Javier Giraldo Moreno, sacerdote jesuita, acaba de fallecer. Desde los sectores más radicales del espectro social-comunista se han oído expresiones de dolor. Es natural: el padre Giraldo fue la expresión más extrema del radicalismo marxista, y lo ejerció desde la revista Noche y Niebla y desde libros como The Genocidal Democracy —prologado por Noam Chomsky, el lingüista que relativizó el genocidio de Pol Pot en Camboya—, Guerra o democracia, El paramilitarismo en Colombia, Toga o fusil, En las entrañas del genocidio, Jadeos desde el fondo del lodazal, Revisión de episodios del genocidio estructural y varios textos de hagiografía del guerrillero —sacerdote católico, como él— Camilo Torres.
Álvaro Uribe lo calificó, con razón, de «idiota útil» de las guerrillas comunistas cuando Giraldo, con arbitrariedad y desprecio, le atribuyó la arquitectura de una paramilitarización de Estado. Camilo Torres y el ELN fueron su brújula pública. Los unía haber sustituido el Evangelio por la “lucha armada”.
Giraldo dedicó décadas a buscar los restos del guerrillero Camilo Torres. En TeleSUR, canal oficial del chavismo venezolano, se preció de que esa empresa «era un hito que no me pertenece a mí, sino al pueblo colombiano». En Desde Abajo (2023) presentó al ELN como un grupo que no busca tomar el poder, ni fundar un partido, ni obtener curules, ni negociar la entrega de armas a cambio de prebendas: busca un «cambio social». Confesó haber ido dos veces a la mesa de Quito a reunirse con la cúpula de esa organización terrorista. En Revista Raya (2024) dejó esta cita literal: «La conciencia del Comando Central (COCE) del ELN siempre fue que están frente a un enemigo de clase, un enemigo que no va a ceder en nada porque nos considera demonios.» Uso el “nos”, vaya usted a saber por qué.
Intentó filosofar sobre legitimidad y legalidad de la fuerza para descalificar la del Estado y ennoblecer la de los terroristas. En Discernimientos en torno al Derecho a la Rebelión (javiergiraldo.org) sostuvo que si el Estado incumple de modo «grave, prolongado y generalizado» la protección igual de derechos, se disuelven los vínculos con la ciudadanía y se activa un derecho “remedial” de rebelión. El portal Verdad Abierta resumió así su aporte a la Comisión de la Verdad: la insurgencia es un acto de rebeldía ante un Estado que no garantiza tierra, comida, vivienda, trabajo ni la vida. Siempre defendió que las Farc, el ELN, el ADO y el M-19 eran respuesta a la concentración de la tierra y al incumplimiento estatal.
Mantuvo una actitud agresiva y confrontativa contra las Fuerzas Armadas, la Policía y, en particular, contra el presidente Uribe, a quien nunca perdonó la decisión de enfrentar a los violentos hasta llevarlos a prisión o darlos de baja. Decía que ellos «no combaten al paramilitarismo; lo engendran o lo encubren». Tan radical era su opción por los guerrilleros que en 2004 declaró a Página/12 —texto que reprodujo Justicia y Paz—: «El gobierno de Uribe ha trazado una estrategia de paramilitarización muy sutil: la seguridad democrática.» Insultó a los millones de colombianos inscritos en las redes de cooperantes, afirmando que eran la vía «legal» de meter civiles en la guerra.
En entrevista para PBI/Argenpress afirmó que el gobierno Uribe había dado «estatus político al narcotráfico y el paramilitarismo» y llamó «ficticias» las desmovilizaciones de Justicia y Paz. El 6 de septiembre de 2010 escribió a los jesuitas de Georgetown para que desinvitaran al presidente Uribe como catedrático. Giraldo amaba su libertad para expresar adhesión a la guerrilla revolucionaria, pero pedía censura moral —y material— contra Uribe, a quien nunca perdonó haber “maltratado” a la guerrilla marxista colombiana. Ese documento es, tal vez, la mayor apología de la “justicia en la causa” de la guerrilla.
Giraldo deja en el Cinep un archivo coherente. En él, Camilo Torres es faro de decencia; el ELN, el actor político que no cambia el fusil por curules; las Fuerzas Armadas, una trama de connivencia paramilitar; Uribe, quien habría sutilizado esa trama bajo el nombre de Seguridad Democrática; y la violencia armada de abajo, no un crimen, sino un derecho de rebelión porque —a su juicio— el Estado incumple de modo grave, prolongado y generalizado sus obligaciones.