdemont–, una parte considerable de los españoles continúa respaldando al PSOE. Creer que el sanchismo desaparecerá simplemente por acumulación de escándalos sería repetir uno de los errores de 2023.
Ahí está el verdadero problema estratégico para la derecha española de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. Si PP y Vox emplean la campaña exclusivamente en arrancarse votos, Sánchez volverá a encontrarse con el escenario que mejor conoce. Ya ocurrió una vez: mientras la derecha discutía quién era demasiado tibio y quién demasiado radical, el PSOE consiguió movilizar a su electorado, sumar apoyos parlamentarios extraordinariamente heterogéneos y mantenerse en el poder.
Alberto Núñez Feijóo tendrá que asumir que la aritmética parlamentaria no funciona con preferencias personales. Si las urnas producen una mayoría conjunta de PP y Vox, la formación de gobierno dependerá de la capacidad de ambas fuerzas para entenderse. Y si Vox continúa aumentando su representación, ese crecimiento tendrá consecuencias políticas inevitables que ningún cálculo partidista podrá borrar.
Santiago Abascal afronta exactamente el mismo problema desde el otro lado. Vox puede crecer, disputar espacio al PP y ampliar considerablemente su peso parlamentario, pero después deberá decidir cómo utiliza ese mandato popular. Una cosa es competir durante una campaña y otra convertir cada diferencia con el PP en una imposibilidad permanente de acuerdo.
La experiencia de 2023 debería pesar mucho más que cualquier entusiasmo provocado por las encuestas. Entonces la derecha obtuvo más diputados que la izquierda, pero no consiguió formar gobierno. Sánchez, en cambio, reunió los apoyos suficientes entre socialistas, fuerzas de izquierda, nacionalistas e independentistas y consiguió prolongar su mandato.
España entra ahora en otra campaña con una izquierda más fragmentada, un socialismo desgastado y una derecha que evidentemente fortalecida. Pero ninguna ventaja previa sustituye al resultado de las urnas y ningún resultado electoral garantiza, por sí mismo, una investidura.
Eso es exactamente lo que ocurrió en 2023.
PP y Vox pueden competir con toda la dureza que quieran por el mismo espacio electoral. Lo que no pueden ignorar es que, después de las elecciones, volverán a encontrarse frente a una aritmética que no entiende de orgullos, agravios ni complejos.
España ya comprobó una vez lo que ocurre cuando esa realidad se desprecia. Repetir el mismo error tendría exactamente las mismas consecuencias y España perderá la poca libertad democrática que le queda. Ese país no aguanta un nuevo gobierno del corrupto Pedro Sánchez.
Publicado: octubre 6 de 2026