Ha pasado un año desde el asesinato de Miguel Uribe Turbay y Colombia sigue teniendo una deuda inmensa con su memoria. No basta recordarlo, pronunciar su nombre en homenajes o repetir las imágenes de aquel dirigente joven, inteligente y valeroso que recorría el país defendiendo sus ideas con una pasión que nunca necesitó de la violencia ni del odio.
A Miguel se le honra esclareciendo hasta las últimas consecuencias quiénes concibieron, financiaron, organizaron y ejecutaron el crimen que le arrebató la vida y que privó a Colombia de uno de los dirigentes con mayor futuro de su generación.
El presidente Abelardo De La Espriella lo recordó en su discurso de posesión con una frase que resume la monstruosa paradoja que rodea este asesinato: Miguel Uribe fue asesinado por los «interlocutores de Petro». Esa sola circunstancia obliga a que la investigación llegue mucho más lejos de los sicarios, los intermediarios y los encargados de la operación criminal. Colombia necesita saber quién dio la orden, quién pagó, qué intereses fueron protegidos con su muerte y hasta dónde llegaron las responsabilidades de quienes, desde el poder, crearon durante cuatro años un ambiente de hostilidad permanente contra la oposición.
Por eso es repugnante el cinismo de Gustavo Petro cuando, durante su último discurso de instalación del Congreso, aseguró que bajo su gobierno ningún opositor había sido asesinado.
Miguel fue baleado mientras hacía política, mientras recorría las calles, mientras ejercía precisamente el derecho de oponerse al gobierno. Pretender borrar semejante crimen mediante una constituye una última afrenta contra su memoria y contra una familia que desde siempre ha pagado el insoportable precio de la violencia colombiana.
Miguel terminó siendo el símbolo más doloroso del odio que durante cuatro años fue alimentado contra quienes se opusieron al petrismo. La investigación judicial deberá establecer la totalidad de las responsabilidades penales y esclarecer si detrás de su asesinato existieron actuaciones o complicidades provenientes del aparato estatal; políticamente, sin embargo, Colombia tiene el derecho y el deber de preguntarse cómo fue posible que un dirigente de oposición terminara asesinado en un país cuyo gobierno había dedicado buena parte de su tiempo a estigmatizar a sus contradictores y a concederles tratamiento político a organizaciones dedicadas al narcotráfico y al terrorismo.
Pero sería mezquino reducir el recuerdo de Miguel exclusivamente a las circunstancias atroces de su muerte. Colombia perdió a un hombre extraordinariamente preparado, a un dirigente decente, a un padre de familia y a un político que entendía el servicio público desde la libertad, el respeto por las instituciones y el amor profundo por su país. Su asesinato no fue solamente una tragedia para el Centro Democrático ni su memoria pertenece exclusivamente a ese partido. Uribe Turbay pertenece hoy a todos los colombianos que creen en la democracia, a quienes se niegan a aceptar que las ideas puedan ser contestadas con balas y a quienes entienden que la libertad solamente subsiste cuando existen ciudadanos dispuestos a defenderla.
La mejor manera de honrarlo tampoco consiste en levantar estatuas ni en bautizar avenidas. Consiste en impedir que Colombia vuelva a cometer el error histórico de entregar el poder a un proyecto socialista que dividió al país, degradó sus instituciones, fortaleció a los criminales y convirtió al contradictor político en enemigo. Nunca más puede permitirse que desde la Presidencia se estimule el resentimiento como método de gobierno ni que quienes empuñan las armas reciban mayores consideraciones que quienes defienden la Constitución.
Un año después, Miguel Uribe Turbay sigue haciendo falta. Su crimen sigue reclamando verdad, justicia y castigo para todos los responsables, sin importar quiénes sean ni hasta dónde lleguen sus nombres. Colombia podrá decir que honró verdaderamente su memoria el día en que conozca toda la verdad de su asesinato y haya aprendido, para siempre, la lección terrible que dejó su muerte.
Publicado: agosto 11 de 2026