Hay guerras que se pierden en el campo de batalla. Hay otras que se pierden mucho antes —en los despachos, en los pasillos del poder, en las lealtades que se negocian en silencio. Colombia parece estar librando, sin advertirlo del todo, una de estas últimas. No contra un adversario externo, sino contra la podredumbre que ha carcomido las instituciones que debían defenderla.
Cuando Gustavo Petro asumió el poder en agosto de 2022 proclamando un «gobierno del cambio», pocos imaginaban con qué literal fidelidad se cumpliría esa promesa. El Palacio de Nariño se convirtió en epicentro de interceptaciones ilegales; el Ejército, en proveedor involuntario de armamento para grupos criminales; y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en presunta agencia de enlace entre el Estado y las disidencias de las FARC. Rara vez en la historia republicana del país había sido tan difuso el límite entre el gobierno y sus enemigos declarados.
I. El Estado como instrumento privado: el escándalo de las interceptaciones
El detonante fue una niñera. En enero de 2023, Marelbys Meza —empleada doméstica al servicio de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete y figura de mayor poder fáctico en la Casa de Nariño— fue trasladada desde Soacha hasta Bogotá por miembros de la Policía, sin orden judicial, y conducida a la sala de poligrafía ubicada en el sótano del edificio Luis Carlos Galán del Palacio de Nariño. Allí fue sometida durante más de veinte minutos a una prueba de credibilidad para esclarecer el extravío de un maletín con efectivo en el apartamento de Sarabia. No era una operación de seguridad nacional. Era la instrumentalización del aparato estatal para resolver un litigio doméstico.
Lo que vino después fue aún más revelador. La Dijín de la Policía interceptó ilegalmente los teléfonos de Meza y de otra empleada, Fabiola Perea, fabricando informes que las vinculaban falsamente al Clan del Golfo: a Meza le adjudicaron el alias «La Cocinera», supuesta testaferro del capo conocido como alias Siopas. Les construyeron identidades criminales para justificar el espionaje. El entonces fiscal general Francisco Barbosa fue categórico: «Las chuzadas han retornado a Colombia. Esto nos pone en las épocas más negras de la historia judicial del país.» Varios uniformados fueron condenados por estas conductas. Pero la pregunta que Colombia nunca respondió con certeza —quién impartió la orden— permanece abierta. La investigación contra la propia Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, continúa su curso ante la Fiscalía.
Esta fue la primera lección del petrismo en materia de seguridad: el poder que prometía liquidar el Estado depredador reproducía sus peores vicios a los pocos meses de instalarse.
II. El arsenal dilapidado: corrupción estructural en la cúpula castrense
Mientras el país escrutaba el escándalo de las interceptaciones, en los cuarteles ocurría algo igualmente perturbador. En 2024, el propio presidente Petro denunció públicamente el presunto desfase de aproximadamente un millón de artefactos militares —misiles, granadas RPG, municiones— sustraídos de los cantones de Tolemaida y La Guajira. El Ejército debió matizar las cifras presidenciales, pero la rectificación no borró la sustancia del problema: armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Militares estaba llegando a manos de grupos armados organizados.
No fue un episodio aislado. En 2025, la Fiscalía desmanteló redes de tráfico de armas con soldados activos involucrados. La Inspección del Ejército reveló, además, un desfalco superior a los 66.000 millones de pesos en contratos de infraestructura militar adjudicados entre 2023 y 2024: obras fantasma, anticipos millonarios sin respaldo documental, cesiones irregulares de contratos. El caso más emblemático es el de la piscina olímpica en el Fuerte Militar de Tolemaida —contratada en 2023 por más de 8.369 millones de pesos, con un anticipo de más de 4.000 millones sin soportes verificables— que a mayo de 2026 aún no ha sido concluida. La metáfora es perfecta: una institución que nada en el derroche mientras se ahoga en el descrédito.
Sobre la misma trama gravitaba la figura de un teniente coronel del Batallón de Ingenieros N.° 23 enviado a prisión por extorsionar a 37 soldados bajo su mando; y, de manera más grave, investigaciones que salpicaban a generales activos por contratos irregulares por miles de millones de pesos. El Ministerio de Defensa radicó en febrero de 2025 una denuncia penal ante la Fiscalía por falsedad ideológica, contratos irregulares y defraudación tributaria. La Inspección General de las Fuerzas Militares recomendó evaluar la responsabilidad de al menos un general por omisión en sus funciones de control. La respuesta institucional fue nombrarlo comandante de una división con 14.000 efectivos a su cargo.
III. La infiltración: el caso Huertas-Mejía y la Fiscalía silente
Ninguno de los escándalos anteriores alcanza la magnitud de lo que Noticias Caracol reveló en noviembre de 2025. La Unidad Investigativa del canal rastreó cientos de archivos incautados en julio de 2024 durante un retén del Ejército en Anorí, Antioquia, donde fueron interceptadas nueve camionetas de la Unidad Nacional de Protección transportando a varios cabecillas de las disidencias, entre ellos Alexander Díaz, alias «Calarcá», máximo líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes. En los más de cien dispositivos electrónicos confiscados —chats, grabaciones, documentos, órdenes de batalla— se trazaba algo que supera la corrupción ordinaria: la infiltración del Estado colombiano por parte de las FARC disidentes.
Los archivos señalaban a dos funcionarios de alto perfil. El primero, el general Juan Miguel Huertas —reintegrado al servicio activo por decreto presidencial en julio de 2025, designado jefe del Comando de Personal del Ejército, la unidad responsable de nombrar, retirar y trasladar a cualquier integrante de la institución—, aparecía en comunicaciones guerrilleras como presunto proveedor de información sensible: coordenadas de operativos, frecuencias radiales. En una carta fechada el 8 de febrero de 2024, cuando Huertas estaba en retiro, un miembro de la estructura de Calarcá describía una reunión con un «general retirado» que les habría propuesto constituir una empresa legal de seguridad privada como fachada para que los guerrilleros pudieran portar armas y desplazarse con permisos oficiales —una fórmula, como señalaron los investigadores, ya empleada en su momento por estructuras paramilitares.
El segundo personaje señalado era Wilmar Mejía, subdirector de Inteligencia de la DNI, descrito por catorce fuentes de Caracol como el verdadero poder en la inteligencia del Estado y hombre de reconocida proximidad al presidente. Según los archivos, Mejía habría operado como puente de comunicación entre la estructura armada ilegal y el estamento estatal, facilitando, entre otras cosas, la movilidad de guerrilleros con orden de captura. La Procuraduría suspendió provisionalmente a ambos funcionarios el 27 de noviembre de 2025 mientras avanzaba la investigación.
Lo que agrava exponencialmente el caso no es únicamente su gravedad intrínseca, sino lo que no se hizo con las pruebas. La Fiscalía tuvo el material en su poder desde julio de 2024. Durante diecisiete meses no abrió una sola línea de investigación formal. Y ordenó la liberación de los cabecillas detenidos en Anorí alegando su condición de «gestores de paz». El expediente durmió mientras las disidencias se consolidaban y expandían. El presidente Petro calificó la investigación de «versiones falsas» destinadas a un «uso político». La Fiscalía guardó silencio.
IV. La inteligencia capturada: Lemus y el «zar del contrabando»
El escándalo de la DNI no se agota en el caso Huertas-Mejía. En abril de 2026, Noticias Caracol reveló grabaciones de reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre Jorge Lemus —entonces director de la DNI, hombre de estrecha confianza del presidente desde tiempos de la Alcaldía de Bogotá y ex militante del M-19— y el abogado de Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo», señalado como el mayor contrabandista del país. En los audios, Lemus habría ofrecido beneficios judiciales —competencia exclusiva de la Fiscalía— con el propósito, según su propia versión, de persuadir al prófugo de regresar a Colombia en el marco de la «paz total». La Fiscalía no fue informada. La Procuraduría abrió investigación formal por presunto abuso de funciones.
En los mismos registros, el abogado de Papá Pitufo advirtió a Lemus que su cliente poseía información comprometedora para el Gobierno y personas cercanas al presidente. El escándalo no era una anécdota: era la certificación de una inteligencia capturada por intereses que nada tienen que ver con la seguridad del Estado.
V. El pacto del Tequendama
En marzo de 2022, durante la campaña presidencial, Gustavo Petro recibió en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá la adhesión pública de aproximadamente 500 reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía, nucleados en la agrupación «Veteranos por Colombia». El entonces candidato presentó el encuentro como un ejercicio de acercamiento a la fuerza pública en torno a su propuesta de «seguridad humana». La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) deslindó a la mayoría de sus integrantes del respaldo expresado.
El llamado «Pacto de Tequendama», que alude a acuerdos subterráneos sobre el control del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), la reconfiguración de la inteligencia nacional y el manejo del músculo logístico castrense, resulta incontrovertible: desde la llegada de Petro al poder, todos los altos oficiales retirados que asistieron al encuentro del tequendama o enviaron sus emisarios, se reinstalaron en altos cargos, y comenzó una profunda renovación de la cúpula militar presentada como modernización institucional, pero percibida por numerosos analistas y sectores castrenses como una nefasta mutación doctrinal: el tránsito desde unas Fuerzas Militares concebidas como garantes de la continuidad estatal hacia estructuras crecientemente permeadas por la lógica política del gobierno de turno.
VI. Anatomía de un sistema
El ministro de Defensa Pedro Sánchez ofreció en agosto de 2025 una cifra presentada como logro anticorrupción: desde el inicio del gobierno, el Grupo de Transparencia había recibido 15.600 denuncias y confirmado 1.145 casos, con 243 policías y 50 militares vinculados a procesos investigativos, junto a veinte exalcaldes, nueve en ejercicio, trece congresistas y dos fiscales. Un gobierno que celebra estas cifras como evidencia de su combate a la corrupción parece no advertir lo que también revelan: la magnitud de la descomposición institucional ocurrida bajo su propia administración.
Hay una diferencia cardinal entre la corrupción como mal endémico —ese que acompaña a las instituciones desde siempre y que cada gobierno hereda— y la corrupción como sistema: aquella que se organiza desde el poder, se protege mediante nombramientos estratégicos y se inmuniza frente a la rendición de cuentas. Lo que los hechos documentados del gobierno Petro sugieren no es lo primero. Es lo segundo.
La historia latinoamericana ofrece sus propios precedentes: desde el PRI mexicano y sus estructuras paralelas de seguridad, hasta la degradación de los servicios de inteligencia venezolanos bajo el chavismo. En todos los casos, el deterioro institucional no inició con una ruptura abierta. Comenzó con zonas grises: nombramientos ambiguos, ascensos cuestionados, pactos informales, operaciones opacas.
Un general reintegrado al Ejército por decreto presidencial que aparece en archivos guerrilleros proponiendo empresas de seguridad para las FARC. Un funcionario de inteligencia —hombre del presidente en la DNI— señalado de facilitar operaciones criminales. Un exdirector de la misma institución investigado por ofrecer beneficios judiciales al principal contrabandista del país. Una Fiscalía que durante año y medio custodió pruebas de presunta infiltración sin investigar. Y un presidente que, ante la evidencia acumulada, habla de golpe blando y uso político.
Colombia no está siendo derrotada por sus enemigos históricos. Está siendo traicionada —esta es la hipótesis que los hechos comienzan a sostener— por quienes juraron defenderla, desde el interior de las mismas instituciones que el país construyó, con sangre y esfuerzo, para sobrevivir a sus propias guerras. Desolador panorama: una nación que no puede confiar en su aparato de inteligencia, en sus generales ni en la independencia de sus fiscales. Una nación que esta siendo erosionada desde dentro.Esta es la primera entrega de una serie de tres columnas sobre la crisis institucional de las Fuerzas Militares y el aparato de inteligencia colombiano.