Ha trascendido, por boca del expresidente Uribe, la existencia de un plan criminal urdido en las propias instalaciones de la Fiscalía colombiana con el que se pretende, en plena campaña política, volver a llevarlo a prisión.
Como se desplomó el montaje de Cepeda por el supuesto soborno a testigos, entonces resolvieron doblar la apuesta. Ahora Uribe será presentado como un criminal de guerra, responsable de participar en unas masacres cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia.
La información que se conoce es francamente preocupante. Según la denuncia del expresidente, «en la fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a usted». En el comité criminal participaron doce funcionarios. Uno de ellos, tuvo la «delicadeza» de apartarse de la decisión, alegando que era mejor encarcelar al expresidente después de las elecciones.
La macabra historia se repite. Hace exactamente ocho años, cuando Álvaro Uribe cargaba en hombros a Iván Duque, Santos se encargó de que un valido suyo, el prevaricador Cesar Augusto Reyes Medina, desde la corte suprema de justicia, ordenara una indagatoria en contra de quien aquella vez como ahora, ejercía como jefe indiscutible de la oposición democrática.
Hay que decirlo con todas sus letras: el uso de la justicia como arma para neutralizar enemigos políticos constituye una de las prácticas más brutales, cínicas y abiertamente estalinistas que conoce la historia contemporánea. No extraña que el principal beneficiario del nuevo complot contra Uribe sea, precisamente, el comunista Iván Cepeda.
Los colombianos están siendo testigos de una asquerosa perversión de la ley, donde se convierten tribunales en instrumentos de venganza, fiscales en comisarios ideológicos y decisiones judiciales en meros decretos de eliminación del adversario.
Cepeda conoce la oscura historia soviética. Para él, resultan naturales y dignos de admiración ese tipo de persecuciones. Seguramente tiene en la retina los tristemente célebres procesos de Moscú, en los que se destruyó públicamente a los «enemigos del pueblo», gentes honorables que resultaron enviadas al gulag bajo cargos fabricados con toda la elasticidad posible. El fin era uno y sólo uno: encerrar a cualquiera que pensara distinto. En este caso concreto, es Uribe, el líder de millones que no se rinden ante el régimen socialcomunista criollo, quien debe ser conducido a la mazmorra.
Petro lo está notificando de manera contundente: el que controla la justicia, controla el miedo. Y él ejerce control férreo de la administración de justicia de Colombia. La fiscalía es un despacho más del Ejecutivo. Desde allí se tapan los crímenes de los propios, y se fabrican procesos contra los del «otro bando».
Lo que está en juego ya no es el destino personal del doctor Álvaro Uribe, sino la supervivencia misma del Estado de derecho en Colombia. Cuando la justicia deja de ser un contrapeso y se convierte en un brazo del poder político, la democracia entra en fase terminal. Hoy es Uribe; mañana será cualquier ciudadano incómodo, cualquier líder opositor, cualquier voz que niegue a arrodillarse. La historia enseña que estos experimentos no se detienen solos; avanzan, se perfeccionan y reclaman nuevas víctimas. Es como una fiera insaciable.
El silencio frente a esta infamia es complicidad. La indiferencia es rendición. Colombia, entonces, debe decidir si tolera que la toga sustituya al fusil terrorista y que la celda reemplace al debate político. Porque cuando la justicia se prostituye para servir a un proyecto ideológico, ya no hay garantías, sino temor; ya no hay leyes, sino órdenes presidenciales; ya no hay República, sino poder absoluto.
Un eventual encarcelamiento del presidente Uribe sería una advertencia mafiosa dirigida a toda la sociedad. Frente a ese posible escenario no hay cabida para la tibieza o resignación.
Cuando la justicia se usa para saldar cuentas políticas, no se encarcela a un hombre: se encadena a toda una nación y se clausura, sin retorno, la libertad.
Publicado: febrero 2 de 2026