Colombia empieza a sentir que vuelve la seguridad. No porque hayan desaparecido los grupos criminales ni porque el país haya dejado atrás, de un día para otro, los efectos de cuatro años de permisividad y abandono, sino porque desde la Presidencia de la República se ha recuperado algo elemental que estuvo ausente: la decisión de combatir a los terroristas como lo que son, sin eufemismos, sin contemplaciones y sin esa melosería con la que el gobierno anterior pretendió convertir a delincuentes sanguinarios en inofensivos interlocutores políticos.
El cambio comienza por el lenguaje, pero no se queda en las palabras. El presidente ha llamado terroristas a los terroristas y ha dejado claro que el Estado no volverá a ofrecerles ventajas a quienes asesinan, secuestran, extorsionan, trafican drogas y someten poblaciones enteras mediante la intimidación.
También se ha reactivado la extradición hacia los Estados Unidos de peligrosos narcotraficantes y delincuentes que durante los últimos cuatro años encontraron en Colombia la complicidad oficial para financiar, organizar y sostener buena parte de las estructuras responsables de la violencia y la criminalidad que padecen numerosas regiones del país.
En resumen, el Estado vuelve a estar del lado de quienes cumplen la ley. Los criminales tienen que saber que se terminó la época en la que podían negociar mientras seguían delinquiendo, fortalecerse mientras hablaban de «paz» y utilizar las concesiones oficiales para ampliar sus economías ilegales y su control territorial. La autoridad va más allá de pronunciar discursos severos, sino en hacer sentir a quienes desafían la ley que sus actos tendrán consecuencias.
La tragedia provocada por el terremoto exigió una movilización inmediata del Estado para atender a los muertos, los damnificados y las regiones golpeadas, pero no paralizó al Ejecutivo ni convirtió la emergencia en una excusa para aplazar las demás responsabilidades nacionales. Mientras se atiende una verdadera tragedia humanitaria, el gobierno ha seguido tomando decisiones, ejerciendo autoridad y poniendo en marcha las medidas necesarias para recuperar la seguridad.
Colombia necesita volver a ser el país seguro que alguna vez fue. Sin seguridad no hay inversión, no hay crecimiento sostenible, no hay empleo suficiente y no existe tranquilidad para que las familias puedan construir su futuro.
La recuperación económica y la prosperidad social dependen, en buena medida, de que el ciudadano, el empresario, el campesino y el comerciante sepan que el Estado es capaz de protegerlos.
Todavía falta muchísimo por hacer y los enemigos de Colombia conservan un enorme poder criminal. Pero ya existe una diferencia fundamental: volvieron la autoridad, la decisión y la voluntad de combatir.
Y eso empieza a sentirse.
Publicado: agosto 27 de 2026