Colombia tiene frente a sí una oportunidad que pocas veces se presentan en la vida de una República. Después de cuatro años en los que el país fue sometido a un proceso de deterioro institucional, pérdida de autoridad, reverdecimiento inaudito de la inseguridad y degradación del ejercicio del poder presidencial, comienza una nueva etapa con la llegada de Abelardo De La Espriella al poder.
No se trata del mero relevo de un gobernante por otro, sino de la posibilidad de corregir el rumbo de una Nación que durante el último cuatrienio vio cómo muchas de las bases sobre las cuales se sostiene una democracia se erosionaron gravemente.
El gobierno que termina deja como principal legado una profunda crisis de confianza en las instituciones. La Presidencia de la República fue utilizada como plataforma para la promoción del odio, las Fuerzas Armadas fueron sometidas a un injusto maltrato mientras los grupos terroristas recuperaron espacios perdidos, la política exterior abandonó durante años los intereses estratégicos de Colombia y el Estado fue convertido en instrumento de una visión ideológica que pretendió reemplazar los valores republicanos por una concepción del poder basada en el odio, el resentimiento y la imposición de una minoría política sobre la mayoría de los colombianos.
Por eso el desafío del nuevo gobierno es de una magnitud extraordinaria. Abelardo De La Espriella no recibe simplemente una administración que debe continuar una tarea previamente iniciada. Recibe la responsabilidad de reconstruir la autoridad del Estado, recuperar la confianza ciudadana y demostrar que la República colombiana tiene todavía la capacidad de defenderse frente a quienes pretenden destruirla desde las economías criminales, desde la corrupción o desde proyectos políticos que menoscaban los principios de la democracia.
La primera gran batalla será contra el terrorismo y el narcotráfico. Colombia no puede continuar bajo la lógica equivocada que durante cuatro años permitió que quienes asesinan, secuestran, extorsionan y trafican drogas fueran tratados como interlocutores privilegiados mientras las víctimas quedaban relegadas y los miembros de la Fuerza Pública fueron acuartelados.
Un Estado digno no puede renunciar a ejercer la autoridad sobre su territorio. La seguridad no es un asunto secundario ni una obsesión del mal llamado «fascismo»; es la condición indispensable para que exista libertad, inversión, desarrollo y tranquilidad para los ciudadanos.
La política de seguridad del nuevo gobierno tendrá que recuperar algo que se perdió: la certeza de que el Estado colombiano está del lado de quienes cumplen la ley y no de quienes la desafían mediante la violencia. Los terroristas deben entender que terminó la época de las concesiones permanentes, de los discursos justificatorios y de las ventajas obtenidas a cambio de mantener estructuras armadas ilegales. Colombia necesita nuevamente una política de seguridad basada en la inteligencia, la capacidad operativa de la Fuerza Pública y la decisión inequívoca de derrotar a quienes quieren someter al país mediante el terrorismo.
La misma determinación tendrá que existir frente a la corrupción. El nuevo gobierno abrirá una etapa de absoluta transparencia, estableciendo que quienes utilizaron el poder durante los últimos cuatro años para favorecer intereses particulares, enriquecer amigos o saquear los recursos públicos tendrán que responder ante la justicia.
Colombia no puede aceptar que los responsables del mayor deterioro ético de la administración pública reciente terminen protegidos por la impunidad o por el simple transcurso del tiempo. La recuperación moral del Estado exige que cada peso perdido sea investigado y que cada responsable enfrente las consecuencias de sus actos.
En materia internacional, Colombia deberá recuperar una posición acorde con su importancia regional. La relación con Estados Unidos volverá a ocupar el lugar estratégico que históricamente ha tenido, no solamente por razones comerciales, sino por la cooperación fundamental en seguridad, lucha contra el narcotráfico y defensa de la estabilidad democrática del continente.
De igual manera, la relación con Israel debe reconstruirse sobre la base de intereses comunes, cooperación tecnológica y respeto por una alianza que durante décadas fue fundamental para Colombia en áreas esenciales de seguridad y desarrollo.
La política exterior dejará de ser el reflejo de las preferencias ideológicas del gobernante de turno, sino una herramienta al servicio de los intereses permanentes de la Nación.
Sin embargo, la tarea más trascendental del nuevo gobierno será reparar el daño institucional causado durante el petrismo. Los problemas que deja el gobierno anterior no se limitan a los escándalos de corrupción, al deterioro de la seguridad o a las dificultades económicas. El daño más profundo está en haber intentado modificar la relación entre el poder y las instituciones, en haber debilitado el principio de autoridad, en haber cuestionado permanentemente los controles propios de una democracia y en haber pretendido que la voluntad presidencial estuviera por encima de las reglas que garantizan la estabilidad republicana.
Abelardo De La Espriella tiene ante sí una responsabilidad histórica. Colombia no espera únicamente una administración eficiente; espera un gobierno capaz de devolverle al país la confianza perdida, de reconstruir el respeto por la autoridad, de proteger a quienes defienden la Nación y de demostrar que la política puede volver a estar al servicio del bien común y no de intereses particulares.
Después de cuatro años de deterioro, Colombia vuelve a tener la posibilidad de recuperar su rumbo. La nueva etapa que comienza tendrá que demostrar que las instituciones republicanas son más fuertes que cualquier proyecto personal y que una Nación que recupera la autoridad, la confianza y la dignidad puede volver a construir un futuro de grandeza.
Publicado: agosto 10 de 2026