Una de las mejores noticias de las primeras semanas del gobierno de Abelardo De La Espriella es la decisión de retomar la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. Después de más de una década de vacilaciones, excusas, cobardías y concesiones a quienes viven del narcotráfico, el Estado colombiano vuelve a entender que si se quiere derrotar a las organizaciones terroristas hay que empezar por destruir la principal fuente de financiación que les permite comprar armas, reclutar hombres, corromper funcionarios, controlar territorios y sembrar el terror entre millones de colombianos.
La fumigación aérea fue suspendida durante el gobierno de Juan Manuel Santos en 2015, en plena negociación con las Farc en La Habana y formalmente bajo argumentos relacionados con el principio de precaución y los posibles efectos del glifosato. Esa decisión terminó convertida en una extraordinaria concesión para el narcotráfico. Los sembrados de coca quedaron liberados de una de las herramientas más eficaces que tenía el Estado para destruirlos y las organizaciones criminales encontraron enormes extensiones de territorio en las que podían cultivar la materia prima de su negocio con riesgos cada vez menores.
Después llegó el tibio y pusilánime Iván Duque, quien habló mucho de restablecer la aspersión, pero nunca tuvo el carácter suficiente para hacerlo. Pasaron cuatro años entre anuncios, trámites, explicaciones y promesas mientras la coca continuaba creciendo y las estructuras narcoterroristas engordaban sus finanzas.
Luego vino Petro y ocurrió exactamente lo que cabía esperar de un régimen que convirtió a narcotraficantes y terroristas en interlocutores privilegiados del Estado: los cultivos ilícitos alcanzaron dimensiones monstruosas y Colombia volvió a aparecer ante el mundo como la gran fábrica de cocaína del planeta.
De La Espriella ha decidido empezar a quebrarle el espinazo a esos cultivos malditos. El Gobierno prepara un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, una alternativa al glifosato con la que pretende cumplir las exigencias de la Corte Constitucional y demostrar que es posible destruir la coca sin afectar la salud humana ni el medio ambiente.
Es exactamente lo que había que hacer: encontrar la herramienta jurídicamente viable, científicamente segura y operacionalmente eficaz que permita regresar cuanto antes a la fumigación aérea.
No hay que olvidar lo que representan esos sembrados. Cada hectárea de coca es dinero para las estructuras que asesinan soldados, atacan estaciones de Policía, extorsionan comerciantes, secuestran ciudadanos y someten poblaciones enteras. La coca no es un problema agrícola ni una manifestación pintoresca de la pobreza rural, como durante tantos años pretendieron presentarla los alcahuetes ideológicos del narcotráfico. Es la materia prima de una industria criminal que ha llenado de sangre a Colombia y que hoy financia buena parte de las organizaciones terroristas que el Estado tiene la obligación de destruir.
La decisión de fumigar confirma, además, que algo esencial está cambiando en Colombia. En pocas semanas el nuevo Gobierno ha reactivado extradiciones, aumentado la presión sobre las organizaciones narcotraficantes, golpeado laboratorios y bienes de las mafias y anunciado que volverá a atacar desde el aire los sembrados que alimentan toda la cadena criminal. No hay melosería, no hay contemplaciones y tampoco parece existir el menor interés en ganarse la simpatía de quienes viven de la coca.
Durante demasiados años Colombia permitió que el narcotráfico escogiera las condiciones en las que quería ser combatido.
Eso se acabó.
Publicado: agosto 31 de 2026