La victoria del presidente electo Abelardo De La Espriella es incontrovertible. Y en democracia no se gana por mucho o por poco: se gana o se pierde. La mayoría de los colombianos acudió a las urnas y decidió confiarle el destino de la nación a Abelardo De La Espriella. Ese veredicto popular debe ser respetado sin ambages ni artificios.
Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto insistente el llamado a un supuesto «acuerdo nacional». La expresión, en principio, resulta loable. Toda democracia necesita consensos básicos y espacios de entendimiento. No obstante, antes de adherir acríticamente a esa consigna, resulta esencial formular una pregunta elemental: ¿acuerdo nacional con quién y para qué?
En su primera intervención como presidente electo, el doctor De La Espriella dejó claro que en esta contienda no hay vencedores ni vencidos. Con ello estableció un principio fundamental: gobernará para todos los colombianos, incluidos, por supuesto, aquellos que optaron por la candidatura del marxista Cepeda.
Habrá garantías plenas tanto para quienes respaldaron el proyecto político triunfador como para quienes decidieron apoyar la propuesta derrotada. Así debe ocurrir en toda democracia auténtica. El ejercicio de la oposición no solo será respetado, sino protegido, pues constituye uno de los pilares esenciales del sistema democrático.
Sin embargo, garantizar el derecho a la oposición no significa renunciar al mandato recibido en las urnas. Tampoco supone modificar el programa de gobierno que obtuvo el respaldo mayoritario de los colombianos. Abelardo De La Espriella gobernará para todos, pero lo hará desde la visión de país que presentó durante la campaña y que fue refrendada de manera inequívoca por el cuerpo electoral.
Pretender que el vencedor abandone sus convicciones o diluya su programa en nombre de un ambiguo «acuerdo nacional» equivaldría, en la práctica, a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia exige respeto por las minorías, pero también exige respeto por las mayorías.
Buena parte de la esperanza que despertó la candidatura de Abelardo De La Espriella radica precisamente en su promesa de hacer política de una manera diferente. Durante la campaña insistió en la necesidad de abrirles las puertas del Estado a los «nunca»: a aquellos colombianos que jamás han pertenecido a las élites burocráticas, que nunca han disfrutado de las mieles del poder y que históricamente han sido excluidos de las grandes decisiones nacionales.
Si Colombia no ha alcanzado los niveles de desarrollo, prosperidad y seguridad que merece, ello obedece, en buena medida, al fracaso reiterado de los partidos tradicionales y de unas dirigencias que, durante décadas, administraron el Estado sin lograr transformar estructuralmente la nación. Los mismos nombres, las mismas prácticas y, con demasiada frecuencia, los mismos resultados decepcionantes.
Millones de colombianos además de votar por un candidato, lo hicieron por una ruptura con la forma tradicional de ejercer el poder, y por la construcción de una nueva mayoría política sustentada en el mérito, la capacidad y el compromiso con el país, antes que en las cuotas burocráticas, los apellidos de toda la vida o las maquinarias electorales.
Esa promesa deberá materializarse en el ejercicio mismo del gobierno. El país espera que la renovación anunciada no se quede en una simple retórica de campaña, sino que se traduzca en decisiones concretas al momento de conformar el gabinete.
Sobre los hombros del nuevo presidente recae la tarea de conformar un equipo de gobierno integrado por personas de las más altas calidades profesionales, personales y morales, pero, sobre todo, por ciudadanos ajenos a las administraciones anteriores y a los directorios partidistas.
Si la victoria electoral se edificó sobre la consigna de los «nunca», sobre la idea de que Colombia necesitaba abrirle paso a quienes jamás habían gobernado, resultaría contradictorio que, una vez alcanzado el poder, se recurriera precisamente a quienes ya tuvieron la oportunidad de dirigir el Estado y fracasaron en el intento.
Por ello, quizás el verdadero acuerdo nacional no consista en repartir ministerios, burocracia o cuotas de poder entre distintos sectores políticos. El gran acuerdo nacional debe ser mucho más ambicioso: demostrarles a los colombianos que es posible hacer política de una manera distinta y ejercer el gobierno bajo parámetros completamente nuevos.
Eso supone convocar a hombres y mujeres altamente preparados, con solvencia técnica y autoridad moral, pero desvinculados de las administraciones precedentes. Solo así podrá enviarse un mensaje inequívoco tanto a los seguidores como a los opositores: que Colombia ha decidido iniciar una nueva etapa de su vida republicana; que sí es posible renovar la dirigencia nacional y que existen caminos diferentes para lograr que el Estado funcione, que el país avance y que la prosperidad deje de ser una promesa eternamente aplazada.
Ahora bien, la política de reconciliación y apertura propuesta por el presidente electo también se extiende a quienes hoy se encuentran al margen de la ley. Los ilegales igualmente tienen una oportunidad, pero esa oportunidad es una y solo una: entrar en razón, comprender que su tiempo ha terminado, abandonar definitivamente las actividades criminales y acogerse al imperio de la ley.
Si deciden hacerlo, contarán con las garantías propias de un Estado de derecho. Si, por el contrario, persisten en el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y la violencia, sentirán sobre sus hombros todo el peso del Estado colombiano.
A lo largo de toda la campaña, Abelardo De La Espriella fue inequívoco en este punto: la fuerza pública recuperará plenamente la iniciativa y actuará con determinación frente a quienes pretendan desafiar el orden constitucional.
Todos aquellos que permanezcan dentro de la civilidad disfrutarán de todas las oportunidades que ofrece la democracia. Incluso quienes hoy delinquen conservarán unos derechos fundamentales irrenunciables: el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y, por supuesto, el derecho a la vida. Pero nadie debe confundirse. El respeto por las garantías individuales jamás podrá interpretarse como debilidad estatal.
Quienes insistan en la ilegalidad comprenderán muy pronto lo que significa la acción implacable de una fuerza pública fortalecida, respaldada políticamente y decidida a restablecer plenamente la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.
Publicado: junio 25 de 2026